Déficit cero: la última oportunidad

Con un gasto público primario (sin intereses) consolidado (Nación más provincias) que en 1991 fue de $ 35.399 millones y que en 2000 llegó a $ 69.908 millones anuales (suba del 97%) y una deuda pública consolidada que a diciembre de 1991 era de $ 64.635 millones y que, a junio de 2001, habría llegado a $156.944 millones, los ahorristas y prestamistas externos e internos han dicho basta. El sector público, que ha venido gastando sistemáticamente por encima de los ingresos que ha recaudado, con una relación deuda pública consolidada / PBI que pasó del 37,5% en diciembre de 1991, a 56.2% en junio de 2001, no puede seguir funcionando de esa manera.

Cavallo es un ministro que no desprecia el ajuste fiscal (estableció un fuerte impuesto a los débitos y créditos en cuenta corriente) aun cuando no lo enfatiza, y tampoco subestima el cierre de las necesidades de financiamiento del Estado (un "extrablindaje" en abril de $ 4263 millones, el "megacanje" de junio que difirió pagos entre 2001 y 2002 por $ 7821 millones), pero sólo hace muy pocas semanas llegó a la conclusión de que su reputación y credibilidad no eran suficientes para evitar un ajuste fiscal más riguroso.

Con este diagnóstico, el ministro Cavallo centró su estrategia en reducir el gasto público en tres frentes: el Anses y el PAMI, el costo de la política, y la transparencia de los planes sociales. El domingo 8 de julio, luego de volver de Europa, ese plan, apoyado primeramente por De la Rúa, fue desechado por Alfonsín y la UCR.

Apremiado por las circunstancias, Cavallo consigue alinear tras de sí al Presidente impulsando una nueva "regla de oro": el déficit cero. Esta regla se instrumentó a través de la modificación del artículo 34 de la ley de administración financiera, que restringe la ejecución del presupuesto (compromisos de gastos) a los recursos efectivamente recaudados en cada período, obligando a reducir las partidas en caso de menor expectativa de recaudación. Para el período agosto-diciembre de 2001, esta regla implica una reducción de gastos de entre $ 1400 millones y $ 1500 millones, que debe aplicarse proporcionalmente a todas las partidas presupuestarias.

Pero esta normativa es jurídicamente endeble y debería estar plasmada explícitamente en el proyecto de ley de presupuesto nacional 2002 para adquirir mayor robustez.

Su inclusión permitiría darle mayor credibilidad al compromiso de aplicación de la regla de déficit cero que en 2002 llevaría a explicitar una baja del gasto público del orden de los $ 4500 millones (déficit previsto en las metas indicativas con el FMI), sólo morigerable con resultados positivos en la lucha contra la evasión fiscal.

La ley de convertibilidad impedía el financiamiento monetario del déficit. La regla de déficit cero implicaría que de ahora en más las necesidades de financiamiento del sector público sólo comprendan las amortizaciones remanentes de deuda pública. Claramente, es una situación extrema, después de una década de vivir gastando a cuenta del aumento de la deuda.

¿Está bien o está mal la "regla de oro" del déficit cero? Sin duda está bien. No existiendo más crédito, sólo se puede seguir gastando de acuerdo con lo que se pueda recaudar. Si De la Rúa hubiera aplicado esta regla al inicio de su mandato, o en el momento de la asunción de Cavallo como ministro, la historia podría haber sido diferente, y hoy la Argentina exhibiría niveles de riesgo más acordes con un escenario de reactivación de su economía.

En lugar de ello, nos debatimos entre un escenario caótico, con default y devaluación, que llevarían a una caída del PBI entre 10 y 15% con notable aumento del desempleo, y un escenario que sólo nos daría la oportunidad de evitar tan dramático desenlace, sin chances ya de evitar un año más de caída de la producción del país.

Las medidas adoptadas por el Gobierno el miércoles 11 están entonces orientadas en la dirección correcta.

Sin embargo, el jueves 12 y el viernes 13 los depósitos y reservas continuaron cayendo (después de una pérdida en los cuatro días anteriores de $ 1358 millones en depósitos y US$ 1722 millones en reservas), el riesgo país superó los 1600 puntos básicos y la tasa del call alcanzó niveles exorbitantes (más de 300% anual). Estos datos estarían reflejando dos grandes dudas: la primera, respecto de la viabilidad política, y la segunda, relacionada con la efectiva implementación operativa de la nueva regla.

Las dudas de viabilidad política están ahora centradas en los términos de las negociaciones que De la Rúa y Cavallo llevan adelante con los sectores de la Alianza más renuentes a prestar su apoyo.

Sin duda que es muy importante alcanzar un consenso político robusto. Pero en la búsqueda de estos consensos no debe desnaturalizarse la esencia de la regla de déficit cero: si en lugar de reducir el gasto público, tal como fue anunciado, sólo se pretende conseguir financiamiento forzoso en las empresas privatizadas, bancos y AFJP (que implican más endeudamiento o anticipo de impuestos que no estarían entonces disponibles en 2002), la desconfianza no cederá.

Aun la correcta implementación de la regla de déficit cero no asegura una salida exitosa a la grave situación que enfrenta el país. Sin embargo, es ésta la última oportunidad para que el Presidente intente torcer el rumbo de los acontecimientos. Si se malograra la puesta en marcha de la regla de déficit cero, versión fiscal de lo que fue en 1991 la ley de convertibilidad, la crisis no dejaría de agudizarse. Este fracaso conduciría a una brutal pérdida de ingresos, que profundizaría la depresión económica, agudizaría la conflictividad social y extendería los niveles de pobreza.

No hay salida milagrosa de esta complicada situación, y no hay margen para ninguna otra equivocación. El Presidente tiene el destino de la Nación en sus manos y si se alinea con el ministro Cavallo (manteniendo a rajatabla la reducción del gasto), todavía la reversión de la situación es posible.

El autor es presidente de la Fundación Gobierno y Sociedad.