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Del debate a la implementación: el Régimen Penal Juvenil y el desafío del “día después”
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La Argentina ya cuenta con una nueva ley de Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil. El Senado la aprobó el 27 de febrero de 2026, consolidando la decisión de fijar la responsabilidad penal desde los 14 años y estructurar un sistema especializado para adolescentes. Con ello, se cierra un ciclo legislativo y se abre el tramo decisivo: el de la implementación.
En el debate público, la edad de imputabilidad volvió a ocupar el centro de la escena. Pero el núcleo del régimen no se concentra únicamente en el número, sino en la respuesta institucional posterior para evitar la reincidencia, recomponer vínculos y reconstruir un proyecto de vida fuera del delito. En la ley, ese enfoque se traduce en herramientas concretas: escolaridad obligatoria coordinada con el sistema educativo, capacitación laboral, participación efectiva de la familia y seguimiento profesional intensivo, mediante entrevistas semanales e informes periódicos.
La nueva ley ordena un conjunto de medidas complementarias orientadas a la resocialización e integración social, que pueden imponerse incluso en salidas alternativas: supervisión interdisciplinaria, continuidad educativa garantizada, formación ciudadana, talleres y capacitación laboral, actividades deportivas y culturales, abordaje de salud mental y adicciones, obligaciones de comparecencia y reglas de conducta específicas.
Esa es la diferencia entre una respuesta meramente punitiva y un régimen penal juvenil moderno: no negar el reproche, pero convertirlo en una oportunidad institucional que termine con la trayectoria delictiva y permita la resocialización.
En esa lógica, una figura a destacar es la del “supervisor especializado”. La previsión de un seguimiento con perfil técnico (educación, pedagogía infantojuvenil, psicología, adicciones y trabajo) y con obligaciones de contacto periódico e informes de evolución es la pieza que permite pasar de la declaración normativa al control efectivo de cumplimiento.
También importan la infraestructura y las condiciones materiales. El régimen busca evitar el fracaso histórico de convertir el encierro juvenil en “escuela de delincuencia”: exige institutos adecuados, personal especializado y separación estricta respecto de adultos, con orientación de la detención hacia educación, formación y resocialización.
Complementariamente, incorpora un mandato expreso de inclusión social a través de actividades deportivas, culturales y recreativas, entendidas como herramientas de socialización y reintegración.
Un punto adicional, muchas veces soslayado, es el lugar de las víctimas. Resocializar no equivale a negar el daño: el régimen incorpora mecanismos restaurativos como mediación penal juvenil y reglas específicas para suspensiones y alternativas, con intervención de las partes, y reconoce derechos de las víctimas, incluyendo asistencia. Esto permite compatibilizar castigo y prevención con responsabilidad y reparación.
Esta reforma se inscribe en un ciclo más amplio de modernización de la política criminal y de reordenamiento del derecho penal argentino, que incluye la discusión y actualización del Código Penal, junto con la progresiva implementación del Código Procesal Penal Federal y herramientas de investigación.
Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, expresidente del tribunal (períodos 2014, 2023 y 2024) y vicepresidente de la Comisión de Reforma del Código Penal 2024; Garay, funcionario de la Cámara Federal de Casación Penal, asesor del proyecto de reforma del Código Penal, magíster en Derecho Penal UTDT
Tipo de trabajo:opinión
