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Democracia bajo fuego
Las elecciones presidenciales de hoy luchan en el cuerpo y en la mente de los colombianos contra las atrocidades de la guerrilla izquierdista, de los paramilitares de derecha y del ejército. Aquí se cuenta, por la propia boca de ideólogos de las FARC, uno de los grupos rebeldes más feroces, el plan que los impulsa: una estrategia de violencia destinada a la creación de una o varias narcorrepúblicas en América latina.
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Bogotá.- "SI las amenazas continúan no me quedará alternativa, tendré que morirme", le dijo cierta vez un periodista colombiano a la voz anónima y telefónica que lo invitaba a no husmear en los negocios sucios de los hombres de Cali. Pero el humor negro e irónico del colega cayó en saco roto; dos veces las balas pegaron contra su auto y una bomba convirtió su casa en una montaña de escombros.
Ese periodista debió emigrar. Pese a todo, fue él quien facilitó los contactos para que el autor de este artículo pudiese ser "secuestrado" por un comando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y para luego conversar con algunos "especialistas" que siguen de cerca el complejo fenómeno que mantiene en vilo a los colombianos y desvela al gobierno de los Estados Unidos: una estrategia de violencia destinada a la creación de una o de varias "repúblicas narcodemocráticas" en América latina, estrategia en la que está comprometida hasta la mismísima guerrilla "zapatista" de Chiapas, en México.
La cita tuvo lugar poco antes de las elecciones que se realizan hoy. Fue al mediodía en uno de los restaurantes más coquetos de Bogotá. Allí estaban "Enrique" y "Magdalena", como si fueran dos acomodados profesionales colombianos que agasajaban a un viejo amigo argentino.
Se comió langosta asada y se bebió cerveza. Luego se ofrecieron para "acompañarte al hotel", y salimos de la ciudad con rumbo desconocido. De repente, "ponte estos lentes", que parecían para sol pero cegaban por completo, y después de otros diez minutos de viaje el coche se detuvo. El paisaje mostraba una lujosa finca de fin de semana, a no más de una hora de la capital, donde esperaba un hombre de unos cuarenta años, de modales educados y hablar culto. Se presentó como un oficial de las FARC dedicado a tareas políticas.
La conversación -"sin fotos ni grabadoras, por favor"- se prolongó durante dos horas y la despedida fue breve. El "dueño de casa" apenas si acompañó a su visitante hasta más allá de la piscina, donde comenzaba un camino de polvo de ladrillos con destino al portal de hierro labrado. Para el regreso ya no figuraba la pareja de atildados "profesionales", sino que al volante iba un hombre de unos treinta años con su "mujer", de edad similar, y ambos con pinta de despreocupados y adinerados paseantes; atrás me acompañaba mi "novia" colombiana, de apariencia similar a la de sus colegas.
El viaje de vuelta a Bogotá fue muy tranquilo, sólo que cuando estábamos acercándonos a un control militar sobre la ruta, y mientras mi "novia" me pedía que la abrazara para crear una atmósfera entre distendida y romántica, noté que mis anfitriones estaban algo preocupados. Después, ella misma se relajó y me dijo: "quédate tranquilo, que ya todo pasó".
La "familia" de la droga
Más que "todo pasó" habría que decir que en Colombia pasa de todo. Si el oficial de las FARC hasta admitió que las organizaciones guerrilleras mantienen sólidos vínculos con los barones de la droga: "Es muy simple, mientras las fuerzas armadas y la policía están entretenidas en la lucha contra los dueños de la cocaína, nosotros ganamos tiempo y espacio para el despliegue político y militar. A veces intercambiamos dinero por armas o protección militar y, no nos engañemos, la economía de este país depende de los ingresos de divisas provenientes del narcotráfico, y en eso están involucrados todos... ¿o usted cree en las versiones oficiales y periodísticas que corrieron a principios de marzo último, cuando se dijo que en la selva de Caquetá los guerrilleros mataron a casi cien efectivos regulares?... Lo cierto es que se trató de enfrentamientos confusos entre dos facciones que se disputan el control de la región, ambas integradas por pistoleros a sueldo de los narcos, por militares del Estado y también por efectivos guerrilleros fuera de control... Allí se mataron por muchos millones de dólares".
Con esta apreciación coincide la organización progresista norteamericana Workers World News Service cuando, en un reciente informe de circulación no demasiado restringida, afirmaba que entre traficantes, guerrilleros, banqueros y hombres de Estado, en Colombia apareció la llamada "narcoburguesía". Se trata de una nueva clase social que controla entre el diez y el veinte por ciento de los setenta mil millones de dólares que integran el producto bruto doméstico de los colombianos.
"Esos cálculos son acertados en lo conceptual, pero yo creo que la droga controla casi el sesenta por ciento de la economía de este país. Si a la banca legal dejasen de ingresar los dólares sucios, Colombia estaría en quiebra", dijo el guerrillero elegante y culto que hace lobby desde una lujosa casa de fin de semana ubicada en las afueras de Bogotá.
Es probable que tenga razón. Al menos ésa es la impresión que se lleva el forastero al enterarse de que, sin demasiados disimulos, en algunos bancos colombianos funcionan las denominadas "ventanillas", oficinas en las cuales se abren cuentas y se hacen operaciones siempre que el metálico consista en billetes norteamericanos pequeños, sin ninguna exigencia fiscal ni contable. "Por las ventanillas pasan y se lavan millones de dólares por día", dijo el anfitrión clandestino con una sonrisa que quería significar "usted me entiende, ¿verdad?".
La "narcodemocracia"
Carlos Ledher es el nombre de un ex narcotraficante que a principios de los 80 terminó con sus huesos en una cárcel de la Florida. Siendo muy joven y estudiante de izquierda en Miami, publicaba una revista en la que vaticinaba que algún día la cocaína tendría un Estado propio, "democrático y progresista", y parece que aquel pronóstico trasnochado puede convertirse en realidad.
En pleno centro de Bogotá, un experto en lucha antinarcóticos de imperfecto español aseguraba a fines de marzo último que la caída de Pablo Escobar, el violento "zar" del hasta entonces poderoso Cartel de Medellín, a principios de los 90, fue el arranque de una lucha en múltiples planos que políticos, hombres de negocios y traficantes están librando para legalizar la producción y la comercialización de narcóticos, con vistas a la creación de una nueva forma de Estado en América latina.
Desde un consorcio nunca registrado, funcionarios gubernamentales, narcotraficantes y empresarios de Cali -la ciudad por donde pasa el 40 por ciento del comercio exterior colombiano hacia Chile, Asia, Perú y California- aportaron al gobierno y a los militares de este país unos dos millones y medio de dólares por mes para ser empleados en la caza de Escobar. Mientras tanto, la CIA y la DEA otorgaban protección legal -por medio del sistema que prevé la Protection Act- a varios jerarcas del Cartel de Cali, a cambio de buena información sobre cómo acabar con el jefe de la banda de Medellín.
Esas operaciones, que fueron reveladas en el Informe Anual 1997 de la organización The Geopolitical Drugs Dispatch, concluyeron con una reunión celebrada por los jefes del Cartel de Cali en Bogotá a comienzos de abril de 1993, en la que se resolvió proponerle al gobierno de Colombia el cese de toda acción violenta y delictiva si los mafiosos dejaban de ser perseguidos por la Justicia, y si podían introducir en los circuitos legales las sumas millonarias en dólares ganadas con las drogas a partir de 1989.
Los narcotraficantes de Cali están dispuestos a perder las fortunas amasadas antes de esa fecha, y la campaña de lobby que lanzaron llegó hasta un seminario realizado un año después en Baltimore, Estados Unidos. En esa oportunidad, varios abogados norteamericanos propusieron con seriedad estudiar un régimen de legalización para el comercio de narcóticos en Colombia. "Ese proyecto aún tiene muchos adeptos entre las figuras más encumbradas del poder político colombiano, y es la causa de la guerra que sacude a este país, conflicto que a los organismos de seguridad norteamericanos les cuesta descifrar", explicó el especialista contactado en Bogotá.
La misma fuente aseguró que "contra ese acuerdo entre parte del establishment político y militar, jerarcas del Cartel de Cali -fundado por los legendarios hermanos Rodríguez Orejuela- y hombres de negocios libres de toda sospecha pronto se levantó una confusa maraña de intereses muchas veces opuestos entre ellos, de funcionarios y oficiales desplazados, de "guerrilleros revolucionarios" que ocupan militarmente una gran parte de las tierras más ricas para la producción de narcóticos y de jefes narcos desplazados después de la caída del Cartel de Medellín. Ese es el nudo del fuego cruzado que hoy vive Colombia, entre los que aspiran a quedarse con el poder en el primer proyecto de país narcodemocrático de la historia, con jueces, Parlamento y todo".
Con él coincide un informe de Michael Brown, del Terrorism Research Center, de los Estados Unidos; pero el escenario podría complicarse aún más si los expertos de otras entidades no gubernamentales, como la Free Global Inteligence y The Geopolitical Drug Dispatch aciertan al asegurar que las FARC y las mafias narcotraficantes de Colombia son las que organizaron, armaron y le dan sustento al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
En este juego también participa el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda formación terrorista de Colombia, que acepta conversaciones de paz con el gobierno sin renunciar a su alianza estratégica con las FARC y los "zapatistas" del subcomandante Marcos, afirman los mismos especialistas.
Aquellas instituciones especializadas sostienen que, según informes de la DEA, el noventa y siete por ciento de las drogas confiscadas en México se produce en el corredor que une Chiapas -una "zona liberada"- con Guatemala. Se trata de una región controlada por guerrilleros "zapatistas" y esbirros del Cartel mexicano de Sinaloa, fundado por el Chapo Guzmán. Actualmente, el cuarenta y tres por ciento de la droga que llega al mercado norteamericano pasa por ese corredor.
Un estudio del Instituto de Relaciones Europeo Latinoamericanas (Irela) asegura que uno de los objetivos político de las alianzas narcoguerrilleras es establecer una situación de ingobernabilidad donde el Estado llega, y de "áreas liberadas" donde éste permanece ausente.
Los traficantes hablan de un programa económico de desarrollo, basado en la acumulación financiera proveniente de las drogas y en una "reforma agraria" que les asegure el control de las superficies productivas, y de una plataforma política y social justa.
Casi los mismos programas que levantan las FARC, el EZLN, el ELN y otras "organizaciones revolucionarias".
Por Víctor Ego Ducrot
La miseria nacida de la violencia
Cartagena de Indias.- No todos los rincones de esta ciudad parecen suficientes para cumplir el sueño de paraíso caribeño que prometen sus postales. Para César Martínez, por ejemplo, Cartagena de Indias es apenas un refugio para escaparle al infierno de la muerte.
César llegó a Cartagena poco después del 7 de abril del año pasado. Ese día, sin previo aviso, los paramilitares acribillaron a las 18 personas que vivían frente a su casa. Pero antes de retirarse dejaron una advertencia: "Volvemos en ocho días". Con el peso de esa amenaza, con su mujer y su hijo de un año a cuestas, César abandonó su hogar y sus cultivos y caminó las tres horas que separan Lapola, en el estado de Magdalena, de ésta, su tierra prometida. Su historia no es única. Hoy, César tiene 27 años y es apenas uno más entre el millón y medio de personas, según cifras no oficiales, que huyen de las interminables matanzas orquestadas por guerrilleros y paramilitares. Uno más también entre los 35.000 que eligieron a Cartagena por su fama de lugar seguro. A todos ellos aquí los llaman "desplazados por la violencia", o simplemente "desplazados", en el resumido lenguaje cotidiano.
Hoy son parte del paisaje. Tanto que sus reclamos o su situación apenas merece un reducido espacio en los diarios. Quizá porque vienen incorporándose a las grandes ciudades desde hace más de diez años, o porque hay incluso quienes se llaman a sí mismos nietos de desplazados. En todo caso, parece que a las autoridades esa bomba de tiempo les estalló en las narices hace demasiado poco: la ley que los define -la 837- y que decidió la creación del Consejo Nacional de los Desplazados, fue redactada en 1997. Y en Cartagena, que ocupa el tercer lugar en el desafortunado ranking de ciudades "invadidas", la oficina que se ocupa de ellos acaba de abrir sus puertas en un destartalado edificio sin identificación oficial.
Frente a la oficina, en la Plaza de los Coches, el sol agobiante de mayo apenas da respiro a los 300 desplazados que tomaron el lugar. Como casi todos, César intenta ampararse bajo la tacaña sombra del monumento al fundador de la ciudad, Pedro de Heredia, mientras espera que por fin hoy le asignen uno de los 50 "mercados" que se entregan por día. Ese "paño tibio", como insiste en llamarlo, consiste no más en media libra de arroz, un zapallo, una bolsa de leche en polvo y una botella de aceite que milagrosamente deberá multiplicar.
No sabe si tendrá suerte. Lleva días andando y desandando los 45 minutos que separan el centro del lugar donde finalmente recaló: Nelson Mandela, el barrio de invasión más grande de Cartagena.
El oro y el barro
Esta ciudad, declarada patrimonio de la humanidad, conserva sus encantos desde 1533: el muro macizo que sirvió de protección contra los ataques corsarios, las iglesias antiguas, la casa impenetrable de Gabriel García Márquez y las playas de aguas tibias siguen seduciendo a miles de turistas colombianos y extranjeros.
Pero el lugar donde César construyó su cambuche -como llaman a sus inestables casas de cartón y tela-, está lejos de esas postales de viajes. Nelson Mandela no figura en ninguno de los mapas que reparten las oficinas de turismo y no hay ningún taxista que se anime a llegar a esas tierras altas.
"Ese es, proporcionalmente, el cordón de miseria más grande de toda América latina", explica Gustavo Balanta Castilla, responsable ante los medios de la Comisión Facilitadora de Paz de Colombia. "Allí no hay electricidad, no hay agua potable, no hay gas. En Nelson Mandela no hay nada", define el hombre sin exagerar.
Balanta Castilla viene trabajando con los desplazados desde hace tres años, cuando el fenómeno tomó verdadero cuerpo en Cartagena. "Al principio había muy pocos, pero hoy llegan diez familias por día", calcula a ojo rápido.
Desde que se abrió la oficina de atención al desplazado, Balanta Castilla colabora con Mercedes Maturana, titular del organismo. Ambos establecieron un precario sistema de censo para registrar no sólo la cantidad de habitantes del Mandela, sino también las necesidades básicas. Los resultados no parecen alentadores: hace días, cientos de desplazados esperan frente a la oficina para recibir mercados, carpas que los protejan de los aguaceros de la época y órdenes para atención médica.
Habitantes silenciosos
Para llegar a Nelson Mandela, en la parte sudoeste de la ciudad, hay que tomarse primero uno de esos colectivos atiborrados de gente que recorren Cartagena y trepar a pie, después, varios metros más.
El Mandela, como lo abrevian, comienza en la cima de un cerro y desciende, populoso, hasta el pie. Las primeras casas son de material, pero a medida que la ladera baja las viviendas se vuelven más precarias, como un reflejo escalonado de los distintos tiempos de llegada al barrio. Los primeros invasores lograron hacerse de ladrillos y hasta exhiben algún lavarropas en la puerta principal. Los segundos consiguieron plástico y tachuelas para construir sus casas. Los terceros clavaron maderas. Y los últimos, al pie del cerro, apenas levantaron cuatro palos y los cubrieron de una lona negra que compraron a los recicladores de basura por 2500 pesos (1,9 dólar), un precio demasiado alto para sus bolsillos vacíos.
César es de esos últimos. Desde hace un año vive en Las Vegas, uno de los 28 sectores, con sus 500 familias, en que está dividido el lugar. Como casi todos sus vecinos, izó una bandera blanca con la palabra paz escrita en mayúsculas. Como casi todos también, pegó el afiche del candidato presidencial oficialista, Horacio Serpa, en las paredes de lona.
Aunque los censos hablan de 35.000 habitantes, un silencio de desierto cubre todo el barrio. Sólo la voz enardecida de César quiebra la monotonía del paisaje: "Nosotros no somos violentos. El gobierno cree que somos sicarios porque tomamos la tierra y la gente cree que somos guerrilleros porque escapamos de las matanzas. Pero nosotros somos campesinos, nada más. Y con todo ese campo deshabitado ahí enfrente no podemos trabajar. No quiero que me den el mercado. Yo quiero que me dejen trabajar la tierra, que es lo único que sé hacer".
En el barrio no hay lugar para cultivos. Los cambuches, puestos uno junto al otro, apenas tienen espacio para un alambre de púa alrededor. Tampoco hay demasiado lugar para las preguntas personales. Como una ley no escrita pero que se respeta a raja tabla, nadie indaga sobre el pasado y pocos contestan sobre lo que ocurrió antes de llegar. "Vine de Chocó, por la violencia", "Vengo de Bolívar, por las muertes", son las máximas precisiones que arriesgan.
Y poco más. El futuro apenas se le presenta a César como algo que "no va a cambiar". Más allá de las elecciones de hoy. "Nosotros somos desplazados, esto no va a cambiar."
