Después de los saqueos

Bariloche, Campana, Rosario, Viedma, Grand Bourg, San Fernando, Resistencia, Concepción del Uruguay. Topónimos de una geografía familiar que en vísperas de esta Navidad han hecho recordar a muchos argentinos aquella frase pronunciada por Raúl Alfonsín en la Semana Santa de 1987: "Pareciera que en el tiempo histórico ha habido un segundo en el que el pasado nos ha alcanzado".

Las cuatro muertes acaecidas hasta el momento en que escribo estas páginas como consecuencia de los sucesos rosarinos fueron desgranándose como sucesos policiales, sustraídos del debate público. En las cúpulas oficiales, partidarias y sindicales, un vendaval de acusaciones cruzadas y judicializaciones varias obturó cualquier reflexión sobre lo sucedido para intentar identificar operaciones en curso, de inconfesables intenciones. Mientras tanto, el prolongado silencio de la máxima autoridad del Estado sobre estos hechos evade asumir la magnitud que esta violencia, la de las privaciones y la de los saqueos en sí mismos, supone para la vida en común.

Ciertamente, ni la situación social es equiparable a la vivida en 2001 o aun en 1989 ni los hechos alcanzaron las dimensiones de otrora. El debate alrededor de supuestas maniobras políticas que inspiraron los acontecimientos de la semana pasada se ha sustentado hasta ahora en la filiación de algunos de los señalados como involucrados (aunque no necesariamente integren la lista de detenidos), en los mensajes de texto encontrados por la investigación judicial y en la evidencia de la presencia de cierta infraestructura organizada detrás de los saqueos en grandes superficies comerciales. Ello contrasta con las declaraciones de pequeños supermercadistas que afirmaron que fueron atacados por sus habituales clientes. La disyuntiva entre atribuir a la espontaneidad o a la organización premeditada episodios de este tipo suele ocultar que, en verdad, tanto la semana pasada como en 2001 y 1989 asistimos a fenómenos complejos y disímiles, con diferentes escalas y motivaciones, en los que distintos niveles de organización y espontaneidad suelen hibridarse.

Lo que soslayan las lecturas conspirativas es patente: difícilmente el anuncio intencionado por parte de un dirigente social de que un supermercado repartiría gratuitamente bolsones de alimentos pudiera derivar en un saqueo en las calles de la satisfecha Estocolmo. Tampoco había sucedido ningún acontecimiento excepcional como el gigantesco apagón que cubrió la zona central de Chile en septiembre de 2011 y que dio lugar a un inusual ataque a comercios en el país trasandino. Ni en la Argentina de 2001 todos los involucrados sustrajeron sólo alimentos -aún tenemos fresca la imagen de un joven perseguido por la policía con una tira de asado en sus manos, aunque recordamos también la sustracción de electrodomésticos de diverso porte- ni en 2012 se limitaron a llevarse plasmas (un bien que por cierto no está disponible en pequeños supermercados chinos que también fueron objeto de desmanes). El plasma es todo un símbolo del boom del consumo de los años kirchneristas, y si, por una parte, puede revenderse, por otra no es extraño que ese electrodoméstico haya tenido un papel emblemático para los convidados de piedra en aquella fiesta reciente. Estar incluido es también poder disfrutar de una serie de bienes que repetidamente el Estado caracteriza como accesibles para todos.

Quienes sólo enfatizan ciertas características de espontaneidad de los sucesos recientes ocultan voluntaria o involuntariamente otro aspecto que también debe ser tenido en cuenta en el balance de lo sucedido y que puede marcar peligrosamente nuestro futuro inmediato. 2013 es un año de elecciones legislativas, y luego del verano comenzarán a definirse las distintas candidaturas para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Debilitados por ahora los sueños reeleccionistas, la definición de esas listas será -en el caso del peronismo, la fuerza política de mayor densidad e implantación territorial del país- el producto de una dura pugna por venir. Los actores de esa confrontación en ciernes son, por una parte, un oficialismo que, en caso de hundirse definitivamente su intento de reforma constitucional, apuntará a condicionar el rumbo del gobierno que asumirá en 2015 (recordemos que los diputados elegidos en el año que se inicia permanecerán en sus cargos hasta 2017, mientras que los senadores lo harán hasta 2019) y, por otra, quienes desde los márgenes del poder o desde el peronismo no oficialista buscan salvaguardar el dominio de sus territorios y su capacidad de decisión en un próximo gobierno del que aspiran a participar. Con una oposición no peronista en serias dificultades para convertirse en alternativa de gobierno, evitar una definición de candidaturas de tipo imperial, como la llevada a cabo por la Casa Rosada en 2011, aparece para muchos dirigentes como una prioridad. En este sentido, la dosificada violencia a la que hemos asistido en las últimas horas tiene también sus beneficiarios políticos: no son otros que aquellos que, jugando con fuego, apuntan a facilitar una transición a su medida esmerilando el poder presidencial en el corazón mismo de su relato de reparación social y con objeto de menguar su capacidad de decisión y negociación. El probable horizonte de una sucesión particular y en algunos aspectos inédita -más similar a la que tuvo lugar en 1922, cuando Yrigoyen entregó el mando a Alvear, que a las registradas en 1928, 1973 y 2007- también entre mandatarios del mismo signo político podrá depararnos algunas sorpresas.

Algunas razones de más larga data contribuyen a comprender el cuadro en el que estos lamentables sucesos se han precipitado. En primer lugar, el lento cambio en la coalición oficialista que se ha acelerado a un nivel vertiginoso desde octubre de 2011. Ya poco queda de aquel tan formidable como polémico movimiento que reunía a Moyano y Yasky, a Jorge Rivas y Urtubey, a Righi e Insfrán. El compromiso y la construcción de alianzas han dejado paso a una retirada sectaria en la que sólo suelen prosperar convencidos e incondicionales. Lo que se gana en intensidad se pierde en representatividad organizada. Mientras tanto, no pocos desplazados intentan retornar a los codazos a una mesa de la que fueron expulsados bajo el lema de "Vamos por todo". El kirchnerismo es, ciertamente, muy distinto del primer peronismo al punto de que no puede reconocerse en sus moldes, pero comparte con aquél el lamentable desliz de haberse replegado hacia un mayor sectarismo en el momento de su mejor desempeño electoral.

El segundo orden de razones es más estructural y hace a las condiciones que posibilitan sucesos como los recientemente vividos. Pese al aumento del empleo hasta hace casi un año, pese al papel reparador de iniciativas como la asignación universal por hijo y pese a que 2012 es muy distinto a 2001, amplias porciones de la población siguen condenadas a una subsistencia marginal luego de un período de nueve años en el que, con la excepción de 2009, el crecimiento fue a tasas chinas. Esta situación se ha agravado en los últimos meses por efectos colaterales de algunas medidas que afectaron a sectores muy sensibles en la generación de empleo, como la construcción, y por la reducción que la inflación impone sobre asignaciones y planes sociales. Necio sería no reconocer las mejoras que la situación social general ha experimentado en la última década, pero necio también es desconocer las profundas desigualdades y ritmos que ese proceso ha tenido en los distintos sectores sociales. Lejos del relato de epopeyas radicales que magnifican y pretenden homogeneizar una realidad mucho más modesta y diversa que la postulada, cuando las dificultades económicas ya son una realidad, debemos tener presente que nos encontramos menos distantes de aquel infierno pretérito de lo que creímos. Tal vez el signo de mayor madurez que puede demandarse a una dirigencia es tomar conciencia de que el pasado no nos ha alcanzado, aunque, menos visible que ayer, siempre ha estado allí, con sus penurias y sus restricciones. La última semana nos los recuerda.

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