Educación: la situación es para llorar

“Igualdad no es hablar con X, igualdad es que los chicos tengan clases todo el año. Y que los de las escuelas estatales tengan los mismos días que los de las privadas”, dijo Guillermo Sierra en una reunión en el Consejo Escolar de Bahía Blanca. Los otros padres presentes comenzaron a aplaudirlo. “No, no, no es para aplaudir, es para llorar”, sentenció este padre que trabaja de fletero, que hizo un alto en su jornada laboral para exigir respuestas ante las reiteradas faltas de días de clase que castiga a sus hijos.

Lo destacado de esta situación es que Sierra no es un especialista en educación o un funcionario, tampoco es un candidato que busca votos intentando ser vocero representativo de un problema social, es solo un padre que resumió mejor que nadie la tragedia permanente y constante en nuestro país que aflige a millones de familias: la falta de días y horas de clases que castiga directamente la calidad educativa que reciben nuestros hijos.

Según un seguimiento de la Coalición por la Educación este año todas las provincias, a excepción de San Luis y Mendoza, perdieron días de clase. Al 30 de junio pasado lideraba este triste ranking la provincia de Santa Cruz, con 59 días de clases perdidos (sumados los 4 días anunciados de paro para esta semana) un 70% de los días planificados perdidos sólo en cuatro meses de ciclo lectivo. Otras provincias no están mejor: Salta perdió 36 días, La Rioja y Misiones llevan 29 días de clase perdidos, Río Negro 26, Neuquén 26, Chubut y Chaco 25. Está el caso de Jujuy, que venía muy bien, sin días perdidos, pero entró en conflicto el 12 de junio producto de la protesta que paralizó gran parte de la provincia. En CABA se perdieron 9 días -allí las autoridades decidieron premiar a los docentes que no faltaron con hasta $60.000, que se recaudarán de lo descontado a los que adhirieron a los paros-, y en Córdoba 5. En ambos distritos los paros no tuvieron alta convocatoria, pero sí afectaron a algunas escuelas. En la provincia de Buenos Aíres se llevan perdidos 18 días, pero hay escuelas puntuales donde por problemas de infraestructura, jornadas especiales o, también, por conflictos ajenos con gremios al sector educativo, como lo planteado por ATE, hace que esos 19 días terminen siendo engañosos. Muchas familias son testigos de esa realidad.

En Santa Cruz es una situación reiterada, durante los años 2015 y 2017 se perdieron casi 200 días de clase, luego de dos años con paros alternados y ya durante la pandemia, se cerraron las escuelas otros dos años, prácticamente un alumno que comenzó la secundaria en 2016 se recibió en 2021 concurriendo menos de la mitad de los días que correspondían a la escuela. De todos modos, el oficialismo ganó las elecciones y se sostiene en el poder.

Es hasta entendible, por la penosa situación económica, que la educación no sea un tema prioritario en la conversación social, tampoco es una demanda general, la gente tiene que atender otras prioridades, la inflación, la caída del poder adquisitivo, la inseguridad, que cuesta vidas todos los días. Poco se puede esperar en materia educativa de un gobierno que abusó de su poder durante la pandemia y cerró las escuelas más tiempo del necesario: desde el principio, el lugar que el gobierno de Alberto Fernández le dio a la educación no fue prioritario. El propio Presidente decía en marzo de 2020: “Las clases pueden esperar. Si algo que no me urge es el inicio de clases. Después vemos cómo compensamos esos días. Eso puede esperar. Nadie sufrió por recibirse un año antes o un año después. Tampoco van a sufrir por terminar un mes antes o un mes después el colegio”, afirmaba. Fue uno de los pocos anuncios que cumplió Alberto Fernández en lo que va de su mandato: las clases fueron lo último en volver. También una demostración del lugar de importancia que tiene la educación en este gobierno. Cómo olvidar que el Inadi de Victoria Donda creó una línea telefónica para recibir denuncias de padres que podían verse presionados para enviar a la escuela a sus hijos en CABA, que había ganado en la Corte Suprema de Justicia la potestad de abrir las escuelas. Imposible observar algún rasgo de discriminación en eso. Hoy, Donda es premiada como candidata al Mercosur en la lista que encabeza el ministro Sergio Massa, que durante todo este tiempo no dijo nada sobre el problema de la pérdida de días de clase, mientras reciben el apoyo de los principales gremios docentes del país.

Este año hay elecciones, y la educación como tema de debate debería estar presente. Los candidatos tienen algo a favor, a diferencia de otros temas que necesitan de una nueva regulación de leyes que permitan el desarrollo o para liberar obstáculos para desarrollar un programa económico, como una reforma laboral, una nueva política previsional y varios ítems relacionados con la crisis económica. La buena noticia es que en educación hay normas vigentes, que solo necesitan ser aplicadas, solo eso. Comenzando con la Ley 25864, sancionada hace dos décadas, que garantizaba 180 días de clases a todos los alumnos del país, y desde su aprobación nunca se cumplió. Para colmo, casi el 90% de las escuelas primarias argentinas es de jornada simple. Comparado con países de la región, nuestro país dicta pocas horas de clases al año porque, salvo en CABA, en el resto de los distritos casi no hay escuelas de jornada completa. Cumpliendo la ley, en el mejor de los casos, se dictarían entre 720 y 750 horas de clase al año en primaria contra las 1800 que se dictan en Chile. Esto lo solucionaba la Ley de Financiamiento Educativo, que se proponía que en 2010 el 30% de las escuelas debían ser de jornada completa, que tampoco se cumplió, como tampoco el financiamiento integral que la norma dictaba. En un trabajo realizado para “Argentinos por la Educación”, dirigido por el especialista Mariano Narodowski, quedó demostrado que la deuda que tiene el estado con el sistema educativo por no cumplir con la Ley sancionada en 2005 alcanzaría los 26 mil millones de dólares. Más de la mitad de la deuda que contrajo el país con el FMI.

Todo esto redunda en resultados alarmantes: chicos que terminan el primer ciclo de la primaria sin saber leer, alumnos que terminan la secundaria sin comprensión lectora, caída en las pruebas de evaluación nacionales e internacionales. En las pruebas PISA, diseñadas por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) participan casi 80 países de todos los continentes, incluso de América Latina, donde la Argentina pasó de liderar la región en el año 2000 a quedar relegada detrás de Chile, Uruguay, Brasil, México, Costa Rica y Colombia y casi emparejada con Perú, cuando 21 años atrás estábamos por encima de todos ellos. Y eso se vio en cada uno de los test realizados en 2000, 2006, 2009, 2012 y 2018. También en las pruebas del LLECE, una evaluación latinoamericana diseñada para alumnos de primaria de escuelas de la región, la Argentina demostró o un retroceso o la falta de avances desde 1996, cuando comenzaron a tomarse en distintas modalidades (PERCE, SERCE, TERCE) mucho más si se tienen en cuenta los progresos de otros países vecinos, como Chile y Uruguay y un poco más lejos, Costa Rica y Cuba, que solía liderar la región cuando participó.

En las universidades sí hay una necesidad de dar un debate sobre como regular un servicio educativo que supo ser modelo. La Ley de Educación Superior actual rige desde 1995. Mucho cambió el mapa universitario en casi tres décadas, hay más universidades y la oferta se atomizó, para muchos de mal modo, pero es una realidad que necesita ser abordada, y la ley que tutela la vida universitaria de nuestro país fue sancionada cuando no había internet, al menos de modo masivo. Una herramienta que cambió la comunicación y, obviamente, la educación en todos los niveles en todo el mundo, pero que parece que aquí no nos dimos cuenta y sostenemos una norma “analógica” para los tiempos que corren que son tan dinámicos.

Todo esto está sobre la mesa, el problema existe, es tangible, vivimos una verdadera tragedia educativa, donde hay políticos que no se interesan en el tema, o plantean propuestas absolutamente inviables, como financiar con vouchers la educación o en el afán de medir fuerzas con competidores internos señalan datos absolutamente erróneos, y están los gremios docentes que manejan los sistemas educativos como si fueran trincheras políticas y actúan de acuerdo a color del gobierno al que enfrentan. Pero principalmente la educación pasó a ser un enunciado de buenas intenciones declaradas en leyes que tuvieron el consenso necesario para hacerlas políticas de estado, pero que nunca se aplicaron.

Hoy necesitamos que exista demanda social alrededor de la educación como la hay en inseguridad, por ejemplo, que la gente se preocupe, proteste, exija, como hicieron los Padres Organizados durante la pandemia, necesitamos que las familias tengan voz y voto en el debate educativo, que no sea solo una charla binaria entre estado y gremios.

Todos aquellos que tienen algún tipo de responsabilidad en la gestión educativa, en el trabajo legislativo, en la militancia gremial, deberían escuchar una y otra vez a Guillermo Sierra, el padre de Bahía Blanca con dos hijos escolarizados, cuando dijo hace unos días lo más sensato y apropiado sobre la situación de la educación argentina: “es para llorar”.