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Educación: normas que nunca se cumplieron y un Presidente ausente
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PARA LA NACIONDaniel Santa Cruz
¿En qué se parecen las leyes de Educación Nacional 26.206, la Ley de Educación Provincial 13688, la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo, la Ley de Educación Superior 24.521 actualizada en 2006, la Ley 14.637 del Régimen de Inasistencia para Alumnas Embarazadas, la Ley 26.150 para el Programa Nacional de Educación Integral, la Ley de Educación Técnica 26.058, la Ley 25.864 que garantiza los 180 días de clases, entre otras normas destinadas al sector? La respuesta es simple: ninguna se cumple.
Todas juntas, reunidas en un mismo párrafo, parecen un conjunto de disposiciones administrativas y burocráticas que seguro pocos conocen en profundidad. ¿Para qué sirve la comparación? Para darse cuenta que el problema de la educación argentina es grave y que sus soluciones no están atadas a normas y disposiciones administrativas que resultan inconducentes, porque al no aplicarse y no recibir penas por no hacerlo, terminan siendo tinta fría sobre papel. De hecho, si hiciéramos esa comparación con todas las leyes educativas destinadas a educación básica y terciaria de cada provincia arribaríamos al mismo resultado: no cumplen sus objetivos, incluso muchas se superponen y modifican objetivos.
A manera de ejemplo: la Ley 25.864, sancionada hace dos décadas, que garantizaba 180 días de clases a todos los alumnos del país, desde su aprobación nunca se cumplió. Para colmo, casi el 90% de las escuelas primarias argentinas es de jornada simple. Comparado con países de la región, nuestro país dicta pocas horas de clases al año porque, salvo en CABA, en el resto de los distritos casi no hay escuelas de jornada completa. Cumpliendo la ley, en el mejor de los casos, se dictarían entre 720 y 750 horas de clase al año en primaria, contra las 1800 que se dictan en Chile. Supuestamente esto lo solucionaba la Ley de Financiamiento Educativo, que se proponía que para 2010 el 30% de las escuelas debían ser de jornada completa, pero tampoco se cumplió, ni siquiera la mitad de ese objetivo ahora en 2025, como tampoco el financiamiento integral que dictaba la norma. Y, lo que agrava todo, hoy, en lugar de aplicarla, la solución que encontró el gobierno libertario fue suspenderla, ni siquiera intentó ejecutarla a medias, borrando de un plumazo su responsabilidad en el tema. Por supuesto que todo esto redunda en profundizar los resultados alarmantes que hoy tenemos: chicos que terminan el primer ciclo de la primaria sin saber leer o alumnos que terminan la secundaria sin comprensión lectora, todo demostrado en la caída en los resultados de las pruebas de evaluación de aprendizajes nacionales e internacionales.
Todas las normas mencionadas tienen objetivos nobles y contenidos al que cualquier padre aspiraría para formular la escuela, y por ende, la educación de sus hijos. Pero nos quedamos en los enunciados, al punto donde ni siquiera podemos garantizar un mínimo de horas de clases a todos los chicos del país o la obligatoriedad del nivel medio, que estamos bastante lejos de alcanzar. Como respuesta al problema educativo de parte del oficialismo ya no hay Fondo Nacional de Incentivo Docente, tampoco Fondo Nacional de Garantía Salarial y desaparece de a poco el origen “nacional” del financiamiento educativo. Lo vemos al repasar que hay partidas que se evaporan en un 100% en la ejecución presupuestaria del año pasado, como el mejoramiento de la calidad educativa; Conectar Igualdad, fortalecimiento territorial y todo tipo de transferencias a las provincias. Y, en un país que tiene como obligatorio escolarizar a los chicos a partir de los 4 años, presentó una merma del 70% en Educación Inicial. Hay otros ítems que bajaron entre un 30 y un 75%, todos importantes. Este año se está repitiendo el escenario.
En las universidades sí hay necesidad de dar un debate sobre como regular un servicio educativo que supo ser modelo, porque la universidad pública está en una grave crisis y es una realidad que debe ser abordada. Pero parece que son vistas como el “enemigo del pueblo”, porque la solución libertaria es simplemente desfinanciarlas. Y esto sucede desde un principio. En el fallido Proyecto de Presupuesto 2025, que nunca se sancionó, se contemplaba otorgar un tercio de lo que el Consejo Interuniversitario Nacional solicitó para cumplir con los salarios y gastos de financiamiento eso hace que las casas de altos estudios vivan en permanente conflicto con el gobierno. Acá no hay responsabilidad compartida con las provincias porque el sistema universitario es responsabilidad absoluta del gobierno nacional, pero la solución al parecer ha sido desentenderse del problema. Lo dice la ley, aunque, como vemos, eso poco importa.
Todo esto está sobre la mesa. El problema existe, es tangible. Vivimos una verdadera tragedia educativa, donde hay un gobierno que no se interesa en el tema -mucho más que otros que tampoco lo hicieron bien- o plantea propuestas absolutamente inviables, como financiar con vouchers la educación, sin dejar de señalar que del otro lado de la mesa están los gremios docentes que manejan los sistemas educativos como si fueran trincheras políticas y actúan de acuerdo al color del gobierno al que enfrentan. Un problema sin solución que, para colmo, al presidente Milei parece no interesarle. Veamos, nunca habla de educación, el año pasado incorporó a regañadientes un compromiso por la educación en el fallido “Pacto de Mayo” que no dictó una mínima acción en consecuencia. Su gobierno solo emite vouchers- en realidad son subsidios- a las familias para ayudarlas a pagar la matrícula de sus hijos en escuelas privadas menos costosas, que se convierten en la única actividad privada con fines de lucro, más allá de la función educadora que realizan, donde el estado subsidia la oferta -con subsidios de los distritos a las escuelas- y ahora también a la demanda, con esta ayuda a las familias. Pero principalmente la política educativa pasó a ser un enunciado de buenas intenciones declaradas en leyes que tuvieron el consenso necesario para transformarlas en políticas de estado, pero que nunca terminan de aplicarse.
El último ejemplo fue el año pasado, el oficialismo y sus aliados declararon a la Educación como “servicio esencial”. Dos meses después presentaron un presupuesto donde prácticamente la desfinancian y les trasladan toda la responsabilidad a las provincias (¿cómo? ¿no era esencial?). ¿O solo se trataba de una ley para restringir el derecho constitucional a la protesta que tienen los maestros? Otra norma destinada al fracaso, porque para defender la esencialidad de un servicio primero hay que cumplir con la responsabilidad que le cabe al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales, en este caso, priorizar su inversión cumpliendo con la palabra tomada en la firma del Pacto de Mayo.
Llevamos más de tres décadas de retroceso en la calidad educativa y, en el mejor de los casos, de un estancamiento alarmante. Basta ver cómo, con poco y muy despacio, los países vecinos lograron salir de los lugares más rezagados y mejorar su educación. La historia reciente muestra solo fracasos y el gobierno actual está naufragando en este tema. Y lo que es peor, lo hace demostrando su escaso interés por la educación, con el destrato y el desfinanciamiento que le otorga a la universidad pública, a la ciencia y la tecnología, a la investigación. Y con la decisión de desentenderse, aun contra lo que indican las normas educativas vigentes, de las decisiones y el financiamiento de la educación desde el estado nacional. Pero basta ver sus gestos: desde que asumió al Presidente solo se lo vio en una escuela, privada, la misma en la que cursaron sus estudios con su hermana Karina, y no visitó una escuela pública. También escuchar sus palabras: “la educación pública ha hecho mucho daño lavando el cerebro de la gente”.
Con este desinterés manifiesto del poder de turno, si se siguen apilando normas incumplibles que solo acumulan papel en los archivos, no se buscan objetivos concretos y la educación continúa siendo el sector preferido donde pasar la “motosierra”, el resultado está a la vista y no hace falta ninguna ley ni evaluación anticipada para conocer el resultado: en pocos años vamos a estar peor. Tan mal que nos va a costar reconocernos en nuestra propia historia.
