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Educación sexual integral: enseñar sin ideologizar

Resulta inadmisible anular a los padres en la formación de sus hijos y quitara la comunidad escolar el derecho de instruir según sus propias convicciones
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18 de noviembre de 2018  

Mediante un mensaje de audio viralizado por WhatsApp, una mujer alerta sobre la posible pérdida de la patria potestad sobre la educación de los hijos, de llegar a aprobarse la reforma a la ley que creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), en 2006. Tal modificación apunta, entre otras cosas, a quitar el artículo que actualmente permite a cada escuela adaptar las propuestas de la ESI "a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros".

"Con mis hijos no te metas" es la consigna que suscriben los grupos que consideran que detrás de esa modificación se esconde el propósito de enseñarles a los chicos de los tres niveles de escolaridad, tanto públicos como privados del país, que los géneros son resultado de una construcción social.

En las redes sociales circula también un video en el que un sacerdote afirma que no se permitirá "que adoctrinen a los niños haciendo proselitismo con ellos en una ideología que es contraria a la familia", mientras en otra grabación, protagonizada por un escritor, se critica que el objetivo final del cambio no sea educar sexualmente -porque no se toman bases científicas-, sino imponer una doctrina moral en la sexualidad.

Por medio de un comunicado, la Academia Nacional de Educación se sumó a esos reparos al decir que las leyes vigentes relacionadas con la educación sexual integral "constituyen instrumentos legales aptos y suficientes para abordar la problemática que abordan" y que los proyectos legislativos en discusión "resultan improcedentes y afectan la libertad de enseñanza, así como los derechos propios de las familias y de las instituciones educativas contemplados en la legislación vigente".

La pelea entre los defensores de la ley actual y de quienes propician cambiarla entró en una impasse. El Gobierno decidió por ahora no avanzar con la reforma de la ESI. El ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, dijo que la norma no necesita ser modificada, sino terminar su implementación efectiva en todo el territorio nacional.

Es decir, hay una ley sobre educación sexual que no se termina de cumplir, pero que se quiere cambiar, y ello ocurre tras el fallido intento de que el Congreso sancionara la ley de aborto legal. La mayoría de los grupos que alentaban la interrupción del embarazo sin consecuencias legales para las gestantes son los que promueven ahora el cambio en la ESI, entendiendo que los sectores provida no deberían oponerse a que se profundice la enseñanza de educación sexual en las escuelas. Lo cierto es que no se oponen a eso, sino a que les quiten a padres e instituciones el derecho consagrado de educar siguiendo determinados valores y creencias y que, en su lugar, se les impongan ideologías ajenas a sus convicciones.

Resulta lamentable que se esté usando un tema tan delicado para medir fuerzas en un debate forzado y provocador, bajo el paraguas de una reforma que, en este caso específico, no puede siquiera justificar las contradicciones que plantea. Por ejemplo, un proyecto bonaerense exige un abordaje "crítico de toda perspectiva religiosa, oscurantista, opresora, discriminatoria y coercitiva". Busca imponer, a cambio, una visión laicista y científica "obligatoria". Y excluyente, a juzgar por los adjetivos elegidos para desacreditar a los sectores de la sociedad que no piensan igual.

Otra de las iniciativas en debate en el Congreso Nacional dispone que la aplicación de los contenidos de la ESI deberá tomar especialmente en cuenta la diversidad e identidad de los pueblos originarios. Vale preguntarse aquí por qué debería considerarse la identidad y diversidad de unos grupos en detrimento de la de otros como los confesionales. Se alude a la diversidad, pero en rigor se la acota o se elige qué diversidad considerar y cuál no.

Como hemos dicho desde estas columnas, que las normas dejen de lado principios discriminatorios no implica obligar a todos a converger en postulados reñidos con las propias convicciones. Los denominados "nuevos colectivos" no pueden imponerse violentando a miembros de la misma sociedad que no los comparten como modelos para sus hijos. Por no discriminar se terminaría discriminando.

Ciertamente, este debate no es solo privativo de nuestro país. La ideología de género es una doctrina considerada dogmática por muchos especialistas, sin fundamento científico, que pretende ser impuesta por medio de proselitismos agresivos, de activismos que no reconocen los derechos de los otros a pensar diferente.

Cuando se sancionó la ESI, hace ya 12 años, se pensó en una aplicación obligatoria pero progresiva de sus enunciados. De los 24 distritos del país, solo cuatro adhirieron a ella, mientras que otros seis sancionaron sus propias normas. Ha habido, en todo caso, una descoordinación sobre un texto que había conseguido amplio acuerdo. Ha faltado voluntad o interés, pero no el instrumento legal para trabajar en profundidad en una de las graves consecuencias de la falta de información: los embarazos no deseados.

Para que queden consagrados los derechos de todos no es necesario en este caso sancionar una nueva norma.

El problema pasa por querer imponer una única mirada. En este caso, la de la perspectiva de género, a la que, con acierto, muchos denominan "ideología", pues intenta reducir la sexualidad a una construcción cultural, sin que los padres ni las instituciones puedan tener ni voz ni voto en la educación sexual de los menores de edad que de ellos dependen.

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