Educando a Javier Milei

Javier Milei tuvo con la marcha de los universitarios la primera muestra concreta de rechazo a su política de ajuste en la educación pública. La masividad le dio a la movilización una característica inesperada. Pasó a ser, por ahora, el único ejemplo tangible del 49 por ciento que no adhiere a ese programa. Por oposición, este hecho vuelve una expresión abstracta al 51 por ciento que simpatizaría con esa propuesta. La división de opiniones a favor y en contra del Presidente en porciones casi simétricas fue confirmada por el sondeo que Santiago Caputo realizó para el Gobierno en la primera semana de abril. Probablemente, el dato que mejor explique la reacción del oficialismo a través de sus voceros más radicalizados a la experiencia traumática de una derrota en la calle, un ámbito sinuoso e inasible pero con la propiedad aparente de legitimar el consenso del que podría gozar una gestión si se dispone de la habilidad para regular su comportamiento. La manifestación puso en duda la capacidad del gobierno para mantener bajo control esa variable. Milei aprovechó la cena de la Fundación Libertad para denunciar un intento de la oposición por desestabilizarlo.

Caputo, autor de esa narrativa que combina dosis de triunfalismo y obcecación, es sindicado por los rectores como el único canal de diálogo con el gobierno que permaneció abierto antes y después de la marcha. Lo curioso es que además de un asesor influyente, Caputo sea el mentor de Alejandro “El galleguito” Álvarez. El subsecretario de Políticas Universitarias es acusado por las universidades de sabotear las negociaciones para reajustar presupuestos. Álvarez será suplantado en ese rol por el secretario de Educación, Eduardo Torrendell.

Álvarez habría amenazado a las universidades con un sistema de auditorías más riguroso sobre sus gastos mediante la modificación de la ley de Educación Superior. Algo difícil de conseguir por la posición de La Libertad Avanza en el Congreso, una minoría extrema atravesada por conflictos internos. Martin Menem no halló todavía una solución satisfactoria a la orden que le dio Karina Milei: desplazar a Marcela Pagano de la presidencia de la Comisión de Juicio Político.

Oscar Zago propuso a Pagano para ese cargo y rompió con el bloque que presidía, al ser desautorizado por la secretaría general de la presidencia. El titular de la Cámara de Diputados no pudo evitar que se constituyeran sus autoridades. Pagano podría imitar a Zago e integrar la bancada Unite con Rocío Bonacci. José Bonacci, su padre, es el titular del partido Unite en Santa Fe, uno de los que le facilitó a La Libertad Avanza competir en las elecciones de esa provincia.

Zago constituyó el bloque MID y podría tener la última palabra sobre el futuro de Bonacci, la única diputada de los libertarios que se abstuvo de votar para que se lo aparte de la jefatura de esa bancada. Milei recibió anteayer a Zago en la Casa Rosada. El Presidente abandonó el domingo la reunión de su mesa chica que se disponía a criticarlo. Karina y Caputo tienen sillas fijas en esa mesa. Luego del trámite de la ley bases, el oficialismo podría sufrir otro fracaso. La oposición dialoguista no avalará a Santiago Viola para que ocupe una vocalía en la Auditoría General de la Nación. Probablemente, la primera lección práctica a Milei sobre la regla de la mayoría. Junto a las normas que regulan los procedimientos para tomar decisiones y la de contar con opciones reales de elección, los tres pilares básicos en que se asienta el funcionamiento del sistema democrático.

Tal vez para evitar otro traspié si la candidatura de Ariel Lijo a la Corte resulta impugnada, Sergio Torres comenzó a reactivar la actualización de su currículum. El mismo día de la marcha, el presidente de la Corte bonaerense le pidió al Instituto de Asuntos Judiciales que certifique los cursos y seminarios a los que asistió como disertante el año pasado. El Instituto de Asuntos Judiciales depende de la Corte bonaerense. Torres fue designado en ella durante la gestión de María Eugenia Vidal, pero gracias a una gestión en la que habría intervenido Horacio Rodríguez Larreta. ¿Para cumplir un supuesto acuerdo alcanzado con Enrique “Coti” Nosiglia? Todas conjeturas incomprobables. Torres habría accedido a ser designado en la Corte bonaerense como un paso previo a ocupar una de las vacantes en el máximo tribunal de Justicia. Lijo bloquea por ahora ese deseo.

Torres fue designado en el juzgado federal N°12 luego de obtener un aplazo de tres puntos sobre diez posibles en el examen que rindió para ocupar ese cargo. En una revisión posterior, la nota fue modificada para que alcance la calificación de seis. Torres renunció a la Justicia Federal en 2019. Desde entonces el juzgado federal N°12 es subrogado por el titular del N° 4: Lijo. Si Torres se viera necesitado de renunciar a la Corte bonaerense serían cinco los cargos que quedarían vacantes.

La Corte y la modificación de la ley que limita la reelección de los intendentes a un solo nuevo mandato son las prioridades en la agenda legislativa del gobierno bonaerense que marca el ritmo de las fricciones que pretendieron disimular hace unas semanas Axel Kicillof y Máximo Kirchner. El jefe de La Cámpora pretendería dos de las tres vacantes en la Corte bonaerense seguras que ocuparía el kirchnerismo. Al gobernador lo agobiarían situaciones más prácticas: el recrudecimiento de la ola de inseguridad en el conurbano y la falta de fondos que podría sufrir en el segundo semestre.

La CGT estima que junio será un mes crucial para el Gobierno, por el reajuste en los servicios de luz y gas. Su conducción adhirió por primera vez en la historia a una marcha universitaria. A cargo de la seguridad en el palco, los sindicalistas le impidieron el acceso a Kicillof, a quien solo conciben como súbdito de Cristina y Máximo. Cualquier terreno es fértil para marcar diferencia con ellos. Sergio Massa evitó ponerlos en esa incomodidad innecesaria. Se sabe el preferido de los Gordos en la disputa con el kirchnerismo, que estiman inevitable para recuperar espacios en las listas de candidatos. La de Kicillof a presidente tiene en Mario Secco a uno de sus promotores incansables. Andrés “El cuervo” Larroque es aliado del intendente de Ensenada en esa tarea, que incluye criticar el liderazgo de Cristina, una actitud que despierta suspicacias entre quienes recuerdan el pasado reciente de ambos por el anillo de confianza de la expresidenta. El ministro de Kicillof fue uno de sus voceros informales predilectos. Hasta antes de las PASO, Secco fue anfitrión en Punta Lara de la cena mensual que animaba la consigna “Cristina eterna”.

Tal vez involuntariamente, Secco quedó involucrado el 13 de abril en un hecho del que nadie prefiere comentar demasiado. Esa noche se disputó en Ensenada el partido entre Unidos del Dique y el club Macabi de La Plata, correspondiente a una fecha del torneo que organiza la Asociación Platense de Básquet. El local, Unidos del Dique, se impuso ajustadamente por 44 a 42, en medio de los cánticos antisemitas que la hinchada del equipo local dirigió a los jugadores y al público que acompañó a Macabi.

Unidos del Dique denunció que uno de sus jugadores, el ecuatoriano Jeremy Mina, recibió insultos racistas de sus contrincantes. La única prueba fue una declaración de Mina que distribuyó en sus redes. En las imágenes que circulan sobre el partido solo se escucha cantar a un grupo que “harán jabón a los que no saltan”, una referencia inequívoca al exterminio de judíos que practicó el nazismo. Unidos del Dique es presidido por Esteban Spivak.

Spivak es concejal de Unión por la Patria en Ensenada, e igual que Secco y su hijo Nicolás, fue uno de los enjuiciados por los delitos de “coacción agravada, resistencia a la autoridad y perturbación de funciones públicas” cuando en diciembre del 2017 irrumpieron en el recinto de la Cámara de Diputados bonaerense para oponerse al cambio del régimen de privilegio a los jubilados del Bapro. El Tribunal Oral Criminal (TOC) N°2 de La Plata los sobreseyó a todos en julio del 2023. Un mes antes de las PASO en las que Secco y Spivak fueron candidatos. El TOC se amparó en la prescripción de la causa elevada a juicio en 2019 y que nunca se celebró porque ese mismo tribunal nunca le fijó una fecha de inicio. Claudio Bernard redactó el voto al que adhirieron Carmen Arias y Ezequiel Medrano, pero en el que presumiblemente intervino el entonces ministro de Justicia, Julio Alak, por instrucción de Cristina.

Además de la prescripción que volvía necesario sobreseerlo, Bernard argumentó que Secco había concurrido a la Legislatura en calidad de ciudadano y no de funcionario. Lo contrario a lo que el intendente aseguró en la causa abierta en su contra. La omisión de su testimonio no es inocente. Los delitos cometidos por funcionarios públicos son imprescriptibles. El club Macabi habría desistido de presentar una denuncia contra Unidos del Dique. La Asociación Platense de Básquet anunció que citaría a las dos instituciones para ponerse al tanto de lo que había ocurrido.

Por Daniel Bilotta

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