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Educarse es un derecho, no una arbitrariedad
En 1989, el Estado argentino adhirió a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la cual lo obliga a garantizar todos los derechos establecidos en este tratado internacional. Entre ellos, está el reconocimiento del derecho del niño a la educación, ejercido progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades; y de reconocer “...el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación...”.
Aquí se debe tomar a la educación de forma integral, saliendo del mero enfoque pedagógico dentro del aula para comprender que el derecho al juego, a la diversión y a la sociabilización son opuestos del trabajo infantil. Estado y padres deben velar por el derecho a la educación del niño e impedir cualquier forma de explotación económica que dañe su pleno desarrollo.
Los tratados internacionales a los cuales adhiere la Argentina son claros. Asistir a la escuela no es un lujo que puedan otorgar (o no) los padres y madres del niño/a. Asistir a la escuela es acceder a un derecho humano reconocido mundialmente. El presente y futuro de un ser humano no puede estar librado a la arbitrariedad de su responsable.
La construcción de consensos en nuestro país ha sido uno de los grandes desafíos a lo largo de la historia. Sin embargo, poseemos algunos logros de los cuales debemos enorgullecernos, y entre ellos está la obligatoriedad escolar, desde el preescolar hasta finalizar la educación secundaria. A su vez, los logros deben debatirse para que no queden fuera de la noción espacio-tiempo y apunten hacia la profundización de los hitos que resultaron beneficiosos en cuanto a los objetivos que se propusieron. Las discusiones parlamentarias, políticas y sociales deben darse con una perspectiva de adquisición de derechos. Fruto de ello, por ejemplo, en el 2006 se avanzó en la aprobación de la Ley N° 26.206, tomando como punto de partida la Ley 1.420 de educación primaria obligatoria, que este año cumple 140 años en vigencia y de consenso sobre el derecho a la educación de los niños que residan en nuestro país. Un hito que nos llena de orgullo, pero que debe ser profundizado constantemente para que la ampliación de derechos sea cada vez mayor.
La educación debe ser debatida desde la concepción de un derecho humano universal, y ello debe ser su punto de partida. Aquí hay que ser claros nuevamente: no es una cuestión subjetiva que ponemos en discusión, sino que constituye una cuestión legal a la cual Argentina adhiere y sobre la que ha legislado a lo largo de toda su historia. El Poder Legislativo debería avanzar hacia proyectos que rediscutan cómo implementar programas pedagógicos que se amolden al siglo XXI y a los desafíos que tenemos por delante como sociedad y país. Deberíamos estar discutiendo cómo construir consensos que permitan establecer líneas prioritarias para que la educación sea de calidad, y la alfabetización sea una realidad nacional. ¿Por qué no está sobre la agenda pública qué secundaria vamos a diseñar para que los adolescentes sueñen con sus propias empresas, talleres, profesiones y/o cualquier otro proyecto de vida que deseen realizar?
Argentina, un país con 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes por debajo de la línea de la pobreza, debe reforzar su compromiso con la educación como herramienta transformadora de la sociedad en la que habitamos. Todo desarrollo individual y colectivo está asociado a un sistema educativo equitativo y justo que integre a quienes simplemente sean seres humanos. Así lo reconoce nuestro país.
Directora Nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina
