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El acceso a la información pública está en jaque
Cada 28 de septiembre se celebra el Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Así lo declaró la Unesco en 2015, con el objeto de concientizar sobre la importancia del acceso a la información como derecho humano fundamental en el desarrollo de instituciones eficaces, responsables e inclusivas.
En nuestro país, con la aprobación en 2016 de la Ley de Acceso a la Información, durante el gobierno de Cambiemos, quedó inaugurado un compromiso hacia la transparencia de los actos públicos y se inició un proceso que incluyó la conformación de un órgano garante, la Agencia de Acceso a la Información Pública. Sin embargo, en la actualidad nos enfrentamos a un retroceso institucional de la ley.
La Agencia de Acceso a la Información Pública se encuentra acéfala desde enero. Esto pone en riesgo su implementación. El adecuado ejercicio de este derecho es una herramienta fundamental para toda democracia, porque sin información en manos de la ciudadanía no hay verdadera libertad de elección.
Sin duda, el escándalo de #OlilvosGate, la aparición de la foto de cumpleaños durante la ASPO de la primera dama, Fabiola Yañez, generó una reacción restrictiva acerca de la divulgación de información pública. Hace un mes solicité en un pedido de acceso a la información, datos sobre las actividades y personal que asiste a la Primera Dama y no respondieron. La falta de respuesta indica una violación directa del derecho humano del acceso a la información pública y debe ser reprochado.
Durante más de 12 años del gobierno de los Kirchner, mientras el mundo avanzaba con marcos normativos para garantizar el derecho a saber ciudadano, la sociedad civil argentina y la oposición de ese momento trabajó duro para obtener una ley. El máximo avance fue el decreto 1172/03, que contemplaba el pedido de acceso a la información pública con alcance sólo al Poder Ejecutivo Nacional. Las solicitudes comenzaron a realizarse, sin embargo, las respuestas fueron escasas y en la mayoría de los casos no se brindó la información requerida. La Corte Suprema de Justicia de la Nación condenó al Estado en cinco oportunidades por no cumplir con este derecho garantizado en nuestra Constitución.
La ley de acceso a la información pública fue una bandera contra la opacidad de los gobiernos kirchneristas. Con la llegada de Cambiemos a la gestión nacional y mi primer proyecto como diputada abrimos en el Congreso el debate para finalmente lograr que sea ley. De esta manera, comenzó el cambio sustancial de aprendizaje paulatino hacia una cultura de la transparencia en los organismos públicos y promoción de otro nivel de comunicación entre los ciudadanos y el Estado. La aprobación de esta ley colaboró a que los indicadores mundiales impulsen nuestra posición, acercándonos a países con mayor apertura de información.
Esta batalla ganada permitió tener información clave a disposición de la ciudadanía. En el marco de la pandemia fue indispensable. Sólo entre enero y septiembre de 2021 se presentaron 5963 solicitudes de acceso a la información pública. La pésima gestión de la compra de vacunas se pudo seguir gracias a esta ley y la obligación que tienen los funcionarios de responder. Como también, las reuniones de Olivos se conocieron gracias a un ciudadano conocido como “@gonziver” en redes sociales, que hizo un pedido de acceso a la información pública.
Esta ley argentina establece procesos claros y expeditos para que los funcionarios entreguen información y se pueda saber cómo se usa el dinero de nuestros impuestos en la gestión pública. Asimismo, es una herramienta para acceder a otros derechos como educación, salud o trabajo. La información divulgada puede ser utilizada para la investigación y la producción de conocimiento, generando, en consecuencia, sociedades que aumenten su fuerza productiva y un buen desarrollo de políticas públicas.
La Agencia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (AAIP) creada en el marco de la ley, es autónomo y autárquico de la administración de un gobierno. La intervención de la Jefatura de Gabinete de Ministros es solo a los efectos de organizar la selección de su autoridad correspondiente.
En este punto estamos. El recientemente degradado a ministro, Santiago Cafiero, inició un proceso de selección en marzo, proponiendo como director de la agencia a un empleado de su administración que carece de aptitud para el cargo. Se ha realizado una audiencia pública que no fue pública. Legisladores nacionales tuvimos que pedir, junto con la organizaciones de la sociedad civil, la nulidad del proceso y solicitar una nueva designación.
Desde entonces reclamamos de forma urgente, sociedad civil y oposición, que se designe al titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Tenemos dudas que con la nueva gestión del jefe de Gabinete Manzur, se pueda avanzar, ya que nunca adhirió a la ley 27.225, siendo Tucumán una de las cinco provincias que no tienen una ley. Mientras tanto, se vulneran derechos fundamentales.
La democracia es un sistema que debe cuidarse a diario y la manera de equilibrar la relaciones de fuerza entre la ciudadanía y Estado es con políticas de transparencia. El ocultamiento o la manipulación burda de información de interés público habilitan el camino de las especulaciones. Corresponde entonces, a los actores políticos del gobierno tratar de evitarlas con información oportuna, completa y confiable. De esta manera, el acceso a la información contribuye como herramienta ciudadana indispensable para que la conversación pública incluya a un Estado abierto y al ciudadano involucrado en procesos de gobierno visibles para todos.
Diputada nacional por la UCR en Juntos por el Cambio. Impulsora de la ley de acceso a la información pública
