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El acceso a la vivienda digna, una necesidad vulnerada
Pese a la desafiante realidad económica, el Estado tiene que mantener un rol activo, mientras privados y tercer sector están obligados también a buscar soluciones más innovadoras, eficientes y creativas.
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Para LA NACIONAlejandro Besuschio
La reciente disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda plantea una encrucijada para quienes, con escasos recursos, necesitan acceder al mejoramiento o a la construcción de una vivienda adecuada.
No estamos frente a un problema menor. El déficit habitacional afecta hoy a cerca de 4 millones de hogares que no llegan a acceder a dichas soluciones. Esto es visible y evidente en varias zonas del país, en las cuales no se ha logrado articular políticas públicas que garanticen el acceso a la vivienda o a sus mejoras, la urbanización de barrios, la integración socio/urbana, la regularización de la propiedad y la generación de suelo urbano, tanto en términos de cantidad como de calidad.
El impacto de este déficit en las personas es gigante: tener o no tener una vivienda digna impacta de lleno en el desarrollo de las personas, en especial las más vulnerables (niños y ancianos). Las familias que acceden a una vivienda apropiada en un hábitat adecuado construyen mejor su barrio, tienen más acceso a la salud, educación, trabajo y apuestan a un mejor vivir.
Si bien entendemos la imperiosa necesidad de repensar el rol de un Estado más eficiente, también creemos que el tema habitacional requiere de un rol activo del Estado Nacional: no se trata tan sólo de garantizar “el sueño de la casa propia” sino de dar respuesta a un derecho expresado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Se trata de un poder delegado al Estado para impulsar políticas que permitan garantizar, a todos, el acceso a una vivienda digna y un hábitat adecuado.
En 45 años de trabajo en temas de vivienda, desde la Fundación Vivienda Digna hemos acumulado experiencias y podemos resaltar algunas lecciones aprendidas.
En primer lugar, nadie tiene el impacto que tiene el Estado. Si bien el abordaje frente a las soluciones habitacionales requiere de una articulación multi-actoral y multisectorial que posibilita el desarrollo y la concreción de distintos programas y proyectos, el Estado es el ente rector por naturaleza y quien brega por los intereses de todos. La capilaridad e impacto que tiene el Estado no las logran ninguno de los actores privados o del tercer sector por mejor que trabajen y articulen.
En segundo lugar, nadie llega a la base la pirámide, es decir a los que más lo necesitan. Muchas de las alternativas de crédito que ofrece el sector privado, como los créditos hipotecarios, son hoy inalcanzables para vastos sectores medios y de escasos recursos.
En tercer lugar, el Estado Nacional ha sido quien nuclea como interlocutor principal para entidades y actores que trabajamos con un enfoque social e integral en el tema del acceso a una vivienda digna es realmente el que tiene las capacidades, misión delegada y recursos (humanos y económicos) para que se cumpla la misión de garantizar una vivienda.
En estos 45 años hemos trabajado siempre y de manera constante con aportes privados, tanto como con algunas alianzas puntuales con el Estado, en sus tres niveles. No siempre se abrieron las puertas, pero con muchas de las administraciones de distintos colores políticos, colaboramos con programas como el Mejor Vivir, Manos a la Obra, Argentina Trabaja, Plan de vivienda Caritas, Plan Nacional de Vivienda, Mejoramiento de condiciones habitacionales, el programa 17 de Microcréditos, Integración Socio-urbana de Barrios Populares, Propuestas de leyes Nacionales de tierra y vivienda, de regularización dominial y varios otros. Todas estas interacciones sirvieron para potenciar el impacto, compartir saberes, pero sobre todo para hacer realidad que muchas familias llegaran a su casa propia.
El cierre de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda implica la extinción de programas muy importantes, como el Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi), el Programa de Mejoramiento de Barrios (Promeba), el Fondo de Integración Socio-urbana (FISU), para la mejora de barrios populares, entre otros.
Mientras privados y tercer sector estamos también obligados a buscar soluciones más innovadoras, eficientes y creativas frente a una situación económica desafiante, esperamos que el Estado Nacional contribuya con políticas públicas de vivienda transparentes y sostenibles, promoviendo el desarrollo urbano integral, con soluciones reales y concretas para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
El déficit habitacional en Argentina tiene décadas sin solución. Por lo tanto, no es sólo un tema de resolución del Estado, sino también del sector privado y de las organizaciones sociales, todos en conjunto.
Director Ejecutivo de Fundación Vivienda Digna
