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El ataque a Casal es una agresión a la república
Como una de las piezas del plan de impunidad diseñado por Cristina Kirchner, el oficialismo salió a atacar al procurador general de la Nación, Eduardo Casal. Un hombre de carrera, sin pertenencia política, probo, que asumió la función que desempeña no por ambición personal sino porque así lo determinaba ley cuando el cargo quedó vacante, ya que era el procurador adjunto más antiguo. No lo designaron ni Mauricio Macri ni Alberto Fernández: lo designó la ley. Y dejará el cargo cuando sea designado, de acuerdo al procedimiento que también prevé la ley, el nuevo procurador general.
Pero el kirchnerismo no cuenta hoy con la mayoría calificada en el Senado para prestarle el acuerdo a quien postuló el presidente Alberto Fernández, el doctor Daniel Rafecas. Espera, entonces, que si Casal y la doctora Laura Monti, también una profesional de carrera, renuncian, asuma el doctor Víctor Abramovich, quien tiene incuestionables antecedentes académicos, pero está muy vinculado política e ideológicamente al gobierno nacional.
Casal les molesta precisamente por las virtudes que lo hacen un procurador general confiable para la ciudadanía: su independencia, su idoneidad y su decencia. Ni Cristina Kirchner ni su vocero, el doctor Alberto Fernández, ponderan favorablemente esas condiciones. Lo que buscan es la sumisión absoluta.
Como los antecedentes de Casal son intachables, tienen que dar vuelo a la imaginación, para lo que son expertos. Así, por ejemplo, pretenden ensuciarlo con su actuación respecto del fiscal Carlos Stornelli, un magistrado independiente, honesto y valiente. Casal le abrió dos sumarios. Uno por las cuestiones administrativas vinculadas a la amañada y plagada de fabulaciones causa de Dolores, el cual sigue abierto y otro por no presentarse a declarar. En este último, pese a que se logró su comparecencia, Casal lo apercibió. El otro sigue abierto.
Se le reprocha que Carlos Stornelli no haya comparecido en siete meses. Pero nada se dice del caso del fiscal Carlos Gonella, que no compareció por tres años. Frente a la misma situación, la ex procuradora general Alejandra Gils Carbó ni siquiera le dio intervención al consejo evaluador. Simplemente archivó el pedido del juez que le solicitaba que adopte los mecanismos institucionales para hacerlo concurrir.
Casal explicó con todo detalle y claridad su actuación en ese caso el 4 de junio de 2019, cuando se presentó personalmente a la comisión bicameral a explicar los pasos seguidos en los dos sumarios que se iniciaron a Carlos Stornelli. Varios de los miembros que estaban ese día, permanecen en la comisión: Claudio Doñate, Vanesa Siley, María de los Angeles Sacnun y Rodolfo Tailhade.
¿El resultado? Ninguno. Ni un dictamen de comisión en mayoría o en minoría, ni un pedido de documentación aclaratoria, ni un pedido de ampliacíon. Parecía que habían entendido que se actuó reglamentariamente.
Las reformas en la justicia que el oficialismo impulsa no son para mejorarla, sino para consolidar sus peores defectos, como la subordinación política de algunos jueces y fiscales
Mientras tanto, el fiscal rebelde Gonella, apañado por Gils Carbó y el kirchnerismo, tiene dos causas en las que, al día de la fecha, cuenta con procesamientos firmes. Una por filtrar un secreto de la jueza que, seguramente de casualidad, tenía radicada la causa por la que se le hizo jury al fiscal José María Campagnoli. La otra, por su intervención en el dictamen inicial en la causa de la ruta del dinero K donde decidió dejar afuera a Lázaro Báez y sus hijos del requerimiento de instrucción.
¿Pero cómo intervino Gonella en la causa de Lázaro Báez si no era fiscal? Gils Carbó lo designó como fiscal general a cargo de la flamante Procelac, que ella misma estaba creando. Todo normal. Un Secretario de Cámara en Córdoba termina desempeñando el cargo de fiscal de cámara a cargo de una procuraduría especializada creada intempestivamente a días de terminar el año.
Es raro que griten por lo de Stornelli pero callen lo de Gonella. También es raro que griten por los traslados de los jueces y callen que Gonella fue trasladado a Córdoba sin siquiera haber trabajado un día en el lugar para el que concursó (Formosa). Claro que su designación por concurso fue bastante tiempo después de haber sido bendecido con la designación de Gils Carbó.
¿Será casual que Juan Pedro Zoni concursó para Santiago del Estero y terminó trasladado a Comodoro Py a la fiscalía donde quedó radicada la denuncia contra Gils Carbó precisamente por designaciones ilegales? Entre ellas, casualmente, la de Gonella. ¿Pero estaba vacante esa fiscalía adonde llegó Zoni? No. Estaba Gerardo Di Masi, que cometió el desliz de actuar como lo hacen los fiscales de verdad y pidió que se investigara a la procuradora por esas designaciones ilegales. Entonces se produjo un milagro: el pliego de Di Masi, que llevaba varios años parado y que le impedía ser fiscal de juicio, se reactivó rápidamente. Ya Zoni tenía su destino vacante.
En síntesis, frente a los ocho meses de rebeldía de Stornelli, Casal actuó como debía; frente a los tres años y medio de rebeldía de Gonella, Gils Carbó, ariete del kirchnerismo, no hizo nada.
Este es uno de los ejemplos de lo que se pretende hacer con la llamada "reforma judicial". Claro que la justicia, como todo en la Argentina, necesita reformas. Pero las que el oficialismo impulsa no son para mejorarla, sino para consolidar sus peores defectos, como la subordinación política de algunos jueces y fiscales.
Eduardo Casal es un hombre digno, con una notable trayectoria profesional y académica. Su estilo sereno, mesurado, puede resultar engañoso: lo anima un carácter firme y un inquebrantable compromiso con la plena vigencia de la Constitución Nacional, que juró defender. A él se le puede aplicar aquella frase de los romanos, que acaso haya aprendido en las aulas del Colegio Nacional de Buenos Aires, donde todavía enseña: "suaviter in modo fortiter in re" (suave en las formas, fuerte en las cosas).
Diputado Nacional (Juntos por el Cambio- PRO) - CABA
