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El blanqueo de Massa, fuera de tiempo y lugar
El proyecto de ley sobre exteriorización del ahorro argentino enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados llega en el peor momento. Nos enfrentamos a un contexto de crisis e inflación desenfrenada en el final de un gobierno deslegitimado. La evidencia demuestra que para que un blanqueo sea exitoso debe darse en un contexto de confianza donde los que ingresan al sistema lo hacen para quedarse.
Lejos estamos de que eso suceda si se avanza con esta nueva legislación. Se estima que el 45 por ciento de nuestra economía se encuentra en la informalidad. Es por esto que es imperioso que nos preguntemos qué políticas públicas debemos implementar para trazar un plan de largo plazo que incorpore a todos aquellos potenciales contribuyentes que se encuentran fuera del sistema. Analizando los motivos de este alto porcentaje no es menor la altísima presión tributaria, agravada por el impuesto inflacionario y por las restricciones de acceso al mercado de cambios. Por lo que tomar medidas sin modificar esta situación solo va a lograr perjudicar aún más nuestra cultura fiscal, fomentar la evasión y no reconocer al cumplidor. ¿Qué mensaje le daríamos al contribuyente si se aprueba esta ley?
Un blanqueo es siempre injusto, permite exteriorizar moneda y bienes por los que no se han pagado impuestos a un mínimo costo. Es por esto que debe estar acompañado por algún beneficio para quienes se encuentran dentro del sistema. Para eso hay dos instrumentos: una moratoria y beneficios específicos para los cumplidores. También se suelen plantear incentivos o bajas de alícuotas para quienes inviertan en el país o en títulos de la deuda.
Una moratoria consiste en quitar o disminuir multas y dar facilidades de pago bajando intereses. Esto sería hoy, sin lugar a dudas, un instrumento muy útil para todos aquellos que están dentro del sistema pero la crisis les dificulta hacer frente a sus contribuciones. El Estado debería estar ahí para contenerlos.
Los beneficios a cumplidores contribuyen a fomentar la cultura tributaria. Para que aquellos que pagan no se sientan estafados por un Estado que de manera recurrente aplica estos perdones fiscales. Desde la vuelta de la democracia hubo un blanqueo durante el gobierno de Raúl Alfonsín en 1987, otro en 1992 con Carlos Menem, dos en 2008/2009 y 2013/2015 con Cristina Kirchner y uno en 2016 con Mauricio Macri.
En el gobierno actual ya se firmaron tres blanqueos, el de la construcción, que luego fue prorrogado, y los que se incorporaron el año pasado a la Ley de Presupuesto (algo completamente irregular). Uno sumó inmuebles usados con la finalidad de casa habitación o alquiler de viviendas y otro añadió dólares destinados a la importación.
Este sería el cuarto del gobierno de Alberto Fernández, con la particularidad de delegar en la AFIP los beneficios a quienes están al día, algo técnicamente imposible de implementar seriamente ya que la agencia de recaudación no está facultada para bajar impuestos.
En este contexto un blanqueo de estas características, sin confianza, sin estabilidad ni seguridad jurídica no será exitoso, los únicos a los que podría interesarle son aquellos que tengan una gran percepción de riesgo de ser descubiertos, como por ejemplo, aquellos que posean activos en EE.UU. y puedan ser expuestos gracias al nuevo convenio de cooperación. Por lo tanto, este proyecto es otro parche que beneficiará a un solo sector.
La solución no se alcanza solamente con un blanqueo, necesitamos realizar una reforma profunda del sistema tributario para que todos quieran invertir, producir y crecer. Solo así el Estado dejará de ser un enemigo para convertirse en un aliado de los argentinos.
Diputada Nacional del Pro y contadora especialista en finanzas públicas
