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El caso López nos devuelve a lo peor de la Argentina
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HIGHLAND PARK, Nueva Jersey.– Hace poco menos de noventa años, Freud reescribió la tragedia de Antígona en un ensayo de veinte páginas, Duelo y melancolía. Allí distingue claramente entre uno y otro sentimiento, tan semejantes en apariencia. El duelo sucede al dolor que deja la pérdida sin remedio de la persona amada; la melancolía alude a la honda tristeza que sobreviene tras el alejamiento –la desaparición– de alguien a quien amamos y que podría regresar. Se sabe cómo era lo que se ha ido, pero no se sabe qué se ha ido con él, qué se lleva. El que desaparece, así, se repite en la vida de quienes lo lloran como un perpetuo estribillo. La pérdida se convierte en algo interminable.
Lo que sucede con las personas sucede también con las sociedades. Cuando una tragedia se clausura a medias, el sentimiento de pérdida reaparece y las grietas del pasado se abren, acaso de otra manera. Un ser humano ha desaparecido en plena democracia –no es el primer caso ni el único, pero es el más misterioso– y la sensación de un malestar que se repite, el regreso de lo que Proust llamaba el pasado en sí, del déjà vu, desconcierta a la comunidad.
Los límites que parecen contener la paz de la vida cotidiana se desbordan, el futuro se torna incierto y, lo que es peor, la conciencia plena de la pérdida tarda en llegar, enceguecida por la esperanza.
A pesar de la importancia de la desaparición –de cualquier desaparición, sobre todo si se trata del testigo clave en un juicio por crímenes y tormentos–, en la Argentina se oye hablar poco de Jorge Julio López, el albañil de 77 años que se desvaneció en el aire de Buenos Aires en algún momento del 18 de septiembre de 2006. Gabriela Esquivada, quien compiló la información incluida en esta columna, me ha contado que en los colectivos, los cafés y los subterráneos se escucha a la gente hablar del partido entre River y Boca y el trastornado tercer entierro de Juan Perón, esta vez en un mausoleo de San Vicente. Hubo, a comienzos de octubre, una manifestación de cien mil personas convocada por grupos afines al presidente para reclamar la aparición con vida de López, como si el Poder Ejecutivo fuera ajeno a la seguridad de los ciudadanos. El miércoles 18, cuando se cumplía un mes sin noticias del albañil, hubo otro acto, menos relevante. El gobierno de la provincia de Buenos Aires –territorio en el que López desapareció– ofrece doscientos mil pesos de recompensa por alguna pista que revele su paradero, y la fotografía de López reaparece, como en un espejo abismal, en la televisión, en las lunetas de los patrulleros policiales, en las canchas de fútbol. Nadie lo ha visto, nadie sabe dónde está. Ha desaparecido en el aire de ningún lugar, tal como sucedía hace treinta años.
Aunque se ha difundido muchas veces su historia, no está de más repetirla. López era un militante montonero de barrio cuando fue secuestrado en su casa de Los Hornos, sesenta kilómetros al sur de Buenos Aires, el 27 de octubre de 1976. La policía de la provincia, que entonces estaba al mando del coronel Ramón J. A. Camps y del temible comisario general Miguel Etchecolatz, lo torturó durante meses, hasta que lo encerró en el campo de concentración Pozo de Arana, donde López vio cómo ejecutaban a Patricia Dell’Orto y a su esposo, Ambrosio de Marco. Contra todos los vientos del azar, el ex albañil sobrevivió para contar la historia. Poco antes del secuestro, en el juicio oral contra Etchecolatz, sus declaraciones y las de Nilda Eloy –otra ex prisionera– permitieron condenar al ex comisario a prisión perpetua. López, además, reconoció y nombró a otros represores, que por eso podrían ser juzgados.
“Sé quiénes son algunos de los que nos dieron picana”, dijo ante el tribunal. “Ahí estaba un policía gangoso, que fue quien mató a la chica Dell’Orto y al marido. Los de la cárcel tienen que saber quién era. Si lo encuentran, puedo reconocer la voz.” Esas frases parecen tomadas de una novela de la serie negra, pero corresponden a la sangrienta realidad argentina.
El propio presidente Néstor Kirchner no actuó a la altura del daño ocasionado a los valores republicanos. Su gobierno ha enarbolado la bandera de los derechos humanos y la revisión del oscuro pasado argentino. Es una cuestión de reparación y de justicia. La desaparición de López, sin embargo, es una cuestión de Estado, y de las más serias, porque sucede cuando se supone que las garantías de la democracia están en pleno vigor. Cualquier respuesta sería preferible al silencio: tres o cinco minutos en cadena nacional para explicar que no hay el menor indicio sobre el albañil de Los Hornos no mostraría al Presidente en una situación de debilidad, sino de fortaleza. Indicaría que el caso es tan grave para él como para todos los que confían en la democracia, y que la Nación entera debe comprometerse en la búsqueda.
Pero en vez de conceder al caso la importancia que tiene, el Presidente siempre alude a él como al pasar, entre otros muchos asuntos. Una de las últimas menciones fue la del miércoles 18, en José C. Paz, durante la firma de un convenio por la construcción de una autopista. Dijo que no se toleraría la impunidad de los violentos y recordó al “amigo Jorge Julio López, al que estamos buscando. Queremos saber dónde está Tito”. Pero no siguió el hilo de su propio discurso en defensa de “una patria plural” y se abstuvo de convocar al resto de las fuerzas políticas para comprometerlas en la búsqueda del albañil perdido.
Si ante una circunstancia grave como la de una desaparición no se llama a los dirigentes de la oposición, es difícil que el Gobierno salga indemne de una noticia trágica que nadie desea. Los juicios por la verdad, que revisan las violaciones de los derechos humanos postergadas por las leyes de punto final y obediencia debida y por el indulto, requieren lo contrario del aislamiento.
La defensa de los derechos humanos es obligación de todos. ¿Lo entiende así el Presidente? A la vez, su peligrosa acumulación de un poder más y más hegemónico ha despertado a las fuerzas más retrógradas de la comunidad. Si todo lo que sucede en la Argentina se hace por él o contra él, ¿en cuál de esas dos orillas se sitúa la segunda desaparición de un ciudadano que regresó de un pasado de muerte? Y, en fin, ¿a quién protege la democracia?
Lo único que se sabe de López es que nada se sabe, ha dicho Nilda Eloy, la otra testigo del juicio. También se sabe ahora que hay miles de represores en la calle, la temible “mano de obra desocupada” que se manifiesta en amenazas anónimas a futuros testigos, señalando que conocen los movimientos de sus blancos humanos. La sociedad asistió anestesiada a esos tormentos hace tres décadas. No se creía posible que la tragedia resucitara bajo otra forma, ya no al amparo del Estado sino por la impotencia y la distracción del Estado.
Semanas atrás, una poeta que enseña en una universidad de la costa oeste de los Estados Unidos, quiso regresar a la Argentina para presentar dos de sus libros. En los remotos setenta, fue militante de la Juventud Peronista y como tal fue apresada en 1977 con su hija de dos años. Padeció el pleno infierno de los represores: descargas eléctricas, cegamiento, asfixia, castigos brutales, violación. Cuando la liberaron, ya no era ella. Aprendió a rehacerse en otra parte. Estaba comprando su pasaje de avión a Buenos Aires cuando recibió el siguiente mensaje de un familiar, tan parecido a los que se enviaban hace treinta años: “Pensá dos veces antes de volver. La Triple A está otra vez acá, y nadie sabe cuánto se va a quedar”.
La frase resume una de las peores condenas argentinas. Cada vez que el país siente la efervescencia de su marcha hacia adelante, el pasado lo aferra y lo detiene, sumiéndolo en las aguas tenebrosas de una melancolía que lo lastima y de la que no es fácil salir.
