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El Congreso pone a prueba la reorganización política de Karina
Las sesiones extraordinarias pondrán a prueba el funcionamiento de la reorganización política del gobierno alrededor de Karina Milei. La figura más relevante después del Presidente se propone replicar un método cuya eficacia quedó convalidada por el resultado del 26 de octubre: restringir al máximo el protagonismo en la administración de quienes puedan representar la idea de una alianza electoral con La Libertad Avanza. Esa reducción a la mínima expresión de cualquier matiz diferenciador pone en aprietos a los dirigentes del Pro que se incorporaron con esa expectativa.
Diego Santilli refleja con fidelidad esa contradicción. Ni el riguroso programa de acumulación de millas que cumplió en las accidentadas rutas argentinas lo exime de la minuciosa supervisión a su tarea de Manuel Adorni y Luis Caputo. Sin el doble conforme de la jefatura del Gabinete y el Palacio de Hacienda, el ministro del Interior no podrá coronar con éxito la gestión ante gobernadores para que contribuyan a sancionar el presupuesto. Dicho de otro modo, serán Adorni y Caputo quienes aprueben los pedidos que efectúen a cambio de votarlo.
Pero ni siquiera el sometimiento de sus antecedentes de seniority a la carrera natural de un junior le garantiza por anticipado la candidatura a gobernador bonaerense por la que trabaja a destajo. Una situación que, tal vez, justifique el escepticismo de quienes recibieron su visita por cortesía. Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo podrían ser la excepción. No parece difícil resolver lo que pidió el gobernador de Catamarca, la administración completa del yacimiento interestatal Aguas de Dionisio (YMAD), de donde se extrae cobre, oro y molibdeno. Ni tampoco que el de Tucumán obtenga la designación de dos jueces y un fiscal general en el fuero federal para equiparar fuerzas en el Poder Judicial con su rival, el senador Juan Manzur. Pero sobre todo con el Procurador General, Edmundo “Pirincho” Jiménez. La censura impuesta a periodistas y medios que les impide criticar a la Justicia solo es una muestra más del poder acumulado por Jiménez. Durante 12 años, ministro de Gobierno de Alperovich.
Los gobernadores de Salta y Santiago del Estero, Gustavo Saénz y Gerardo Zamora, procuran mantenerse en una posición equidistante de este grupo. Pero también de Provincias Unidas, que constituirá una bancada propia en la Cámara de Diputados. Además de negociar en bloque con el gobierno, la coincidencia más importante de Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torres (Chubut), tal vez sea la de adelantar las elecciones de 2027 entre los meses de marzo y junio. Pero con alguna particularidad local en Córdoba, donde se le atribuye a Llaryora la intención de promover al menos tres candidatos a gobernador afines a la UCR con la presunta intención de dispersar al espectro del voto opositor, pero aprovechándose de una peculiaridad de la ley electoral. Aún sin ganar. Los candidatos a gobernador y vice se transforman automáticamente en el primer postulante a legislador por su lista. La figura del interbloque podría ser la única en condiciones de que Fuerza Patria enfrente con una cuota de unidad a la ola violeta en el Congreso.
Todas especulaciones en torno a la casta. Sin otra idea aparente que apelar a viejas fórmulas para enfrentar al oficialismo en el terreno donde sería superado. El de las propuestas. Algunas tan ligadas al deseo más íntimo de Karina que podrían chocar con el interés de Patricia Bullrich. Como la orden impartida al bloque libertario en el Senado que pasará a presidir en unos días para que Nadia Márquez reemplace a Bartolomé Abdala en la presidencia provisional.
Igual que la controvertida Lorena Villaverde, Márquez integra el selecto grupo de mujeres libertarias favoritas de Karina. Electa senadora por Neuquén, la presencia de Márquez en ese cargo complicaría la pretensión de Bullrich de ser el único nexo entre el gobierno y el Senado. La elección de autoridades depende del consenso de todo el cuerpo. Abdala llegó allí con el respaldo del kirchnerismo. El bloque al que Bullrich debería comprometerse a fracturar con el auxilio de los gobernadores peronistas afines.
Este dilema se repite en la Legislatura bonaerense y enturbia las negociaciones de Santilli y Cristian Ritondo con Axel Kicillof por la ampliación de ocho a doce miembros en el directorio del Banco Provincia (Bapro). Al menos la mitad del bloque de diputados del Pro se opone a que una silla sea ocupada por Matías Ranzini. El mandato del diputado vence el 10 de diciembre y habría desistido de convertirse en secretario de Asuntos Municipales de Santilli por la cuarta parte del salario que percibiría en el Bapro. Si fuese cierto, desmentiría lo que habría asegurado Santilli: “¿Con las direcciones que me sobran voy a pelear por una en el Bapro?” Sin los mismos recursos de oratoria que su primo, el diputado Agustín Fiorcheri no habría podido sostener esa locuacidad en la reunión del bloque. Quizás la situación se aclare con la reunión de hoy entre Ritondo y Soledad Martínez. La intendente de Vicente López reclama una reorganización integral del Pro bonaerense tras la derrota sufrida por los aliados de Santilli y Ritondo en la elección del 7 de septiembre.
Kicillof urge a retomar hoy la sesión del miércoles, en receso luego de aprobar el Presupuesto y la ley de actualización tarifaria. Pero no la que lo habilita a endeudarse por casi cuatro mil millones de dólares. Al gobernador lo desvela la frágil tregua interna de Fuerza Patria y la posibilidad que esa paz transitoria se diluya como la nada. La discusión está trabada en cómo se distribuye el 8 por ciento de ese monto destinado a los intendentes. Con una generosidad atribuida a su afán de ser candidato a presidente, el gobernador querría distribuirlos entre los 135. Pero su voluntad chocaría con otro fenómeno sin precedentes y transversal a todas las fuerzas. Nadie querría darle ese trato igualitario al de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. Versiones alimentadas por el tiempo ocioso. Se admite en la Legislatura que todavía no se abordó el directorio del Bapro. Y menos las siete vacantes del Tribunal Fiscal que dependen del Ejecutivo. Una última instancia de apelación en causas fiscales. Los aspirantes a ocuparlas deben ser contadores y abogados con un salario de seis millones de pesos.
La complejidad de la situación hace lógico que se postergue hasta marzo la discusión de las cuatro vacantes en la Corte. La denuncia contra Martín Mena de la jueza María Eugenia Capuchetti por falso testimonio en la causa por el asesinato de Cristina, alejaría al ministro de Justicia de Kicillof de su expectativa por cubrir una de ellas. Ni siquiera lo favorecería la jubilación anticipada que negocia el juez Julián Ercolini para sumarse al estudio jurídico de Gustavo Ferrari, el exministro de Justicia de María Eugenia Vidal. Ercolini es quien tramita la denuncia de Capuchetti.
La Cámpora negocia con Kicillof su permanencia en el Ministerio de Justicia. El kirchnerismo intenta que Mena declare contra Capuchetti en el Consejo de la Magistratura, donde denunció a la magistrada por mal desempeño. Capuchetti tramita una causa que pone trémulo al peronismo en el conurbano. El martes dispuso el levantamiento del secreto bancario y bursátil sobre 25 financieras denunciadas por la Procelac y el Banco Central por presunto lavado de dinero.
El titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, estaría asociado en al menos tres de ellas: Concordia Inversiones, Centro de Inversiones Concordia y Marvic S. A. En ese grupo aparecen Cambio Forex y Clover Alianza S. A. vinculadas a Elías Piccirillo. La denuncia de la Procelac permaneció tres años sin actividad pero en poder del fiscal Eduardo Taiano. Desde 2018, Taiano integra el Comité Ejecutivo de la Superliga Argentina, uno de los torneos organizados por la AFA que preside Claudio “Chiqui” Tapia.
Sospechado de ser financista de Tapia, Vallejos fue denunciado formalmente por el gobierno después de que Sebastián Casanello allanara las oficinas centrales de Sur Finanzas en Adrogué, partido de Almirante Brown. Casanello ordenó esa medida como parte de la investigación que lleva adelante por el caso de presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
