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El Congreso se debe una reforma administrativa a fondo
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El anuncio del despido de alrededor de dos mil empleados del Senado de la Nación despertó el rechazo tanto de los sindicatos del Poder Legislativo como de numerosos legisladores identificados con el saliente gobierno kirchnerista. El episodio ilustra la sabiduría de las palabras del diputado socialista Enrique Dickmann, que hace más de un siglo ya señalaba que "mucho más fácil es hacer una revolución que suprimir un empleado del presupuesto nacional".
Es que el excesivo número de empleados en el Congreso de la Nación es un problema que viene de lejos. Entre 1900 y 1930, cuando el total de empleados legislativos no llegaba a 500 (hoy son más de 15.000, a pesar de que el número de legisladores ni siquiera se duplicó), los diputados socialistas (y unos pocos radicales) cuestionaban el excesivo número de empleados con que contaba el Congreso. Por ejemplo, Dickmann señalaba que "eso de traer empleados por compromisos políticos no es justo ni conveniente", en tanto que su colega Nicolás Repetto justificaba la necesidad de realizar despidos en el Poder Legislativo al afirmar: "Yo creo que esos hombres dignos que quedaron cesantes van a encontrar ahora la oportunidad de aplicar sus aptitudes, si las tienen, o de desarrollar nuevas, en ocupaciones mucho más nobles que ésta".
Ya entonces el Senado era el blanco de las principales críticas. En 1914, el diputado socialista Antonio de Tomaso decía: "El presupuesto de la Cámara de Senadores es uno de los más frondosos de la administración. El Senado es una de las reparticiones que paga sueldos más elevados, que tiene cargos con las designaciones más arbitrarias y en que el parasitismo es mayor. Y llamo parasitismo a la función de los empleados que tienen una denominación que no se comprende y que no realizan ningún trabajo útil, claro, concreto ni específico".
Esos legisladores entendían perfectamente que, en un país donde hay necesidades sociales más urgentes que un empleo legislativo, los representantes del pueblo deben estar especialmente preocupados por el desmedido incremento del gasto público en su propio ámbito. Y ello no sólo porque muchos de esos empleados no cumplen una función útil, sino también para demostrar el compromiso de los legisladores con el principio de que cada peso del presupuesto público debe ir allí donde resulta más necesario.
Por ello, cabe preguntarse qué opinarían Dickman, Repetto o De Tomaso del fenomenal incremento en el personal del Senado que se produjo durante la gestión del kirchnerismo, cuando el número de empleados en la Cámara alta pasó de 2652 a 6020. Una cifra claramente injustificable tanto en lo que hace a la cantidad de personal como a la finalidad de varias de sus más de cien dependencias.
Para poner el número en perspectiva, un informe elaborado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina en junio del año pasado y titulado "El vicepresidente y la austeridad en el Senado de la Nación" señalaba que en un cuerpo integrado por 72 legisladores y el vicepresidente de la Nación, la Dirección de Automotores tenía 155 empleados; la Dirección de Eventos, 62; la guardería y el jardín maternal, 50; el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios, 37; la Delegación Argentina del Parlamento Latinoamericano, 28; la Dirección Gesta de Malvinas, 23, y la Dirección del Museo Parlamentario, 20. El cuerpo también contaba con la Orquesta Sinfónica Juvenil (10 empleados), cuya relación con la tarea legislativa no es del todo clara, y cinco empleados en la inexplicable Oficina de Senadores MC (mandato cumplido) de la Unión Cívica Radical.
Por ello, si bien la cesantía de los empleados designados políticamente en los últimos dos años constituye un paso en la dirección correcta, no hay que perder de vista que el Poder Legislativo en su conjunto se debe una profunda reforma administrativa. En primer lugar, se debería comenzar por el congelamiento de las vacantes de la planta de personal permanente y, al igual que sucede en Chile, establecer que en lo sucesivo todos los puestos permanentes se cubran por concurso, atendiendo al principio de idoneidad e igualdad ante la ley proclamado en el artículo 16 de la Constitución nacional.
En segundo lugar, es importante eliminar (o al menos limitar) el poder de los presidentes de cada cámara para nombrar personal de manera discrecional. En tal sentido, correspondería asignar la misma cantidad de empleados temporarios para cada legislador nacional, como ocurre en el Parlamento de Australia. Asimismo, para el asesoramiento legislativo puede fijarse una suma igualitaria para cada legislador nacional que permita realizar contratos de locación de servicios con personas físicas y convenios con personas jurídicas. De esta manera, los legisladores tendrían mayor flexibilidad para cumplir su tarea, pero sin que ello redunde en un incremento dramático del personal del Congreso.
Presidente e investigador asociado, respectivamente, del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina
Adrián Lucardi y Gabriel Salvia
