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El Congreso también está en deuda con el país
Para los tiempos de la Primera Guerra Mundial, nuestro exitoso modelo de crecimiento ya estaba agotándose; y la crisis del 30 le extendió su certificado de defunción. Desde entonces nos cuesta acertar en políticas económicas exitosas; pero es a partir de los años setenta cuando nuestros problemas se han agudizado con retrocesos tan brutales como inexplicables dadas las condiciones favorables que objetivamente tenemos. Los responsables de esto son muchos, pero los legisladores están en la primera línea dado sus incumplimientos a las funciones que les fija la Constitución Nacional. Su artículo 75 apartado 18 dice: “Corresponde al Congreso… Proveer lo conducente a la prosperidad del país… promoviendo la industria…la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros…por (medio de) leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo” (ampliadas en el inciso 19).
El no cumplimiento de esas funciones, para las que se han postulado en sucesivas elecciones (y por las que perciben buenas remuneraciones y varios privilegios) explican buena parte de nuestro estancamiento económico, desempleo y pobreza crecientes, y se ve agravado por un creciente relajamiento en cuanto a la buena administración de sus propios recursos. Se ha informado ampliamente sobre el derroche de recursos por parte de los legisladores argentinos. Recientemente se consignó que la Legislatura de la provincia de Buenos Aires cuenta con un presupuesto de $17.718 millones y 2600 empleados, pero el Senado sesionó solo dos veces en el año y Diputados, apenas seis.
Las fallas del Congreso han servido también para fortalecer el “presidencialismo” a través de la delegación que hace al Ejecutivo de funciones que le son propias; y al no impedirle una emisión monetaria descontrolada al servicio de sus políticas demagógicas.
La grave situación que enfrentamos ha llevado a que desde diferentes espacios políticos se hable de alcanzar “acuerdos programáticos” para intentar resolverla. Lo que implica desafíos tales como coincidir en cuanto al contenido de esos acuerdos; quiénes harían parte de los mismos, e incluso sobre quién debe tomar la iniciativa.
La magnitud del desafío presenta sin embargo una muy buena oportunidad para que el Congreso se reivindique tomándolo a su cargo; aunque no con la formalidad de un acuerdo de cogobierno o “pactos de la Moncloa”, sino como una sumatoria de acuerdos sobre políticas concretas que vayan desatando los nudos que nos atan a la pobreza creciente. Tarea para lo cual tiene condiciones que lo favorecen, como es la de ser un poder del Estado donde están representadas las diferentes fuerzas políticas que se proponen atender las necesidades de los ciudadanos. El hecho de estar sentadas en bancas yuxtapuestas hace que sólo se requiera pedir la palabra o presentar un proyecto para ser tratado en comisiones y luego en el recinto.
Una segunda ventaja es la de tener poder de decisión, y convertir en leyes de cumplimiento obligatorio todo aquello sobre lo que se alcanzó consenso. En cuanto a los contenidos a acordar se destacan el combate a las trabas para la creación de empleos genuinos que brinden ingresos a los trabajadores y también al Estado a través de los aportes impositivos. Trabas que se expresan como niveles altos de inflación, y en una legislación laboral que debe ser modernizada sin afectar las conquistas de los trabajadores. En 1952, cuando los problemas de entonces exigieron tomar medidas extraordinarias, el Congreso acompañó dictando las leyes que se requerían para enfrentarlos, entre otras, la 14.222/52 de Inversiones Extranjeras, “que se consideraban necesarias tanto por el aporte de capital, como de tecnología” (Remes Lenicov).
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