Es difícil sacar aprendizajes de donde no hubo lecciones. Refiriéndonos a 2001 se podría hablar más bien de consecuencias de una crisis institucional sin precedente. Ella fue la manifestación más visible de la dislocación de la esfera política de nuestra sociedad, tal como venía funcionando desde 1983, con sus altibajos.
La crisis de 2001 derivó en la disgregación del sistema de partidos, en la dilución de las identidades políticas de masas y en la fluctuación del voto. Desde entonces se imponen las coaliciones políticas.
El movimiento contestatario de 2001 y 2002 (que incluyó asambleas, protestas espontáneas y otras maquinadas por intereses políticos), característico de las tensiones democráticas, revelaba la dificultad de la política representativa para encauzar la crisis y recuperar su perdida legitimidad, al menos hasta las elecciones de 2003.
En el clima de incertidumbre que se vivía en 2002, algunos analistas plantearon que las elecciones de 2003 formaban parte de la crisis antes que de la solución. Sin embargo, las urnas fueron el ámbito donde los ciudadanos demostraron que las elecciones no sólo son un método para nombrar a los dirigentes, sino que pueden ser también un dispositivo institucional capaz de dar respuesta a una crisis profunda. En esa especial circunstancia histórica, la relación de la ciudadanía con la política pasó principalmente por el voto. En adelante, la lealtad ciudadana será con la democracia electoral y no tanto con los partidos. Emerge ahora con mucha más contundencia el poder electoral, como vínculo más orgánico con la política. El control ciudadano por las urnas, condición necesaria pero insuficiente. Quizá sea éste el aprendizaje de 2001.
El autor es Profesor Titular de Teoría Política de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario
