El costo de la épica berreta

“No venimos a esta sesión arrepentidos de lo que fuimos, no sentimos vergüenza de lo que somos y tampoco venimos a pedir disculpas de lo que estamos haciendo. Nos hacemos presentes en esta sesión con la firme convicción de que estamos dando los pasos que la sociedad argentina y el mundo nos están exigiendo para lograr la transformación del país. El proyecto de ley de transformación de YPF y de transferencia de recursos naturales a las provincias va a oxigenar a nuestro gobierno y va a representar una bocanada de aire puro que fortalecerá al presidente Menem”.

Con esta efusividad, Oscar Parrilli, peón del kirchnerismo, argumentaba en septiembre de 1992 acerca de la necesidad de entregar a manos privadas YPF, quizá la empresa del Estado de mayor valor estratégico, en claro perjuicio de los intereses económicos y ambientales de nuestro país. La historia es bien conocida, pero en estos días bien vale volver a recordarla.

Esto pudo llevarse a cabo con la participación necesaria de los mismos actores políticos que una década más tarde, y declamando una épica prestada, promovieron fervientemente la estatización de una compañía ya vaciada, luego del que fue, tal vez, el mayor saqueo al Estado.

No debe omitirse que, para la expropiación y la “nacionalización” de la compañía, Néstor Kirchner le acercó a Repsol al Grupo Petersen, de la familia Eskenazi (de nula experiencia en el negocio de los hidrocarburos), para que adquiriera el 25% de la empresa por 3750 millones de dólares. Le facilitó a un amigo un negocio que pagamos todos los argentinos. ¿Fue solo eso?

Hoy volvemos sobre el tema luego de que la jueza de la Corte de Nueva York condenó a nuestro país a indemnizar al fondo Burford por el máximo monto de resarcimiento posible: 16.050 millones de dólares, que se suman a lo que se pagó al momento de la expropiación. Primero fugaron y luego endeudaron.

Quien escribe estas líneas, junto con legisladores y dirigentes de la Coalición Cívica, fuimos a la Justicia, primero en 2006, para que se investigara la presunta comisión del delito de contrabando de hidrocarburos, evasión fiscal, fraude a la administración e incumplimiento de los deberes de funcionario público por las exportaciones de combustibles de YPF-Repsol. Ampliamos aquella denuncia en 2008, cuando el grupo Eskenazi compró el 25% de las acciones de la petrolera con el apoyo de Kirchner. Es imperioso recordar que el kirchnerismo integraba el directorio de la compañía cuando se giraba el 90% de las utilidades a España y que el Grupo Petersen adquirió las acciones de la compañía sin poner un peso, sino que lo hizo con las utilidades obtenidas de su participación.

Ensoberbecidos luego de la elección de 2011, nos avisaron que iban por todo. Las bravatas de Kicillof fueron argumentos invalorables para la jueza Preska. Tanto como para incluirlas en los fundamentos de su fallo más reciente. En ese dictamen también constan muchas de las pruebas que hemos aportado desde la Coalición Cívica. La jactancia impune del gobernador nos sigue resultando cara a los argentinos.

En 2012, la Coalición Cívica volvió a los tribunales para reclamar la investigación acerca de la manera en que el gobierno de la entonces presidenta Cristina Kirchner reestatizó YPF. Con el cambio de la administración nacional en 2015, la UIF y la Oficina Anticorrupción se presentaron como querellantes, pero ambos organismos desistieron de la acción cuando el kirchnerismo volvió al gobierno, en 2019.

La ineptitud y la inobservancia de la Justicia argentina generaron las condiciones para que se pudieran desplegar todas estas maniobras dolosas. A casi treinta años de la privatización y a poco menos de dos décadas de la “gesta patriótica” de la reestatización, la Justicia debe identificar y condenar a quienes delinquieron desde el Estado y le causaron un daño inmenso al propio Estado, al que utilizaron para garantizarse impunidad. Pasaron casi veinte años en los que la inacción de la Justicia sigue consagrando la corrupción.

Es fundamental que los delitos contra la administración pública perpetrados desde el Estado puedan tener un castigo en tiempo y forma, para que la sociedad pueda ver que quienes están a cargo de lo público, de lo que es de todos, se ocupan de resguardarlo. Cuando esto no sucede, la sociedad, harta de quienes estuvieron a cargo, decide tomar caminos insondables cuyo destino es, en el mejor de los casos, incierto.ß