El daño de un derrumbe silencioso

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21 de noviembre de 2020  • 04:00

No fue la primera desilusión del año. Sí, la más reciente. Hasta hace pocos días, la mayoría de los empresarios argentinos veía al Gobierno convencido de que el aporte solidario extraordinario, proyecto de ley que obtuvo media sanción el miércoles en Diputados, era una mala idea que, en el peor de los casos, y para prosperar, debía ser sometida a modificaciones de fondo. Es lo que habían interpretado, por ejemplo, en la Unión Industrial Argentina después de reunirse en diferentes momentos con Alberto Fernández, Máximo Kirchner y Sergio Massa. En un WhatsApp que le envió al presidente de una cámara, el líder del Frente Renovador había sido incluso más tranquilizador: la iniciativa no tenía fecha de tratamiento y ni siquiera estaba claro si se discutiría este año. Una lección para otras veces y otros proyectos: el único lobby efectivo en la Argentina es con la única inaccesible, Cristina Kirchner.

Dificultades que parten del origen y la conformación del Frente de Todos. Un funcionario acaba de admitírselo a un ejecutivo petrolero. "Acordás algo y pasa lo contrario: hay que tomar todo con pinzas", le dijo

Dificultades que parten del origen y la conformación del Frente de Todos. Un funcionario acaba de admitírselo a un ejecutivo petrolero. "Acordás algo y pasa lo contrario: hay que tomar todo con pinzas", le dijo. En el mundo de los negocios es una desgracia. Poco antes de que se empezara a tratar el proyecto, la estrategia empresarial había sido la prudencia. ¿Cómo oponerse a algo cuyo enunciado contempla recaudar de quienes más ganan para atender las necesidades de los que menos tienen en una pandemia?, se preguntaban en la UIA. Levantar la voz, pensaban, sería contraproducente. Además su comité de crisis, armado especialmente para la cuarentena y en contacto permanente con la Casa Rosada, estaba tranquilo. Por eso el martes, durante su reunión interna, siguieron insistiendo en no rechazar todo, sino en recomendar cambios. Se los habían enviado por escrito al Gobierno y a los legisladores: 1) Excluir de la nueva obligación las acciones o participaciones en activos productivos (también los inmuebles). 2) Permitir hacer el aporte mediante inversiones el año próximo. 3) Exceptuar del gravamen los títulos públicos y las obligaciones negociables de empresas argentinas para no afectar el ahorro en moneda nacional y en instrumentos públicos que acaban de ser reestructurados. 4) Incorporar un mínimo no imponible y corregir las alícuotas para evitar tratos desiguales.

Fuente: LA NACION - Crédito: Sebastián Dufour

Pero el optimismo duró menos de 24 horas. A la mañana siguiente, ya con la votación de Diputados consumada, volvió a activarse el WhatsApp de la UIA. "No nos dieron ni pelota", protestó uno de ellos ante este diario. Decidieron entonces emitir un comunicado, esta vez más crítico y bastante similar al del resto de las entidades, en el que expresaban "desacuerdo" y "preocupación". Estaban sorprendidos con el respaldo de algunos radicales al proyecto. El de los jujeños Jorge Rizzotti y Gabriela Burgos, por ejemplo. Al día siguiente, las estrategias de comunicación empresarial se centraron en los medios de esa provincia.

El malhumor ganó incluso a quienes inicialmenteapoyaban la medida, a los que están excluidos o todavía elogian al Gobierno. Quedó expresado además en la última declaración pública de Jorge Brito. "Este impuesto solo agrega más elementos a aquellos que quieren irse del país", había dicho a Infobae. "Para nosotros fue un impactoanímico: queda claro que la Argentina sólo intenta connuevos impuestos -agregó a LA NACION Alejandro Bestani, presidente de Inca y miembro del Movimiento NacionalPyme-. Ahora no nos pega, pero probablemente el año próximo sí". Teddy Karagozian, dueño de TN Platex, había sido más explícito horas antes de la sesión en Diputados: "El Congreso de la Argentina está por cometer un grave error que condenará por muchos años a nuestro país a continuar con el empobrecimiento de la sociedad, que cada vez atrae menos inversores. Empresas como la nuestra están invirtiendo, pero para crecer necesitamos más inversiones aún". Ya no confían ni los más crédulos. Ni siquiera en el nombre elegido para la ley: ¿quién puede estar seguro de que se trata de un aporte "extraordinario" en un país propenso a eternizar excepciones? El economista Esteban Domecq compendió esta semana en Twitter los últimos aumentos tributarios y la creación de nuevas imposiciones: esta será la decimoquinta en 11 meses de gobierno.

¿Tomó la dirigencia política verdadera conciencia de la situación?, se preguntan ahora los empresarios. ¿Saben que el modo de superar un shock de oferta como el que provocó el Covid es no afectar la generación de riqueza? La inercia de un país cuya población es mayoritariamente crítica y prejuiciosa respecto de los dueños del capital empuja a lo contrario. Aunque no sea inocuo. Según datos de la AFIP, en términos netos, la Argentina no crea empresas desde 2011. Con los exportadores de bienes el cuadro es peor: según el Ministerio de Producción, la última vez que ese universo creció de manera significativa fue en 2006, y hoy está en niveles inferiores a los de 1994. Es un retroceso de 26 años.

El pesimismo empresarial reside en dos factores: el país viene de fracasar con una administración más amigable con el mundo de los negocios, la de Macri, y ya nadie confía en que la próxima reactivación, si llega, será lo suficientemente robusta. Es probable que el PBI caiga este año casi el triple que el de Brasil, país al que además la Argentina acaba de superar en muertos por millón de habitantes por Covid. Es lo que sustenta las burlas de Bolsonaro. El relevamiento del Banco Central brasileño entre agentes del mercado viene además recortando la expectativa de caída para este año: el lunes se publicó -4,66%, una mejora respecto del -4,8% de la semana pasada. La inflación de octubre fue ahí del 0,86%, la más alta mensual desde 2002, pero se proyecta en 3,25% para todo 2020, por debajo de la meta. Y es menos de lo que la Argentina acumula en un mes.

Para el Gobierno es un dilema porque cualquier viraje requiere audacia política. Los empresarios de la alimentación temen lo contrario: que se aferre a la emergencia. Por ejemplo, con el programa Precios Máximos, que se aplica desde el 20 de marzo y vence el 31 de diciembre, que representa 68% de sus ventas en volumen y 22% de su facturación. El Gobierno empezó a reducirlo de manera gradual. La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, dispuso la semana pasada la "suspensión" de otras 50 categorías de productos de la lista. ¿Por qué Español suspende y no termina de dar de baja? La inquietud de los fabricantes podría resumirse en el título del último libro de Augusto Costa, ministro de Kicillof: "Todo precio es político". Por eso, la AmCham, cámara de empresas norteamericanas, se sumó anteayer a los cuestionamientos. "Transcurridos ya ocho meses de una medida considerada y reconocida como coyuntural, pero en un entorno inflacionario de entre el 3-4% mensual y con el otorgamiento de aumentos que alcanzaron en ese período entre el 5 y 6,5%, la pregunta es cuán sostenible es", planteó en un comunicado, el enésimo en una semana de objeciones corporativas por escrito.

Tanta locuacidad de empresarios es nueva para un gobierno kirchnerista. Pero lo relevante lo hacen en silencio, en cada decisión de que no es este ni el momento ni el lugar para apostar al futuro.

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