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El deber de imparcialidad de la CIDH
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LA NACION
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son los organismos con competencia en el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes en la convención sobre ese asunto. La Comisión, órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), concluirá hoy su sesión en Montevideo con la participación de algunas organizaciones de la sociedad civil y un conjunto de ciudadanos dispuestos a interactuar en los grupos de discusión a través de los cuales se canalizan las recomendaciones al organismo para el período 2018-2019, tras las audiencias públicas enfocadas en los casos de Venezuela, la Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
En la consulta pública realizada el pasado 21 sobre Unidad Temática Memoria, Verdad y Justicia, cuyo ingreso es libre, sólo limitado por el espacio, participaron representantes de varios países de la región, así como diversas organizaciones y organismos de derechos humanos. Los grupos de trabajo incluyeron a integrantes de dos asociaciones argentinas dedicadas a defender los derechos humanos y evitar el maltrato de quienes han sido detenidos en causas de lesa humanidad. Sus manifestaciones sobre la dura situación de detención de algunos de ellos en nuestro país fueron interrumpidas por otros concurrentes con sonoros abucheos, insultos, amenazas y empujones, lo que generó un lamentable clima de violencia e intolerancia que se salió de cauce, puesto que ninguna autoridad llamó al orden ni intentó controlar los desbordes.
La censura de estas voces, tan dignas de expresarse como cualquier otra, se repitió también por la tarde, tanto que debieron estos participantes retirarse ante la discriminación de la que eran objeto.
La CIDH debe ser imparcial por definición; debe respetar el principio de no discriminación y escuchar a todos quienes pretendan hacerle conocer violaciones de los derechos humanos en nuestra región. Esto supone actuar sin arbitrariedades ideológicas. Lo reseñado impidió la inclusión del tema de las condiciones de detención de los procesados por causas de lesa humanidad en nuestro país, cuestión que involucra instancias de posible maltrato a personas de más de 80 años que deben ser también objeto de tutela por parte del organismo mencionado, respetando las normas y principios internacionales. Lamentablemente, la actitud de la CIDH, que no recogió sus testimonios en la audiencia temática, deja fuera del alcance de su protección a estas víctimas.
La posición actual de la Comisión mantiene así en el desamparo a las víctimas de los delitos y violaciones de derechos humanos cometidos por grupos armados distintos de los Estados que actuaron en conflictos internos durante la década del 70, imposibilitando de esa manera que las víctimas de esos graves delitos ejerzan su derecho de acceder a la verdad y a la reparación que en justicia les corresponde. Preocupa seriamente que un ámbito privilegiado como el que propone este organismo para el debate y el tratamiento de cuestiones tan delicadas incurra en estos groseros procederes. Cabe preguntarse si, de igual forma, la activa participación de la CIDH en asuntos como la detención de Milagro Sala o el caso Maldonado no son ejemplo también de una mirada claramente sesgada ideológicamente que vuelve a proponer que los derechos humanos rijan sólo para algunos.
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