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El derecho a elegir y ser elegido
Por Daniel Zolezzi Para LA NACION
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EN nuestro país, el eje de la lucha política se ha desplazado. La tradicional confrontación entre partidos ha cedido paso a un inédito y agudo conflicto: el de los representados con sus representantes. En poco tiempo, la protesta popular derrumbó dos presidencias y jaquea a la tercera. Proliferan los nuevos, y posiblemente efímeros, liderazgos barriales, cuyo timbre de honor es su lejanía de las estructuras partidarias.
Hay consenso en que la causa de la grave crisis que sufrimos la originaron la ineptitud y la deshonestidad de los políticos. La gente reclama que nuevos dirigentes tomen su lugar. Por eso queremos llamar la atención sobre un obstáculo que estorba su aparición, limitando, inconstitucionalmente, el derecho a ser elegido. Se trata del Estatuto de los Partidos Políticos (ley 23.298), cuyo artículo 2 dice que "les incumbe en forma exclusiva la nominación de candidatos para cargos electivos". Es decir, los partidos detentan el monopolio de las candidaturas, aunque la ley pudorosamente haya evitado emplear ese término.
El artículo 38 de la Constitución dice de los partidos: "Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos". Es decir que les concede el derecho a postular candidatos sin cerrar el ejercicio del mismo derecho a otras formas de organización ciudadana, sean o no permanentes. También dice, en su artículo 19: "Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe". Por lo tanto, la ley 23.298 es inconstitucional, al impedir las candidaturas que no son postuladas por un partido, puesto que la Constitución no las prohíbe.
Monopolio cuestionado
Sin embargo, una reciente sentencia de la jueza María Romilda Servini de Cubría rechazó una demanda que cuestionaba la constitucionalidad de ese monopolio (la sentencia ha sido apelada ante la Cámara Electoral). Vale la pena hacer notar que casi todos los partidos se opusieron al progreso de la acción. Así lo hicieron el peronismo, el radicalismo, y también, en particular coincidencia, la Ucedé, Acción por la República, el Partido Comunista y el Frente Grande. Seguramente, los partidos intuyen que si surgen nuevos políticos que consigan orientar en sentido positivo el enorme caudal de los votos protesta, muchos de ellos van a desaparecer del mapa electoral. Por eso se agrupan en torno a la norma que disimula su menguadísima representatividad, haciéndolos canal forzoso de la voluntad popular.
Queda por verse cuál será la suerte de esa acción judicial que avalan muchos y serios argumentos. Pero no abrigamos dudas del éxito final del criterio que la inspira, aun en el caso de que sean necesarias otras demandas en el mismo sentido. No es de extrañar que tales acciones proliferen si la ley no cambia, pues la gente ha dejado de confiar en los políticos. El derecho a elegir y a ser elegido es de la esencia del sistema democrático y no debe someterse a los designios de ningún monopolio. Los partidos son un medio y no un fin en sí mismos. Las leyes que reglamentan el acceso a los cargos electivos deben estar al servicio de la gente común, que vota y tiene derecho a postularse, no al servicio de los partidos y sus dirigentes.
Diariamente comprobamos que, en medio de la peor crisis, la burocracia política no quiere ceder un ápice de su poder ni de sus prebendas. Por eso se aferra a una norma que nada tiene de democrática. Viene al caso recordar que fue una ley de la dictadura (22.627) la que otorgó ese monopolio a los partidos. Cuando buscaba una salida "ordenada", otorgó esa prebenda a los partidos que habrían de sucederla.
Es posible que un sistema electoral más fluido y transparente ayude a que los mejores argentinos salgan de su letargo y participen de la cosa pública. Platón decía que "el mejor castigo para un hombre que no se decide a gobernar es ser gobernado por otro inferior a él". De ese castigo ya tuvimos bastante. Si somos capaces de producir profesionales y técnicos que se destacan en los países más avanzados, no es imposible pensar que podamos también generar gobernantes capaces y correctos. Debemos hacerlo lo antes posible.
Por El autor es abogado especialista en derecho aduanero. Consultor de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
