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El diálogo político solo es posible con honestidad plena
La elección del 14 de noviembre arrojó un resultado extraordinario, se logró el equilibrio parlamentario entre oficialismo y oposición, permitiendo que el funcionamiento del Congreso de la Nación pueda resultar un control y contrapeso seguro a la acción del Poder Ejecutivo Nacional. De este modo, los riesgos de pervertir los postulados de la Constitución Nacional mediante el dictado de leyes infames que afecten a la propiedad privada, las libertades individuales o a las instituciones se encuentra bastante acotado. Esa es una gran noticia para nuestra democracia.
Esta nueva situación verdaderamente auspiciosa puede tener origen en una suma de barbaridades que sucedieron en tiempos de pandemia y que se encuentran muy bien reseñadas en la nota publicada por el director de LA NACION, Fernán Saguier, el 16 de noviembre pasado, con el título: “No hay disfraz para la derrota”, a lo que agrego el profundo rechazo que ciertos líderes del kirchnerismo y su jefa política generan en amplios sectores de la sociedad.
Este grupo faccioso populista no es una fuerza política más y, tal como lo ha señalado la justicia, es una organización criminal que llegó al poder para enriquecerse y hacer negocios millonarios a costa del Estado. La corrupción experimentada entre 2003 y 2015 y que atravesó todas las políticas públicas explica en gran medida nuestra decadencia económica, pero también moral y social.
Por eso, ni bien volvieron al gobierno, pusieron en marcha un plan de desmantelamiento institucional para lograr impunidad. En dicho contexto, se produjeron designaciones en puestos claves, como la Procuración del Tesoro de la Nación, el Ministerio de Justicia y la Agencia Federal de Inteligencia, atacaron a los jueces y fiscales que los investigaron, lograron nombramientos maniobrados políticamente desde el Consejo de la Magistratura, intentaron la reforma de la Ley del Ministerio Público Fiscal y, finalmente, cooptaron los organismos de investigación y control con incidencia en casos importantes, como la AFIP, la UIF y la Oficina Anticorrupción. De este modo, lograron la paralización de los juicios más importantes y, en el caso que investiga el pacto con Irán, soluciones privilegiadas que beneficiaron a Cristina Kirchner.
Es de esperar que este resultado electoral otorgue algún alivio a los jueces y fiscales, para que con las fuerza de la ley, independencia y valentía, avancen con la celebración de las audiencias en casos que hace más de dos años están prácticamente detenidos y, de este modo, se den las debidas respuestas a la ciudadanía y certezas a la imputada.
Debemos advertir que la autonomía e independencia judicial han sido puestas en crisis desde que asumió este gobierno. Es del manual castro-chavista intentar el control de este poder del Estado, como el eslabón más valioso para lograr impunidad, persecución y perpetuidad en el poder.
En estas elecciones se ha verificado el porcentaje más bajo de concurrencia desde la vuelta de la democracia, lo que importa sin dudas un llamado de atención para una clase política que genera cada vez más rechazo, desconfianza y desánimo en la sociedad. Por eso, esta victoria de la oposición debe tomarse con cautela y con gran responsabilidad, porque los resultados electorales no muestran que el cambio de rumbo hacia un desarrollo sustentable, con respeto institucional, obtenga un apoyo ensordecedor.
Hay un país entero esperando soluciones a problemas reales y sería deseable que las discusiones y decisiones de la política no se concentren en el egoísmo de buscar logros individuales, partidarios o el poder en 2023. No obstante, el diálogo político al que se convoca, tan necesario en una democracia y en este estado crítico de nuestro país, sólo es posible si se funda en valores relacionados con el respeto institucional, la verdad de las intenciones, si se encara pensando en el bien de la república en el largo plazo y no, en los intereses políticos mezquinos para salir del atolladero coyuntural. Requiere, además, de absoluta honestidad y transparencia, con la integridad como pilar fundamental sobre el que se sustente el manejo de los asuntos públicos.
Vicepresidenta Será Justicia, exvicepresidente Unidad de Información Financiera
