El Estado no debe capitalizar empresas

LA pretensión de ciertos empresarios de que el Estado nacional se haga cargo de sus pasivos bancarios, previsionales u otros, recibiendo a cambio porciones del capital accionario de sus empresas, debe ser desechada de plano. Aunque esa aspiración conlleve la idea de que las acciones han de ser vendidas después a capitales privados -el procedimiento requiere la segura absorción de quebrantos por el Tesoro-, implica el peligro de una reestatización de la economía e interfiere en la competencia en los mercados, lo que tiende a desalentar y desorientar la inversión.

Esa malsana práctica ha sido aplicada recientemente en dos casos, y ahora se propone utilizarlo también para la curtiembre Yoma, de La Rioja, fuertemente endeudada con bancos estatales, y para el frigorífico Yaguané, que se presume perteneció al grupo Samid y ha quedado a cargo de un grupo sindical.

Es fácil advertir el motivo de tal empeño; el Estado cargaría los pasivos sobre sus espaldas y libraría a los dueños de las empresas -o a sus acreedores- de los efectos de la falencia empresarial. La preservación de la fuente de trabajo va siempre puesta al frente de la demanda, en estos casos.

En la década del 60, nuestro país tuvo una amarga experiencia con este sistema, adoptado por la llamada ley ALPI , que abrió paso a la estatización de una importante cantidad de empresas con dificultades insalvables. El gasto público cargó con ellas por muchos años, hasta que fueron finalmente vendidas o cerradas.

El procedimiento que corresponde aplicar, en estos casos, está claramente establecido en las reglas del concurso preventivo y la quiebra, procesos que, sin embargo, suelen generar demoras burocráticas y críticas de diversa naturaleza. Para evitarlas, fueron introducidas importantes reformas en la ley de quiebras, que procuran dar a los acreedores o a terceros la oportunidad de adquirir la empresa y permitir, con la inversión y el saneamiento necesarios, que se mantenga en actividad, preservando así la fuente de empleo.

Caer en el facilismo que promete la capitalización por el Estado significa, de un modo o de otro, exigir al fisco que aporte fondos, resigne créditos y venda empresas, operaciones en las que inevitablemente lleva las de perder. Representaría, por otra parte, una pésima señal para la inversión, en cuanto exhibe una politización de la economía, con decisiones arbitrarias que favorecen a ciertas empresas y a ciertos empresarios y a otros no.

En los dos casos mencionados -¿pura coincidencia?- ambas empresas tienen relación con la economía de ganados y carnes, un sector que no ha logrado hasta ahora atraer la caudalosa inversión que necesita para crecer, mejorar su eficiencia y aprovechar los nuevos mercados que le están abriendo sus puertas. En el caso de la curtiembre, se agrega su notoria cercanía con el más alto nivel del poder público.

Las tentaciones facilistas en esta materia -como en otras- deben ser desechadas: sus efectos generan un costo económico y social generalmente más alto que el que se pretende eludir.

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