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El estratega expropiador
Suena irónico, por no decir gracioso, que en sus impiadosas resoluciones la jueza Loretta Preska insista en llamar “la República” a secas al país en el que la palabra república sobrevive herrumbrada y donde el adjetivo republicano pasó a aderezar en forma peyorativa el repertorio de insultos que casi todas las mañanas distribuye entre sus críticos el presidente de la Nación. El kirchnerismo, sujeto tácito del litigio judicial en cuestión, suele ser el menos fascinado con las virtudes republicanas, a las que con encomiable sinceridad en ocasiones dilapida.
La jueza le exige a la república que entregue el 51 por ciento de YPF a los fondos buitres demandantes por la estatización kirchnerista mal hecha (la causa se llama Petersen Energía Inversora SAU v. República Argentina, 15-cv-02739, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York). Seguramente ella está enterada de que esta es una tierra de paradojas. Algunas paradojas fueron observadas hace ya casi cien años por Charles Darwin, el padre de la teoría de la selección natural, quien luego de inspeccionar fósiles de grandes mamíferos en lo que hoy es la provincia de Santa Cruz se dejó un momento para evaluar a los nativos: “los habitantes respetables del país -dijo Darwin- ayudan invariablemente al delincuente a escapar; parecería que piensan que el hombre ha pecado contra el gobierno y no contra el pueblo”.
Con el tiempo las cosas se volvieron un poco más complejas. En primer lugar, delincuente y gobierno llegaron a conocer el fenómeno de la mimetización (casualmente la presidenta que estatizó YPF está presa, si bien debido a otras administraciones fraudulentas de las cuentas públicas que ella tenía a cargo). Gobernantes codiciosos hasta lo caricaturesco descubrieron un día que era posible anudar los negocios del Estado con los propios a niveles ultramillonarios siempre que se instrumentara a la par una estadía ad infinitum en el poder. La impunidad así estaba garantizada. Aunque la teoría nunca terminó de probarse.
Pues bien, la paradoja del día es esta: la jueza Preska, que vendría a encarnar “la ley” en el lenguaje de las películas norteamericanas y vista con anteojos kirchneristas sería una enemiga acérrima de la patria que se entromete en nuestro pacífico año electoral, parece que hará ensanchar otra vez la fortuna de los Eskenazi, familia que a instancias de Néstor Kirchner le compró YPF a Repsol en 2008 sin poner la mano en el bolsillo. Esa Darwin no la llegó a percibir, la república indemnizando por orden judicial extranjera a la familia de un banquero ligado al presidente santacruceño que ideó el negocio más extraño de la historia del Estado. Bueno, de la historia, desde el Estado.
Enrique Eskenazi y su hijo Sebastián eran el presidente y vicepresidente de YPF cuando un gobierno peronista estatizó con euforia mesiánica lo que otro gobierno peronista había privatizado, también con euforia mesiánica, trece años antes. De ellos dos se supo poco y nada cuando los reemplazaron en los cargos máximos el arquitecto Julio de Vido, una garantía de honradez, y el doctor en economía Axel Kicillof, garantía de eficiencia. A la estatización le siguió a los dos meses la quiebra en España del despechado Grupo Petersen Energía de los Eskenazi y la compra del 70 por ciento del juicio por parte del fondo Burford Capital. Al cual no le gusta que le digan fondo buitre, porque lo suyo no son títulos de deuda en default sino empresas quebradas que no pueden pasarse toda la vida en los tribunales.
Hay que tener espaldas para litigar años, décadas, además de 45 abogados, pero el rendimiento no está nada mal. Burford compró el 70 por ciento del juicio por 17 millones de dólares y la sentencia dictada en enero por la doctora Preska (lo de esta semana se refiere a su ejecución) dispuso pagar 16.100 millones. A lo que deberían agregarse los intereses, estimados en dos millones de dólares diarios. Eso significa, por ejemplo, que sólo durante las dos horas que ayer insumió la reunión de gabinete dedicada a analizar los pasos a seguir la deuda creció 166.666 dólares.
Ingeniero santafecino, Enrique Eskenazi, quien se había relacionado con Kirchner por ser el dueño del Banco de Santa Cruz, falleció en enero último a los 99 años. Su familia, que llegó a tener el 25 por ciento de YPF, es la que podría ser beneficiaria en el futuro de una indemnización que algunos cálculos hacen ascender hoy a los cinco mil millones de dólares, probablemente en bonos, más o menos lo mismo que Kicillof arregló pagarle en 2014 a Repsol por la expropiación de media compañía. Es cierto que con ese dinero tendrían que arreglar primero con los acreedores de su quiebra. Perspectiva que dificulta el cálculo preciso del saldo final.
Los Eskenazi tal vez desearían hacer suyo el slogan de Kicillof “derecho al futuro”. También podrían decir “el que ríe último ríe mejor”. Pero puede sonar engañoso, no se trata acá de una revancha clásica. Ellos partieron de cero. Cero, perdón por repetirlo, es la cantidad de dólares propios que pusieron, gracias a la habilidad con los números y la imaginación aplicada que tenía Néstor Kirchner, cuando compraron una de las cinco petroleras más grandes de América latina.
Lo que habilitó el reclamo judicial del grupo Petersen y del fondo Burford fue la soberbia activa de Kicillof (por entonces viceministro de Economía de Hernán Lorenzino), cuya estrategia ignoró a los socios minoritarios de la compañía. Para eso se salteó adrede las exigencias del estatuto de YPF. Cosa que lo enorgulleció. “Tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido”, fundamentaba en medio de los festejos realizados por la manera infalible en la que se concretó la sonora expropiación. Se estaba haciendo patria. En esa época su slogan no era “derecho al futuro” sino, tal vez, derecho al presente.
Kicillof es como un perseverante líder estudiantil que no se rinde, mucho menos ante la oportunidad de conectar lo que él llevó adelante aquel año con lo que está sucediendo ahora. Lo grave, dijo en la conferencia de prensa que ofreció ayer, es que Milei gobierna la Argentina. Diagnóstico que exhibe su dificultad para concentrarse en el tema de los 14 días que la jueza neoyorquina le dio a la república para entregar el 51 por ciento de las acciones de YPF a los fondos demandantes y la perspectiva aciaga para el país de enfrentar la ejecución de una sentencia por una cifra impagable. ¿Alguna solución en mente?
El gobernador acusó a Milei de querer privatizar YPF. Conclusión a la que llega por la estrafalaria vía de equiparar a la jueza Preska con su antecesor, el “senil” Griesa, a quien el kirchnerismo insultó con método pero sin mejorar un ápice la encerrona de los fondos buitres. Griesa, quien ya falleció, exasperaba a Cristina Kirchner. Dijo ella en 2017: “a lo mejor me van a mandar presa la próxima vez que vaya a Nueva York, voy a ir igual, les aclaro”. Pero no fue. Además de que tiene prohibida la entrada en Estados Unidos surgieron algunos contratiempos locales.
Los jueces neoyorquinos son operadores políticos, repite quien fuera el estratega de la mayor expropiación argentina contemporánea. Por eso Milei viajaba tanto a Estados Unidos, dice. “Estoy convencido de que ningún juez argentino, por más que sea simpatizante de un lado o del otro, puede acordar con un fallo como este, de un juez extranjero”. ¿Se enredó? Está diciendo que los jueces locales podrán perseguir a Cristina Kirchner, podrán proscribirla, pero a los niveles de injusticia de la doctora Preska no llegan.
La idea rectora, vienen por lo nuestro. Antiimperialismo ancestral, nacionalismo nostálgico que Kicillof recrea cada vez que en su despacho levanta la vista, mira la pared y se encuentra con los ojos azules, inquisidores, de Juan Manuel de Rosas.
