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El fantasma de Brasil, Colombia y las maras
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El ejemplo de Brasil, Colombia y algunos países de Centroamérica -en donde organizaciones ilegales dominan zonas urbanas y suburbanas y brindan a los habitantes servicios propios de la función estatal- preocupa a quienes manejan la seguridad en el país, admiten en privado algunos funcionarios nacionales.
En San Pablo, el Primer Comando de la Capital (PCC), el principal grupo del crimen organizado paulista, paralizó con su violencia a la mayor ciudad de América latina y demostró que puede obligar al Estado a aceptarlo en la mesa de negociación. En Río, el poder narco ofrece a los habitantes de las favelas servicios de salud, ayuda económica y protección, tal como debería hacerlo el Estado, que no puede entrar allí. En Colombia, la sociedad entre las FARC y el narcotráfico le ha arrancado al Estado su dominio de buena parte del territorio nacional. Mientras tanto, el avance de las maras -bandas de jóvenes delincuentes que ya sumarían 500 mil integrantes en distintos países de América Central- comienza a preocupar también en EE.UU., a donde han llevado su modus operandi.
Es obvio que las diferencias con nuestro país son muchas, pero lo que preocupa son las semejanzas, porque todos esos casos comparten un origen común: son producto de complejos procesos de miseria y exclusión social en los que el narcotráfico encontró tierra fecunda para sus negocios.
Mariano Ciafardini, director nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, habla claramente de un problema preocupante que la Argentina comparte con los demás países latinoamericanos: la tolerancia al crimen organizado y la participación de funcionarios en redes de ilegalidad. Lo expresó en su libro Delito urbano en la Argentina. Las verdaderas causas y las acciones posibles , en donde, justamente, denunció el fracaso del Estado argentino en el combate contra la inseguridad. "Las estructuras policiales -denuncia- han sido usadas como redes recaudadoras tanto de los ingresos provenientes directamente de hechos ilícitos (piratería del asfalto, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, cuatrerismo, etcétera) como del regenteo o concesión de actividades prohibidas, como la prostitución o el juego clandestino, o el cobro de ´cánones vendiendo extorsivamente protección."
En diálogo con LA NACION, Ciafardini destacó que la tasa de homicidios sigue siendo mucho más baja en la Argentina que en Brasil o Colombia y aseguró que nuestro país aún está a tiempo de revertir su situación, si es que existe decisión política.
Sin embargo, no se conoce ningún plan oficial para enfrentar el crimen organizado. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, y el ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, no respondieron la consulta de LA NACION al respecto. Pese a ello, el mismo Kirchner parece estar preocupado por la participación de ciertos sectores del Estado en la trama del delito. Al presentar en la Casa Rosada un Plan Nacional de Desarme, el 9 de agosto último, el Presidente miró fijamente a los jefes de las Fuerzas Armadas y de seguridad presentes y, apuntando con un dedo, les recriminó: "Terminar con el comercio ilegal en esas instituciones es responsabilidad de sus jefes y no deben tener contemplaciones con los responsables".
Aunque el abogado Alejandro Corda, miembro de Intercambios, asociación civil que se ocupa de problemas relacionados con las drogas, coincide con el resto de los especialistas en que las organizaciones criminales en nuestro país no tienen la misma magnitud que en Brasil o Colombia, señala que, en los últimos años, la posición de la Argentina en el narcotráfico cambió, porque dejó de ser un país de tránsito para ser un país productor de cocaína. Pese a las diferencias, dijo, los denominadores comunes son la pobreza, la marginalidad y la connivencia de miembros del Estado con el crimen organizado.
Gustavo Lesbegueris, defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, trabajó en la Villa 20 de Lugano a raíz de los crímenes de Ezequiel Demonty, que en 2002 murió a los 19 años tras ser arrojado por la Policía al Riachuelo; y de su compañera de escuela, Camila Arjona, que en 2005 fue asesinada también por la Policía cuando tenía 14 años y estaba embarazada de cinco meses. Según Lesbegueris, en estos casos, la Justicia probó claramente cómo el aparato estatal se utilizó con fines ilícitos.
"Los pobres son quienes más padecen la inseguridad y la violencia -dijo-.Y se sabe que los recursos del Estado son limitados. Por eso, la cuestión radica en cómo utilizarlos y distribuirlos. La diferencia Norte-Sur en la ciudad de Buenos Aires es clara, tanto en materia de inversión en infraestructura escolar como en otras áreas, como seguridad.
"En la Argentina el Estado puede ingresar e intervenir en cualquier parte de su territorio, siempre que tenga decisión política y destine recursos. El problema, en todo caso, es cómo lo hace para garantizar ciudadanía para todos", dice Gustavo Palmieri, director del programa Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
¿Un ejemplo? Antes de que la Gendarmería Nacional llegara al barrio Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache, se decía que allí las fuerzas de seguridad no podían entrar. Lo mismo se escucha a veces de la Villa 1.11.14, ubicada en el Bajo Flores, la más conflictiva de la ciudad de Buenos Aires, según la Política Federal.
Para Corda, en cambio, en algunas villas de la Argentina, el control del Estado es más bien perimetral y esporádico, con intervenciones específicas y puntuales.
Falta de alternativas
Alejandro Estévez, profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y director de la ONG Polipub.org -dedicada a políticas públicas participativas-, comparte con Ciafardini el diagnóstico de que la Argentina aún está a tiempo y postula que el camino sin retorno comienza cuando el delito se transforma en estrategia de vida. "El problema de Brasil y Colombia es que la delincuencia está institucionalizada por falta de otra alternativa. En la Argentina hoy no es tan así, aunque esto no significa que el peligro no exista", dice.
Estévez explica su punto de vista: "En los países de alta desigualdad social, la pobreza de las ciudades encontró contención social y organización en el delito. Entonces, las favelas se transformaron en algo ingobernable para el Estado, pero no para las redes de narcotraficantes, que se nutren allí de mano de obra y reclutan gente para sus ejércitos, actividades de tráfico y, eventualmente, consumidores". Para el profesor, "cuando la exclusión social se asocia con el narcotráfico como estrategia de supervivencia y de organización social, sonamos".
Ciafardini coincide en este punto, aunque en su libro precisa que la mano de obra para los crímenes no aparece generalizada en todas las franjas de la pobreza sino que está concentrada en áreas de marginalidad, principalmente en varones de entre 17 y 27 años, que también son las principales víctimas de estos hechos.
En las favelas de Brasil, la única esperanza de un pobre es ingresar en las redes de narcos. Se corta el lazo con el empleo formal o informal de tipo legal y se empieza a valorizar el delito como forma de ganarse la vida, explica Estévez. En Centroamérica, sobre todo en Guatemala, la gran exclusión social hizo que se formaran grandes grupos de jóvenes sin familia, que encontraron en pandillas juveniles su "familia extendida". Entonces, las maras le suministran contención social a los jóvenes pero, al mismo tiempo, los entrenan e inician en el delito y el tráfico de drogas. Son pandillas muy violentas: sus miembros andan armados y drogados, y no dudan en matar a sus rivales o víctimas sin ningún tipo de piedad.
Por ello, para él, en la Argentina hay que trabajar sobre la equidad para que la juventud tenga la capacidad de armar un proyecto de vida. "Hay que evitar a toda costa que la pobreza se identifique con el delito o lo nutra, porque ahí los sectores dominantes locales empiezan a ver al pobre como sinónimo de delincuente, y entonces comienzan los escuadrones de la muerte, los asesinatos selectivos de dirigentes barriales, etcétera, como ya ocurre en Brasil, en Colombia mismo, o en Centroamérica. Cuando empiezan estas muertes se pierde todo sueño de una mayor integración social y, en el fondo, se desata una guerra civil silenciosa".
Para Horacio Cattani, camarista federal porteño y profesor de la UBA, es necesario tener en cuenta que la preocupación de la comunidad internacional respecto del crimen organizado se centra en la realidad de que no se trata de un grupo amenazante que proviene del extranjero (por ejemplo, la mafia china o la mafia rusa) sino de múltiples organizaciones que se dedican al delito actuando como empresa, es decir, suministrando bienes y servicios ilícitos o bienes lícitos adquiridos con medios ilícitos.
"Cuando estas organizaciones ejercen control territorial -advierte Cattani-, el recurso a la violencia es escaso porque basta la coacción (violencia amenazada), la compra de voluntades y de impunidad mediante la corrupción. Cuando se trata de la conquista de mercados, la violencia puede ser mayor, tanto intra como extra organizaciones. Estos grupos, que aprovechan las ventajas de la globalización, siempre cuentan con un refugio nacional".
