El fin de la aventura confiscatoria
En el mundo de los negocios internacionales las avivadas no tienen cabida
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PARA LA NACIONEmilio J. Apud
Tardaron dos años para darse cuenta de que la confiscación no es el método adecuado para hacerse de activos de una empresa y por eso se pagaron costos muy altos. Recordemos si no el largo e infructuoso peregrinar de Miguel Gallucio. El problema es que esa desafortunada decisión la pagamos todos los argentinos.
Lo llamativo de la experiencia confiscatoria, mal que le pese al jefe de Gabinete, fue el consenso que consiguió al momento de aprobar la ley llamada de "recuperación de la soberanía energética" cuando en realidad generó más dependencia. Salvo el Pro y un par de legisladores pertenecientes al denominado peronismo disidente, aprobaron el proyecto y en contados casos se abstuvieron. Esta actitud es preocupante ya que está indicando que en amplios sectores de la oposición priorizan la especulación política y el festejo circunstancial por encima de los intereses del país.
Esa aventura confiscatoria significó retrasar un eventual proceso conducente a atraer inversiones. Los que nos opusimos en su momento, advertimos al Gobierno, a los partidos y legisladores de la oposición de las consecuencias que tal actitud conllevaría. Lamentablemente, los hechos nos dieron la razón.
El acuerdo permitió al Gobierno salir de la figura de confiscación a la de una expropiación; aunque tardía e irregular, al menos mostró una voluntad de enmendarse
Pero veamos la parte positiva del acuerdo alcanzado recientemente con Repsol: permitió al Gobierno salir de la figura de confiscación a la de una expropiación; aunque tardía e irregular, al menos mostró una voluntad de enmendarse. Como se sabe, hay una ley de expropiaciones que establece, a través de su regulación, el procedimiento a seguir en caso de considerar el Estado que una actitud de esa naturaleza significará un beneficio neto a la sociedad.
Los hechos demostraron que lo que motivó esa confiscación fue obtener ventajas políticas y económicas por afuera del contrato de concesión de Repsol y de los intereses de las provincias, quienes ostentan el dominio de las riquezas reales y potenciales del subsuelo. Fue una clásica avivada criolla, pero no tolerada en el contexto internacional. Efectivamente, la película comenzó con la intención barrial de manotearle a Repsol, en ese entonces despectivamente los gallegos, Vaca Muerta y otros activos en YPF, amenazando no sólo con no pagarles sino exigiéndoles un pasivo ambiental por más de US$10.000 millones, anunciado entusiastamente por el entonces viceministro de Economía. Pero dos años después se llega a endeudar al país en más de US$9.000 millones que incluirán el debe de por lo menos los próximos dos gobiernos; mientras tanto, hemos acrecentado el desprestigio y la desconfianza internacional: prueba de ello es la magnitud de las inversiones conseguidas en este lapso y las concesiones que hubo que hacer para lograrlas.
Sería bueno que este episodio sirva como experiencia a no repetir. En el mundo de los negocios internacionales las avivadas no tienen cabida; y eso es más costoso todavía cuando caemos en la cuenta de la envergadura de las inversiones que necesitará la Argentina durante los próximos 30 años.
