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El FMI, un surco seguro para Luis Barrionuevo en la Uatre
Sergio Massa tiene su mejor momento en el oficialismo cuando Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández atraviesan el peor de su relación. Ahondada con la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos (FDT), esa crisis lo coloca en una situación de cierto privilegio pero no libra de complicaciones a su plan original: ser el candidato natural a suceder al presidente. Sobre todo porque el rechazo del kirchnerismo al acuerdo con el FMI modifica las condiciones de su sociedad política con Máximo en la Cámara de Diputados.
Como su presidente, Massa tendrá que negociar con el jefe de La Cámpora la agenda de cada sesión antes que con otras fuerzas si desea obtener quórum. Sus 28 delegados votaron contra el acuerdo y promovieron 13 abstenciones. Es muy difícil que la oposición vuelva a prestar la ayuda extraordinaria que dio para no caer en default. Aunque no se oficialice, la fractura del FDT en el Congreso es parte de la estrategia para conservar el control de las principales cajas del Estado.
Pero también el primer desafío de una escalada que obligue a Fernández a incursionar en un régimen que prefiere eludir: cumplir promesas. La que le importa a Cristina no fue contraída con ella si no con los seguidores más fieles del Presidente. La CGT y los movimientos sociales. Es decir, los organizadores del acto del 17 de noviembre en Plaza de Mayo donde anunció que todos los cargos electivos del 2023 se definirían en una PASO.
Cristina descuenta que si respalda un candidato en esa instancia, Fernández desistirá de competir por su reelección. Es posible que espere lo mismo de Axel Kicillof. Wado de Pedro y Martín Insaurralde asoman como sus favoritos para llevar adelante la proeza de recrear la expectativa del electorado con un nuevo turno del Frente de Todos en el gobierno nacional y el bonaerense.
El ministro del Interior y el jefe del Gabinete bonaerense tienen un atributo del que carecen Fernández y Kicillof. Pero también Massa. Controlan Mercedes y Lomas de Zamora, los municipios de los que provienen. Massa intenta no perder posiciones y suplir esa falencia con su agenda. Los contactos en Juntos le permitieron sancionar el acuerdo con el Fondo. Antes de eso, los que mantiene con el gobierno demócrata de Joe Biden, pero en especial con representantes del partido republicano en el Capitolio, contribuyeron a destrabar las negociaciones con ese organismo.
Fernández tuvo que reconocerlo. Designó a Matías Tombolini como titular de Arsat. Para eso el economista renunció a la vicepresidencia del Banco Nación. Lógico. A un costo estimado de 250 millones de dólares, la empresa estatal de comunicaciones construye su cuarto satélite (Arsat SG2) para ampliar sus servicios de transmisión de datos. Sobre todo a las provincias.
La astucia de Massa para avanzar en el gobierno sin rozar los intereses de La Cámpora casi tropieza el día que se debatió en Diputados el acuerdo con el FMI. La intervención a la Uatre, el sindicato de peones rurales, parecía un hecho el 10 de marzo. Su secretario general, José Voytenko, estuvo a punto de lograr lo que sigue pareciendo imposible. Una acción coordinada en la que coincidan Cristina, Alberto y Máximo.
Luis Barrionuevo estuvo detrás de lo que pudo ser ese milagro. La asunción de José Voytenko en la Uatre tras el deceso de Ramón Ayala a fines de 2020 activó su disputa por el control del gremio con Juan Castro (Córdoba) Roberto Penacci (Santa Fe) y Jorge “Pocho” Dávalos (Florencio Varela), dirigentes históricos a cargo de las seccionales con más afiliados y vinculados a Ayala por su antecesor: el también extinto Gerónimo “Momo” Venegas.
Los tres consiguieron fallos favorables de la Justicia laboral en primera y segunda instancia contra la expulsión de la Uatre resuelta por Voytenko tras acordar el regreso de Pablo Ansaloni, otro desplazado, a la titularidad de Osprera, la obra social de Uatre. Massa intervino en esa reconciliación a través de Raúl Pérez, jefe de sus asesores en el Congreso. Ansaloni fue electo diputado nacional por Juntos, pero en 2019 pasó al bloque Unidad y Equidad Federal, aliado del FDT.
La nueva paz fue exhibida a fin de año en Colón, provincia de Buenos Aires. Massa, Pérez, Voytenko y Ansaloni, asistieron a la apertura de una nueva sede de Osprera. Probable origen de lo que seguro es una patraña: el rol de consultor político de Pérez con Ansaloni. Podría ser inquietante si es cierto que Osprera financió salarios de Uatre por el congelamiento de los cinco mil millones que tiene en Banco Nación. Una aparente irregularidad para superar la medida cautelar de la Justicia laboral a favor de los expulsados. Castro era el tesorero.
El desconocimiento del Ministerio de Trabajo a la asamblea que confirmó en su cargo a Voytenko mantiene en suspenso su representación gremial y la del sustituto de Castro. Para liberar esos fondos se precisa la firma de los dos. Situación apropiada para otra malicia. Las expulsiones fueron sucedidas por el seguro de vida que pactó Voytenko con “El surco” para sus afiliados, desconociendo el vigente con “Sol naciente”.
Jorge Gianni preside “El surco”, que tiene a Julio Comparada en su directorio. Los dos están ligados a Barrionuevo, a quien Voytenko llegó por Carlos Acuña, su delegado en la CGT y como él nacido en el Chaco. Una aparición tan provincial como la de Gustavo Vera para conectarlo con Pablo Moyano y reparar el supuesto desdén del resto de la central obrera.
La Uatre paga unos 200 millones de pesos mensuales en seguros de vida con el descuento de 500 pesos al salario de sus 400 mil afiliados. La baja siniestralidad de esas pólizas le da una rentabilidad que desata fantasías. Como la supuesta participación en las ganancias exigida por algunos sindicalistas. Aprovechar el bajo riesgo de muerte para hacerse de “la viva”: nueva denominación de los retornos y una curiosa incursión de esa semántica en la bioética.
“Sol naciente” es del grupo Néspola, que expandió sus servicios de sepelios a los seguros. Rubro al que por sus antecedentes suele asociar a Claudio Moroni. La denuncia penal de Voytenko en su contra aceleró la convicción del Presidente para atender el pedido de Cristina: cesar la intromisión de Barrionuevo en Uatre. Por intermedio de Martín Rodriguez, Máximo le habría hecho saber a Fernández que “algo había que hacer”. Todo se precipitó cuando renunció a conducir el bloque del FDT ese día. El mismo en el que desoyó a Massa, que lo instó a no hacerlo hasta conversar con él. Lo que dio lugar a otra bellaquería: su preocupación por la suerte de Ansaloni si se concretaba la intervención pedida por Cecilio Salazar. El intendente de San Pedro es dirigente de Uatre y quería que Moroni designe un delegado normalizador para convocar a elecciones anticipadas. Es lo que conversaba con Máximo y Fernández a través de Rodríguez, vicepresidente del PAMI.
La nueva situación dejó en suspenso a ese plan. Igual que el fallo del juez federal de La Pampa, Juan José Baric, que obligó al Banco Nación a destrabar los fondos de la Uatre. Quizás un alivio para “El surco”. Pero también para Barrionuevo, embarcado en un litigio con Graciela Camaño para dividir bienes. Una disputa que memoriosos oficialistas comparan con la de la aguerrida senadora Juliana Di Tullio y Juan Bontempo, su antigua pareja y extitular de la Superintendencia de Seguros.
