El Gobierno quiere jubilar a la Justicia independiente
El proyecto del Poder Ejecutivo de reforma al régimen jubilatorio de los magistrados judiciales no debería ser aprobado tal cual fue remitido. En todo caso, merecía un análisis muy detenido, con participación de todos los sectores involucrados en el quehacer forense y teniendo a la vista un informe sobre la situación financiera del régimen previsional establecido por la Ley 24.018 (y sus modificatorias), pero, claro está que todo ello es incompatible con el apuro con que el oficialismo lo pretende tratar.
Sabemos que el kirchnerismo es ducho en presentar bajo el ropaje de nobles propósitos finalidades que solo procuran socavar el sistema republicano.
Esta iniciativa se funda, según se alega, en el principio de igualdad ante la ley, que es un pilar del sistema republicano. Se sostiene que los jueces, fiscales, defensores y demás magistrados judiciales no deberían tener privilegios, sino el mismo régimen previsional que el resto de los argentinos.
En primer lugar, es erróneo hablar de privilegios. La Corte Suprema de Justicia ha señalado reiteradamente que la igualdad ante la ley significa no tratar en forma distinta a lo que es similar, pero no excluye el establecimiento de regímenes diferenciados, siempre que sean razonables.
Hay razones institucionales para que los magistrados gocen de un sistema especial. Mal podría hablarse de inconstitucionalidad cuando la propia Constitución nacional les garantiza la intangibilidad de los salarios como mecanismo, junto a la inamovilidad en sus cargos mientras dure su buena conducta, para garantizar su independencia. Es cierto que nada dice la Constitución de las jubilaciones de los magistrados, pero en 1853 no existía un sistema previsional. No es irrazonable interpretar la protección de esos haberes como una extensión de la protección salarial.
Además, la función de los magistrados es exclusiva y, salvo la docencia, no pueden ejercer ninguna otra actividad, lo que permita justificar un tratamiento especial para esta categoría de trabajadores.
Por último, no se trata solo de un interés particular, sino que nos conviene a todos los argentinos tener buenos jueces, independientes e idóneos, porque de ellos depende la real vigencia de nuestros derechos y, en definitiva, de la República.
Por otra parte, los magistrados han venido aportando más que el resto de los trabajadores para contar con una jubilación más cercana al haber que percibían en actividad. Por lo demás, los aportes que realizan es sobre la totalidad del salario, a diferencia del régimen general en el que se prevé un tope por el cual nadie realiza aportes de los 159.700 pesos.
Transferirlos intempestivamente al régimen general significaría entonces afectar su derecho de propiedad, ya que el Estado los habría obligado durante muchos años a realizar pagos sin causa.
Esto no significa que no se puedan introducir algunas reformas que tiendan a una mayor equidad en todo el sistema, pero sería inicuo que quienes han aportado gran parte de su vida en la expectativa legítima, amparada por la legislación vigente, de que tendrían determinado régimen previsional, de buenas a primeras pierdan esos beneficios, para los que han contribuido más que otros.
En definitiva, creo que el tratamiento diferenciado se justifica en este caso. Pese a ello, insisto, es posible analizar modificaciones en el régimen, pero estas deberían apuntar sobre todo al futuro, preservando los derechos de aquellos a quienes el Estado les aseguró durante décadas un cierto sistema especial, justificado por sus mayores aportes y por las razones institucionales apuntadas.
Comprendo que para el ciudadano medio esto puede significar un privilegio, pero debemos resaltar la enorme importancia de atraer a los abogados mejor formados a la carrera judicial. Que no pague la enorme mayoría por la existencia de algunos magistrados corruptos. A estos no les importa el sistema previsional. Se han preparado muy bien para afrontar las contingencias de la vejez. En cambio, estamos viendo en estos días cómo magistrados intachables renuncian en virtud de este proyecto. El kirchnerismo logra así una reforma judicial indirecta, porque podrá llenar las vacantes con sus acólitos. La República, que se alega preservar con esta iniciativa, será sin dudas la principal afectada.
