El impacto de las nuevas denuncias de Bachelet contra torturas en Venezuela

La activa dirigente socialista chilena, Michelle Bachelet, que es la ahora Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, acaba de ampliar su devastador informe sobre la trágica situación de los derechos humanos en Venezuela.

El espacio democrático en ese país, nos alerta, puede seguir reduciéndose muy rápidamente. La próxima sanción de una ley que de pronto criminalizaría las actividades de las asociaciones y organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos cuando ellas reciben contribuciones desde el extranjero, parecería ser el próximo lamentable paso de una dictadura que, conducida cada vez más claramente desde La Habana, no cesa de alejarse cada vez más de la defensa de los valores centrales de la democracia.

Así lo señaló en las últimas horas al mundo entero la mencionada Michelle Bachelet. No obstante, miembros de su equipo acaban de volver a ser autorizados a visitar la infame prisión militar de Ramo Verde en la que están "alojados" algunos de los principales disidentes venezolanos.

Bachelet mostró asimismo su profunda preocupación por el ahora acelerado recorte de las autonomías universitarias en el debilitado país caribeño, en busca de volver a esas casas de estudios superiores en verdaderos "lacayos institucionales" del Estado venezolano. Nuevamente, como en Cuba.

A todo lo que Bachelet agregó un nuevo llamado a liberar a la perseguida jueza María Lourdes Afiuni, que sigue presa por sus opiniones. Así como una reiteración de su gravísima denuncia sobre las torturas y ejecuciones extrajudiciales que son, nos dice, práctica sistemática y habitual de las fuerzas de seguridad venezolanas. Como también sucede, desde hace rato, en Cuba, nuevamente. Sumando asimismo un llamado a no perseguir, ni amenazar, con represalias a quienes de pronto colaboran con las tareas humanitarias que están a cargo de las Naciones Unidas y tienen que ver con Venezuela.

Por todo lo antedicho, Bachelet merece nuestro reconocimiento y el más amplio apoyo. Pero, pese a las denuncias de Michelle Bachelet, lo cierto es que el régimen autoritario de Nicolás Maduro, más allá de las gravísimas acusaciones de torturas y violaciones a los derechos humanos, podría, de pronto, tener la posibilidad de asegurarse un sitio nada menos que en el propio Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Establecido en el año 2006 ese organismo está conformado por 47 Estados Miembros. De ellos, con un criterio de distribución regional equitativa, 8 sitios corresponden a América Latina y el Caribe. Los miembros del Consejo se mantienen en sus cargos por tres años. Pero no son elegibles para una reelección inmediata después de participar en el Consejo por dos períodos consecutivos.

El 31 de diciembre del año en curso expirarán los mandatos de Brasil y de Cuba. Brasil puede postularse a un segundo término consecutivo y es altamente probable que así lo haga. Cuba, en cambio, ya cumplió sus dos períodos consecutivos y, por ende, no puede continuar en el Consejo.

El caso de Cuba –dicho sea de paso- muestra cómo los países más autoritarios del mundo procuran integrar el Consejo, no para cooperar lealmente con él, sino para, desde su interior, tratar de impedir que el Consejo denuncie sus propias violaciones a los derechos humanos, obteniendo información privilegiada y realizando toda suerte de maniobras para mantenerlo alejado e impotente.

Lo que parece realmente increíble, como muestra de absoluta descoordinación de en la política exterior de América Latina, es que Venezuela sea el único candidato para reemplazar a Cuba. No es una casualidad, sino que quiere integrar el Consejo para realizar, desde adentro del mismo, la misma labor impeditiva que realizara Cuba. Los demás países de la región, al no presentar candidatos, están de alguna manera consintiendo con que Venezuela se integre al Consejo. Esto pese a que en Venezuela impera la tortura y se pisotean abiertamente los derechos humanos de su pueblo, como nos asegura Michelle Bachelet.

José Miguel Vivanco, desde su cargo en Human Rights Watch, acaba de señalar que la elección de Venezuela para el Consejo sería "realmente escandalosa". Y tiene, ciertamente, razón.

Para Brasil y la Argentina sería una contradicción en materia de política exterior, respecto de sus coincidentes posiciones de rechazo al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Pero por el momento ambos países no están haciendo nada para impedir que Venezuela consume su proyecto, lo que ciertamente no solo les haría daño individualmente, sino que significaría una mancha en la política exterior regional, que además mostraría no sólo descoordinación, sino la falta de influencia de ambos países en la elaboración de los ejes principales de la política exterior de América Latina.

La gran pregunta es: ¿es y ya demasiado tarde para presentar otro candidato? Pero lo cierto es que no hay demasiadas alternativas. No hacer nada respecto de este tema envía un mensaje al exterior realmente incomprensible. No sólo eso, permite que un país que viola escandalosa y sistemáticamente los derechos humanos de su pueblo ingrese al organismo multinacional encargado de defenderlos. Sería no sólo una vergüenza, también un descrédito.

La Venezuela autoritaria, como Cuba, quiere frustrar, desde adentro, la actividad que conforma la esencia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En otras palabras, torpedear su labor e impedir que, con ella, se pongan sobre la mesa las tristes realidades internas de ambos países.

Venezuela ya estuvo en el Consejo en el año 2012. Por ello, seguramente sabe que, desde adentro, se pueden frustrar o limitar sus objetivos, de una manera u otra. Con la experiencia ya acumulada, Cuba y Venezuela seguramente conocen cuáles son las posibles vías para minimizar o impedir la labor que es la razón de ser misma del Consejo: la defensa de los derechos humanos.

Cuando nuestro presidente se apresta a viajar a Nueva York para –precisamente- participar en la apertura del nuevo período de la Asamblea General, con un discurso desde el podio de su sala de sesiones, nuestro país no puede dejar de señalar que Venezuela no debiera participar en el Consejo y anunciar, por lo menos, que nuestro país no votará favorablemente su candidatura, evitando así hacer lo que, de otra manera, sería un imperdonable ridículo.