Violencia de género
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El indispensable registro de violadores
Junto con la restricción de las excarcelaciones, la publicidad de la nómina de condenados por delitos sexuales permitirá disminuir estos hechos aberrantes
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LA NACION
La imparable sucesión de femicidios y ataques sexuales a niñas y adolescentes, a veces seguidos de muerte, como ocurrió con el resonante caso de Micaela García en Entre Ríos, ha vuelto a mostrar la imperiosa necesidad de contar con dos herramientas indispensables en la lucha contra esos crímenes aberrantes. Se trata del registro nacional de violadores y la restricción de las excarcelaciones para esta clase de delitos y otros de similar gravedad.
En ambos casos, se está a la espera de que finalice el tratamiento legislativo de los respectivos proyectos en la Cámara de Diputados, donde el del futuro Registro Nacional de Delincuentes Sexuales (Renadese) cuenta desde anteayer con dictamen de comisión.
El caso de Micaela García resultó esencial para el impulso de estas iniciativas. Las marchas con la leyenda "Ni una menos" y la creciente y a veces morbosa cobertura televisiva de crímenes de niñas, adolescentes y mujeres han contribuido a una mayor toma de conciencia y a un aumento de las denuncias, pero de ninguna manera se ha logrado una disminución de esos crímenes.
Es sabido que muchos violadores reinciden en el mismo delito tras haber cumplido la pena o ser beneficiados con una excarcelación. Algunos estudios hablan del 95%. Cuando se trata de un psicópata, el violador indefectiblemente volverá a violar. Por lo tanto, es preciso adoptar medidas especiales.
Como señalamos hace poco en esta columna, el sospechoso de haber violado y luego asesinado a Micaela García cumplía una pena de prisión de nueve años por haber violado a dos chicas cuando, el año pasado, el juez de ejecución penal de Entre Ríos Carlos Alfredo Rossi, en una decisión casi criminal, le otorgó la libertad condicional sin hacer caso de los informes negativos sobre el condenado elevados tanto por el cuerpo de peritos del Poder Judicial como del servicio penitenciario entrerriano. A poco de encontrarse el cuerpo de Micaela, se supo que los padres de una adolescente de 13 años denunciaron que el mismo sospechoso habría intentado abusar de su hija dos días después de la muerte de Micaela. De haberse restringido las excarcelaciones, Micaela estaría viva, y también muchas otras jóvenes.
La Cámara de Diputados aceptará los cambios que el Senado introdujo en la ley de ejecución de penas, norma en la que se basan las excarcelaciones. Los senadores redujeron el número de delitos pasibles de beneficiarse con excarcelaciones, excluyendo el homicidio agravado, la trata de personas, los delitos contra la integridad sexual, la tortura seguida de muerte, el narcotráfico y el contrabando agravado.
En cuanto al registro, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados finalmente aprobó el miércoles pasado el dictamen de mayoría para esa base de datos, cuyo objetivo es proporcionar información pública sobre los condenados por esos delitos.
Esta iniciativa apunta a complementar la ley aprobada en 2013 que dio origen al Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual, norma recientemente reglamentada por el Gobierno, pues sólo incluye la información genética de los violadores, que no es pública.
El Gobierno firmó un convenio con el FBI para usar el mismo sistema que ese organismo norteamericano emplea para registrar y comparar muestras de ADN. Se trata de un sistema que ya está en uso en 150 países, entre ellos Chile, México, Uruguay y Brasil, y que sirve exclusivamente para las investigaciones judiciales y no para la prevención.
En cambio, la publicidad del registro con la nómina de los condenados sí tiene valor disuasivo y permite prevenir a la población acerca de la presencia de ex violadores en el barrio. El proyecto propone publicar el nombre de los condenados, una foto actualizada, el domicilio, el DNI, la carátula de la causa por la que fue sentenciado, tanto en la página web del Ministerio de Justicia de la Nación como en las páginas de las provincias, y dispone que ese ministerio debe ocuparse de actualizar los datos del registro.
Según el diputado Diego Mestre (UCR), presidente de la Comisión de Justicia, este sistema ya se emplea en los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. "Esta ley tiene el acompañamiento de la Asociación de Víctimas de Violaciones (Avivi) y las Madres del Dolor ", agregó.
Debería crearse, además, un registro nacional y de muy fácil acceso con la nómina de los maestros pedófilos. Deberá ser nacional para evitar que los docentes que incurren en ese delito luego se trasladen a otra provincia para reincidir.
No caben dudas de que el carácter público del registro podría operar en contra de la reinserción social y laboral de quienes, habiendo delinquido, ya cumplieron sus condenas. Pero, como dijimos antes, la reincidencia de tantos violadores obliga en este caso a elegir el mal menor y a proteger la integridad de potenciales víctimas.
