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El Kicillof que quieren todos los intendentes
Martín Insaurralde está ejerciendo una influencia decisiva en el cambio que Axel Kicillof experimenta en su gestión. La reunión de anteayer con los intendentes del Frente de Todos en La Plata es una muestra de esa significativa mutación en tránsito estimulada por el jefe del Gabinete. La exposición previa al almuerzo provocó el temor de una regresión del gobernador a las extensas memorias de su administración. El hábito con el que los incordió estos dos años. Un espejismo.
Kicillof se vio obligado a disimular que no haría el anuncio implícito en la convocatoria a Casa de Gobierno: el avance en la Legislatura del trámite que destrabe la reelección de los intendentes. La nueva razón de Estado que podría dar lugar a una refundación de la unidad en el Frente de Todos. Hacer del conurbano un atalaya kirchnerista. Un homenaje al vecinalismo latente en este proyecto desde que lo inició Néstor Kirchner en 1987 como intendente en Río Gallegos.
A Kicillof lo entusiasma estar al frente de la reivindicación de quienes ignoró en la primera mitad de su mandato. Especula que si colabora en garantizarle continuidad en sus cargos vería allanada su propia reelección. El mecanismo que se activaría con ese paso es bastante más sofisticado. Los intendentes recuperarían el estatus y el poder perdido en 2017 con la sanción de la ley 14836. Ser electores privilegiados de candidatos a presidente y a gobernador.
Una idea persuasiva que filtró Alberto Fernández en la cena servida para ellos el 17 de noviembre en Olivos. Y a la que tal vez Kicillof se apresuró en adherir. Sobre todo por el contexto. El Presidente responsabilizó a la carta que Cristina Fernández de Kirchner difundió después de las PASO la dramática caída de 10 puntos en la intención de voto al oficialismo. Una cuasi declaración de guerra que justificaría los aprestos que realiza Santiago Cafiero. El canciller habilitó el reclutamiento de voluntarios para una empresa riesgosa. Lanzar, finalmente, una corriente que lidere Fernández, bajo un principio rector. Convertirse en el garante de una PASO que defina al próximo candidato presidencial. “Alberto u otro” deslizan sugestivamente. En apariencias, Cristina sancionó la candidez del gobernador bonaerense: lo privó de efectuar el anuncio. Un error de Kicillof que mejora el control de Insaurralde sobre la nueva agenda del gobierno con un recurso sencillo. Promover un acuerdo global con la oposición pero con la reelección de los intendentes como prioridad. El camino inverso al que recorrió cuando respaldó la ley de Sergio Massa impulsada por María Eugenia Vidal y que limita esa posibilidad a un solo nuevo mandato. Detalles casi extravagantes frente a la urgencia de la hora.
La ventana de tiempo favorable a esa modificación se cerraría con los supuestos efectos recesivos que aparejaría un entendimiento con el FMI. La duda es si la ciudadanía expresaría la misma acogida favorable que logra en Juntos la posibilidad de superar la grieta. Al menos en esta propuesta. Es una preocupación que comparten los intendentes del Pro, especialmente los del conurbano: Jorge Macri (Vicente López), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Néstor Grindetti (Lanús) y Julio Garro (La Plata). Un cuarteto beneficiado por el ajustado triunfo de Diego Santilli sobre Victoria Tolosa Paz. Alguno de ellos podría estar tentado de suscribir la tesis de la diputada del Frente de Todos acerca del éxito relativo alcanzado por la oposición con ese resultado. Especialmente por el perjuicio que representa para el exvicejefe del Gobierno porteño. Deja a esos intendentes en condiciones de desafiarlo para competir por la candidatura a gobernador. Una probabilidad que se fortalecería si se elimina la restricción a ser reelectos. El hecho que todos cuenten con delegados en la Legislatura lleva al Frente de Todos a relativizar la oposición a ese cambio de los 12 diputados de Massa. El frenesí es tal que un intendente del Pro se comunicó con dos del Frente de Todos para plantearles que adherían a la iniciativa en solidaridad con una treintena de intendentes de la UCR en el interior bonaerense.
Esa predisposición con sus socios provoca fricciones en el seno de los interbloques. El Pro reclama conservar para Nidia Moirano la jefatura en el Senado si Maxi Abad mantiene la de Diputados. Los intendentes postulan a Alejandro Rabinovich para resistir a la combativa Moirano. Entre otros antecedentes, el excolaborador de Guillermo Montenegro (Mar del Plata), acredita pasado como afiliado a la UCR en la ciudad de Buenos Aires.
Los defensores de Moirano aguardaban para la semana que viene un pronunciamiento de Santilli. La duda es si no será tarde. Desde el 10 de diciembre, cada bloque tendrá 23 miembros y en caso de empate deberá votar la presidente del Senado, la vicegobernadora Verónica Magario. Lo que parece fuera de discusión es quién tendrá la presidencia en la Cámara de Diputados. Pese a ser primera minoría, Juntos no la reclamará para no enturbiar el diálogo con Insaurralde. Un espacio donde “se conversa todo”, según dirigentes del Pro. Insaurralde controla ese cargo a través de Federico Otermín. Hasta cierto punto, la postura de los intendentes opositores es comprensible. El jefe del Gabinete se arroga la gestión para que reciban después de las PASO un promedio de 40 millones de peso en concepto de Anticipo del Tesoro Provincial (ATP). Una cifra entre cuatro y seis veces menor a la recibida por los del Frente de Todos. Es lo que permitió en algunos casos, como Lomas de Zamora, pagar un bono extraordinario de diez mil pesos a sus casi diez mil trabajadores. Y en algunas versiones, triplicar el universo de esos beneficiarios a jubilados nucleados en centros afines al Municipio. La promesa efectuada por Insaurralde es lograr una redistribución más equitativa de los recursos que percibe la Provincia del gobierno nacional. Unos 550 mil millones de pesos entre septiembre y noviembre.
El coro de canto gregoriano que ensayan los intendentes del Pro contra la reelección intenta sofocar las reacciones que está provocando su negociación con el oficialismo. Los del conurbano vinculados al PJ tienen una posición drástica. Derogar la ley que les impide reelegir. Los del Pro prefieren modificar el año de su entrada en vigencia contenido en su artículo 7: 2017 por 2019. Les daría la posibilidad de otro mandato a partir del 2023. Los peronistas rechazan ese gradualismo.
Conscientes del costo político que pagarán, esperan compensarlo con la restitución de la reelección indefinida. Al menos en su imaginario, una opción a la que prestan acuerdo Cristina y Máximo Kirchner. La cuestión se resolvería en las sesiones extraordinarias posteriores al 10 de diciembre para tratar el presupuesto, el endeudamiento externo, los dos lugares que Juntos reclama en el directorio del Banco Provincia y los cargos que le corresponden en los organismos de control. Pero también la modificación de la ley de ministerios. La iniciativa más resistida por Kicillof. Permitiría crear nuevas carteras y satisfacer una demanda que La Cámpora mantiene abierta desde el 18 de mayo del 2019. El día que supo que Fernández sería candidato a presidente y reclamó para sí la candidatura a gobernador que Cristina le cedió a Kicillof.
Si el plan de Insaurralde se cumple, quedarán abiertos todos los escenarios políticos. Incluidos los que contemplan al jefe del Gabinete o a Máximo para suceder al gobernador. Sería el efecto principal de lograr que Kicillof sea el quieren todos los intendentes.
