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El límite social del ajuste y el rol del Estado
Durante años, el debate público tendió a contraponer derechos humanos con urgencias económicas. Los datos del estudio nacional de percepción ciudadana que desde la organización impulsamos en octubre de 2025 muestran otra cosa: la sociedad no abandonó la agenda de derechos, aún bajo el fuego permanente del gobierno a Javier Milei a todo lo que asocia con el progresismo o la cultura woke, como la denomina el propio jefe de Estado.
Al calor de una coyuntura compleja desde los aspectos socioeconómicos y el discurso virulento que bajó desde el Estado nacional los últimos dos años, la sociedad reescribió los derechos humanos en clave cotidiana. Hoy, cuando se pregunta por derechos vulnerados, la respuesta no se articula en consignas abstractas sino en la mesa del hogar, la farmacia, la escuela y la jubilación. Donde el impacto se percibe de forma más directa en el núcleo primigenio de la sociedad.
Esa mutación no es menor. Implica un corrimiento del eje simbólico: los derechos humanos se miden por su capacidad de garantizar condiciones mínimas de vida. Y, en ese marco, hay un límite que aparece con nitidez, que es el rol del Estado. Más allá de que el discurso de la motosierra y la casta, mayormente en desuso hoy, tuvo su atractivo electoral, la profundidad del ajuste parece encontrar ahora un límite en la tolerancia social frente a ciertas instituciones y prestaciones que se consideran irrenunciables.
En este sentido, cuando se plantea el dilema entre recortar prestaciones para estabilizar la economía o mantenerlas aun con mayor inestabilidad, el 65% de la población elige sostener las prestaciones del Estado, frente a un 33% que prioriza el recorte. El dato no expresa una negación del orden fiscal, sino un mandato claro: ajustar no puede ser sinónimo de abandono.
El Estado debe ser uno presente, aunque se reconozcan ciertas condiciones y una prioritaria: el límite social del ajuste está en los jubilados. De hecho, el consenso en ese punto se vuelve mucho más sólido, si bien registra sus matices. Por caso, se evidencia un alto apoyo a que la jubilación quede restringida a quienes aportaron (60% respalda) y mientras que se dividen quienes piden que se terminen las moratorias de los que no (49% contra el 51%). Pero ese respaldo se quiebra cuando el ajuste toca la protección básica: el 69% rechaza eliminar los medicamentos gratuitos y el 70% se opone a reducir la cobertura de PAMI.
La lectura es inequívoca. La sociedad diferencia entre ordenar y desproteger. Acepta reglas más estrictas de acceso, pero no convalida que el ajuste se descargue sobre quienes ya están en una situación de mayor vulnerabilidad. Los adultos mayores aparecen, así, como el límite moral del ajuste.
La tensión entre ajuste y DD.HH.
Cuando se pide priorizar derechos humanos para el presente del país, educación (17%) y salud (14%) encabezan las primeras menciones, seguidas por una jubilación digna (13%), alimentación (7%) y vivienda (6%). En el acumulado de menciones, salud y educación superan el 35%, mientras que libertades civiles clásicas -como la protesta social o la participación política- quedan en niveles considerablemente menores. Así y todo, a la luz de la disputa abierta del Gobierno con la prensa y el azote retórico sobre todo opositor -tanto en los medios como en particular en el ámbito virtual de las redes sociales-, la libertad de expresión se cuela en ese top ten con un 7% de valoración.
No se trata de que esas libertades hayan perdido legitimidad. Se trata de que, en contextos de estrechez económica, los derechos humanos parecen recalibrarse hacia la supervivencia cotidiana. El derecho a la salud es el hospital que atiende y que se materializó en la lucha del personal del Garrahan. El derecho a la educación es la escuela y las universidades que funcionan, y que se tradujo en las multitudinarias marchas en todo el país. El derecho a la alimentación es la posibilidad real de comprar comida y el derecho a la vivienda es no vivir en la intemperie.
Esta jerarquización no establece derechos de primera y segunda categoría. Más bien revela una comprensión integral: sin condiciones materiales básicas, el resto de los derechos se vuelve frágil. La encuesta muestra, así, una ciudadanía que no discute la existencia de los derechos, sino su acceso efectivo. Aunque durante los últimos 24 meses se hayan evidenciado situaciones de violencia con las fuerzas federales en las marchas de jubilados de cada miércoles que incluso terminaron con el fotoperiodista Pablo Grillo al borde de la muerte.
El capítulo de diversidades, por su parte, sintetiza con claridad las tensiones actuales. El 50% considera que la Ley de Identidad de Género debe seguir existiendo, frente a un 40% que cree que debería eliminarse. El reconocimiento normativo mantiene una base de apoyo mayoritaria, aunque lejos de ser un consenso unívoco como se percibía en otros tiempos.
La fricción aparece con fuerza al discutir financiamiento. El 43% sostiene que los tratamientos de salud para personas trans deberían pagarse de forma privada, mientras que un 33% cree que el Estado debe garantizar cobertura integral y un 21% que deberían cubrirlos obras sociales y prepagas. Al mismo tiempo, la percepción de riesgo es alta: más del 50% considera que las personas LGBT+ están muy o algo expuestas a discriminación y violencia en espacios públicos y también dentro de sus hogares.
Los datos muestran una coexistencia incómoda: empatía normativa y preocupación presupuestaria. La sociedad reconoce la vulnerabilidad y valida el derecho, pero duda sobre cómo y quién debe financiar su garantía. El desafío, que surge de los propios números, no es negar derechos sino pensar mecanismos de acceso sostenibles que no enfrenten compasión con viabilidad.
Pulso social sin simplificaciones
La encuesta deja una enseñanza central: la conversación sobre derechos humanos sigue viva, pero se volvió exigente. Exige un Estado presente, aunque con reglas. Demanda protección social, pero con sostenibilidad. Reclama reconocimiento de derechos, pero con implementación posible. Todo ello conduce a un sinfín de preguntas acerca de cómo se replantea la incansable lucha por los derechos humanos.
¿Dónde pone hoy la sociedad el límite del ajuste y de qué forma condiciona esto no solo a las autoridades, pero a las organizaciones de la sociedad civil que dan esa pelea? ¿Qué se entiende hoy por derechos humanos y cuánto se ata esta definición a la coyuntura y las vivencias de cada sociedad? ¿Cómo se construyen políticas públicas sin romper consensos básicos?
El relevamiento no habla en abstracto. Lee un clima social que pide repetir menos las consignas de antaño y buscar más respuestas concretas. Defender los derechos humanos pareciera apuntar hoy a una tutela de ese contrato mínimo donde el Estado, con sus falencias, sigue siendo el garante final para un piso social y eficiente.
En definitiva, una reflexión que lleva a ponderar que ordenar no debe conllevar al abandono y que la dignidad es una variable esencial de cualquier ecuación presupuestaria. Pero que a la vez nos invita a seguir reflexionando sobre la naturaleza de nuestras acciones y motivaciones al calor de la lucha.
Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina
