El momento de Cristina es ahora

Horacio Rodríguez Larreta desperdició la oportunidad de revalidar su estrategia de campaña: proyectar desde la ciudad la figura de un dirigente con dimensión nacional. La oportunidad que se le presentó el fin de semana resultó inmejorable. Tenía enfrente a Cristina Fernández, la principal líder del Frente de Todos. Reducir el traspié del jefe de gobierno porteño a la controversia por las vallas en el domicilio de la vicepresidente supone omitir el desafío al principio de autoridad política implícito en el incidente.

Cristina aprovechó la indecisión del gobierno porteño para promover una aparente desobediencia colectiva al acatamiento voluntario de ese orden jerárquico por el que se siente amenazada tras el alegato de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en la causa Vialidad. La misma lógica que prevalece en el acto convocado para mañana en Merlo por el peronismo bonaerense y donde será la única oradora. Mantener activo un estado de movilización: la causa con la que contribuyó involuntariamente Rodríguez Larreta.

Y que impulsa a Cristina a promover que el Congreso revea la autonomía de la ciudad. Algo imposible. Pero que le sirve de excusa para indagar la posibilidad de capitalizar otra vez ese efecto. El intento de reavivar el conflicto con esta nueva provocación revela la dificultad que tiene. Cómo sostener en el tiempo una agitación que solo atrae incondicionales y no consigue despertar adhesión en otros sectores; esa es la fragilidad expuesta en la concentración del sábado.

Solo Marina Lesci (Lomas de Zamora), Juan Fabiani (Almirante Brown), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Fernando Espinoza (La Matanza), Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso), Karina Menéndez (Merlo) y Federico Achával (Pilar) respondieron al pedido de aportar simpatizantes que efectuó Martín Insaurralde por el chat que comparten los intendentes del conurbano. Apenas 7 sobre 30. Lo que obligó a reforzar esa delegación con las brigadas ligeras a las que se apela en situaciones de urgencia.

Barras de Boca, Temperley y Vélez Sarsfield fueron detectados por los propios militantes kirchneristas. Menos extraña fue la presencia de la Guardia Imperial de Racing. Su presidente, Víctor Blanco, mantiene una estrecha relación con Máximo Kirchner. La probabilidad de que esta desproporción sea recreada en el acto de mañana en Merlo inquieta a sus organizadores. Sobre todo a Insaurralde. Esa grieta es representativa de la que se cierne sobre el PJ.

La presidencia de Máximo se sostiene en el grupo de intendentes que responde al jefe de Gabinete, sometido a una singular paradoja: está condenado a defender la continuidad en ese cargo de quien lo insta a abandonar el suyo en el gobierno de Axel Kicillof. La diáspora de las posiciones que los intendentes ocupan en su administración debería cumplirse entre diciembre y marzo para garantizar el triunfo electoral en sus municipios. La realidad es algo más cruda.

Cristina les exige hacer usufructo de la modificación a la ley 14.836 que les impedía tener más de una reelección. Al kirchnerismo le resulta sospechoso que el acuerdo que Insaurralde negoció con Juntos en la Legislatura no haya incluido la restitución del régimen de privilegio a los jubilados del Bapro por el que presiona el titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo. Los intendentes estiman que es una justificación para desplazarlos y reducir su poder de negociación sobre las listas de candidatos a legisladores. Otro aparente interés de Cristina detrás de la movilización en Merlo.

Por eso sería comprensible que el acto adquiriera un carácter plebiscitario para Insaurralde. Pero también para Espinoza, presidente del Congreso del PJ: su convocatoria es la razón formal del acto. Es previsible que banderas alusivas a Lomas de Zamora y La Matanza sobresalgan en el encuentro. No está garantizado que la vicegobernadora Verónica Magario esté en la fórmula con la que Kicillof intentará ser reelecto.

Tampoco que Rodríguez Larreta sea el único candidato presidencial del Pro. Sobre todo a partir del episodio en la Recoleta, analizado en detalle días después por su cúpula en Puerto Madero. El jefe del gobierno porteño es el único de su círculo que confía en que Mauricio Macri fallará a su favor en un supuesto arbitraje que le permitiría eludir una PASO con Patricia Bullrich. Resulta curioso. Hasta no hace mucho consideraba al expresidente un obstáculo para su aspiración.

El consenso mayoritario en el Pro es que Rodríguez Larreta reúne las condiciones para ser considerado el mejor candidato. Esa opinión no es unánime entre los electores más fieles a esa fuerza en la Capital, la ciudad que gobierna. ¿Podría Macri terciar a favor de Rodríguez Larreta sin exponer su liderazgo sobre esos votos? La pregunta es capciosa. La mayoría de ellos se inclinaría por Bullrich en una primaria. Las dificultades de Rodríguez Larreta son inherentes a Diego Santilli: le impiden consolidarse como el único e indiscutido candidato a gobernador.

¿Debería negociar Rodríguez Larreta esa candidatura para garantizar la suya? Suspicacias. En versiones maliciosas, Santilli tendría garantizada la jefatura de Gabinete o el Ministerio del Interior si el jefe de gobierno porteño es presidente. Probablemente una exageración extrapolada del malestar con Macri por el aliento a Cristian Ritondo para disputarle espacios a Santilli, una situación de la que se rescata un modesto consuelo en el gobierno de la ciudad. El expresidente no se pronunció por ahora a favor de Ritondo.

Probablemente por un lógico sentido de ecuanimidad. Pero que funciona, tal vez fortuitamente, como una prudente distancia. A Ritondo se le endilgan vínculos con una supuesta zona de contactos irregulares entre la Justicia y el espionaje. Probablemente sea una casualidad. Pero al exministro de Seguridad de María Eugenia Vidal y al de Justicia, Gustavo Ferrari, se le adjudica la designación de Sergio Torres en la Corte bonaerense.

Torres habría resuelto hacerse cargo de una situación compleja y delicada que ese cuerpo analiza desde febrero. El recurso extraordinario que presentó Gustavo Menéndez contra la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos y dos años y seis meses de prisión en suspenso, la condena que le dictó la Justicia Correccional de Mar del Plata tras hallarlo culpable del delito de defraudación al Estado, un fallo confirmado por la Cámara Penal de Bahía Blanca y el Tribunal de Casación bonaerense.

La opinión sobre el recurso del intendente de Merlo y titular del grupo Bapro divide a la Corte. Su presidente, Hilda Kogan, y Daniel Soria rechazan anular la condena. Posición contraria a la de Genoud y Torres. Para desempatar debería convocarse a un juez de Casación. El problema es que ese Tribunal ya se expidió sobre el asunto. Una dificultad al empeño de Torres con la que no puede el aparente influjo de Insaurralde, ni la fatiga telefónica del circunspecto Julio Alak, el sucesor de Ferrari designado por Kicillof.

Esa indefinición crisparía el ánimo a Máximo, preocupado por darle solución al anfitrión de su madre. Pero también por sentar un hito que pueda favorecerla. Lo que permite olvidar que Menéndez se opuso a que ella fuese candidata a senadora nacional en 2017. Y que el intendente de Merlo negocie con Kicillof la permanencia de Insaurralde en el gobierno. Nada de eso es importante. Lo único que cuenta es que el momento de Cristina es ahora.