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El momento de las simplificaciones peligrosas
El máximo desafío de nuestras democracias cuestionadas por los outsiders de la política consiste en conjugar de manera eficaz libertad, igualdad y justicia
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LA NACIONNatalio Botana
Se están difundiendo en América Latina unos liderazgos que ganan elecciones presentando una imagen simplificada de la realidad. A estos estilos, hoy de moda en el mundo occidental de Trump y de no pocos países europeos, se refirió recientemente Felipe González en una entrevista con El País de Madrid. Pero no es necesario mirar a lo lejos para describir lo que pasa. Nos basta con apuntar al resonante triunfo de Bolsonaro en Brasil .
Convengamos en que la simplificación de los agudos problemas que nos aquejan no es un producto caído del cielo. Proviene, al contrario, de la indignación de grandes porciones de la sociedad ante la impotencia y corrupción de las elites establecidas. Esta súbita caducidad de las creencias que, hasta hace poco tiempo, sostenían a partidos políticos, empresarios o sindicalistas tiene su correlato en el repentino ascenso de los outsiders; es decir: de personajes que estaban fuera de esas redes de poder. El outsider es así un impugnador compulsivo que rechaza de plano el estado de cosas existente y esgrime un proyecto supuestamente esperanzador basado en el desdén al rostro desfigurado de la democracia.
¿Por qué ganó Bolsonaro? ¿Por qué un liderazgo de radical oposición como el de Cristina Kirchner conserva arraigo entre nosotros? Entre otros motivos, porque la legitimidad de origen de nuestras democracias, fundada en la soberanía del pueblo mediante elecciones, no está complementada por una legitimidad de ejercicio con resultados tangibles. Sin este complemento, las democracias tiemblan y corren el riesgo de desmoronarse.
Es cierto, como señalan las encuestas a escala regional, que las democracias padecen una pérdida de valoración que también afecta su legitimidad de origen. No obstante, el asunto es más complicado. Salvo los casos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, los gobernantes en América Latina son elegidos en comicios competitivos. En general, este principio se sigue poniendo en práctica, aunque a la vista de lo que acontece en muchos de nuestros países el régimen electoral suele transformarse, en la realidad cotidiana, en el punto de partida de una ruptura de los lazos morales, sociales y económicos que unen a las sociedades.
Esta escisión entre origen y ejercicio en las democracias tiene referentes diarios. Los gobernantes centroamericanos en Honduras, El Salvador y Guatemala han sido elegidos y dicen gobernar en nombre del principio democrático. La muchedumbre de la desesperación que desde Honduras marcha a pie hacia los Estados Unidos está diciendo, en voz alta o en silencio, que el ejercicio de esa democracia electoral los ha despojado de los criterios elementales de la dignidad. Sin seguridad básica. ni trabajo, ni futuro, sufren el bloqueo de la esperanza.
Estos ejemplos dan cuenta de una condición humana de privación de justicia. Y cuando cunden esos sentimientos en una ciudadanía que soporta en carne viva el despojo de derechos esenciales, entonces es el momento de liderazgos dispuestos a borrar de un plumazo esas carencias. Aunque la circunstancia de Brasil no tenga mucho que ver con la de los países centroamericanos (con excepción, se entiende, de Costa Rica), esto es lo que en buena medida ha acontecido en nuestro vecino.
Lo que allí ocurrió fue producto de la convergencia de tres crisis: una gran recesión económica, una ola de inseguridad que no cesa, una percepción generalizada de la corrupción de las elites. Si esta última aquejó al arco de los partidos de centro, también dejó desnudo al progresismo del PT, el partido de Lula da Silva. Este es un desafío enorme para la centroizquierda latinoamericana, cuyo comportamiento, en el orden ético, no difiere mayormente del de unas clases tradicionales a las que criticaban y pretendían superar. Se arrió con ello una de las banderas del progresismo (en nuestro país, esta madeja de contradicciones está saliendo a la luz si comparamos el soberbio relato del kirchnerismo con la corrupción tentacular que montaron durante una larga década).
Por otra parte, al estilo de quien impugna y condena lo arropa un renacimiento clerical que diverge, en un aspecto, del que imperó anteriormente. Se trata, va de suyo, de la intervención directa de las instituciones religiosas en la política. Pero si hasta no hace mucho esa intervención era patrimonio, por elementales razones históricas, de la Iglesia Católica, ahora esas acciones son compartidas por una comunidad de Iglesias bajo la denominación genérica de evangélicas, mucho más descentralizada y no menos eficaz.
Esta irrupción del factor clerical en la política desmiente en parte los ideales de la Ilustración (que habrá que seguir defendiendo) y asimismo, según advirtió Dominique Schnapper, es una muestra de la disonancia entre dos postulados sobre los cuales se asienta la república en una democracia. Por un lado, los ideales abstractos y universales de un conjunto de ciudadanos libres e iguales; por el otro, las herencias históricas, étnicas, religiosas y culturales, que también conforman el vínculo social.
Por definición, el primer postulado demanda resultados: la igualdad y la libertad de la ciudadanía florecen sobre el terreno fértil de la seguridad física y jurídica, del desarrollo de la economía y, por si esto fuera poco, de la conducta ética de los gobernantes y del sentido de la obligación política en los gobernados. Cuando estos resultados no son los esperados, estalla la estampida de la simplificación y una ciudadanía confundida e inerme busca refugio en el segundo postulado de estas democracias en crisis: el consuelo de la religión, la identidad instintiva que rechaza la diversidad, la persecución de los responsables -reales o imaginarios- de tanta corrupción, inseguridad y estancamiento.
Como si fuera un microcosmos de estos conflictos, pese a su tamaño, este choque de privaciones y visiones se produjo en Brasil. Las respuestas ya asoman a través de la opinión de los vencedores. Si el crimen organizado está llevando a cabo una ordalía de violencia, nada mejor que responder desde el Estado con las mismas armas. Nada mejor y nada peor, porque el descenso de los servidores del Estado al infierno del crimen no hace más que generar una matanza recíproca. El papel de la religión en semejante circunstancia puede ser definitorio: o legitima el crimen o adopta una actitud crítica y de contención de los excesos. En su largo decurso, el clericalismo ha representado su papel en estos dos planos. No está claro aún por cuál se inclinará, sobre todo ahora que está dividido.
Veremos si estos augurios se imponen en desmedro de las tradiciones legalistas que compartimos con Brasil. Estos síntomas se añaden a esta incierta etapa de transición en la vida de las democracias. Una transición que no solo recoge los efectos de la revolución digital a escala planetaria de nuestros días, sino que actualiza un pasado herido por la violencia, la corrupción y las desigualdades. Es, pues, una encrucijada de lo novedoso con lo antiguo en que se plantean desafíos inéditos a la tarea de conjugar libertad, igualdad y justicia. Sobre este trípode debería descansar un centro democrático de equilibrio y sensatez. Habrá que reconstruirlo ante el daño, no sin razones, que le ha infligido esta estirpe de impugnadores. Aunque truene la tormenta, confiemos en esta tarea.
