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El país atado al pasado La argentina feudal
Los crímenes de Santiago del Estero han puesto en evidencia a un país que se resiste a cambiar. La provincia norteña no es la excepción: son varios los distritos donde se combinan la concentración política, el control de la prensa y la impunidad
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San Luis todavía recuerda con angustia a los primos hermanos Carlos Luna, de 10 años, y Fernando Martínez, de 11, asesinados y mutilados en 1989. La causa judicial, tormentosa y laberíntica, aún sigue abierta.
No había sido el doble homicidio más estremecedor de la provincia de los Rodríguez Saá obra de Domingo Amitrano, un agricultor, el primer acusado, nombrado hasta el cansancio. Su inocencia se acreditó tras un año de cárcel, torturas y embargos. Lo que permanece sin probarse, en cambio, es la hipótesis que articula el caso con la droga y la política y que suscribe, entre otros, el abogado de Amitrano, Rolando Contreras, e incluso consta, se cree, en un informe secreto de la Policía Federal.
En síntesis, es así: el asesinato de los primitos Luna-Martínez estaría vinculado con el robo de una gran cantidad de droga destinada a una fiesta de la que participaron en la noche del 15 de diciembre de 1989 altos funcionarios locales. La droga, dice Contreras, había sido entregada a un puntero del entonces jefe policial Ignacio Urteaga, primo hermano de los Rodríguez Saá. El puntero solía cobrarse una comisión en especies, en cuya comercialización el niño Carlitos Luna hacía de correo. Pero esa vez, vista la cantidad, el hombre se habría tentado, quedándose con todo. Involucrado en el engaño, el niño debía aparecer como autor del robo del paquete, cuyo contenido fingiría haber tirado al confundirlo con harina o maicena. Sin embargo, al ser interrogado por las víctimas del fraude, el plan falló. Carlitos habría reconocido enfrente de él a personas de cierta notoriedad en San Luis, quienes entonces lo habrían asesinado salvajemente, igual que a su primo, copartícipe en las narcoandanzas infantiles.
Provincia feudal, formato uno: droga, fiestas, poder... impunidad judicial.
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Cristian Ruiz, de 19 años, apareció colgado con una bufanda de un gozne de una puerta descolorida. Suicidio, dijo la policía riojana.
Pero la puerta no era cualquier puerta sino la del calabozo que ocupaba Ruiz en la Dirección de Investigaciones de la policía de La Rioja, adonde había llegado por el supuesto hurto de un ciclomotor. Era marzo de 1999. El más influyente de todos los riojanos contemporáneos cursaba el décimo año en la Casa Rosada.
Casi un lustro después, el comisario Luis María Codigoni y el suboficial Miguel Angel Avila, principales imputados por la muerte de Cristian, acaban de ser sobreseídos. En el camino la causa tuvo marchas y contramarchas y cayó el máximo jefe de la policía provincial (tras admitir que sus subordinados golpeaban a los detenidos). Reforma constitucional mediante, cuatro de los siete jueces que integraban el Superior Tribunal de Justicia fueron removidos por el gobernador Angel Maza, de esto hace poco más de un año (los removidos llevaron su queja a la Corte que preside un viejo conocido, Julio Nazareno). El abogado de la familia Ruiz, Rubén Blanco, piensa que en tierra menemista todo está "en manos de dos o tres personajes del gobierno que tienen sojuzgado al Poder Judicial". Prometió apelar. En la provincia lo espera el Superior Tribunal recientemente acondicionado. Pero si hace reserva federal del caso[ puede que en la máxima instancia la causa la tramite Nazareno, es decir, que el estilo riojano lo siga acompañando.
Formato dos: abuso policial, protección política... impunidad judicial.
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Entusiasmado con la posibilidad de servir a su provincia, Misiones, el secretario del poderoso Sindicato de Luz y Fuerza, Julio "Cachilo" Rodríguez, quiere ser vicegobernador. Acompañará en la fórmula al senador y fugaz presidente Ramón Puerta. Rodríguez, al parecer, ha tenido suerte con la justicia local, donde quedó adormecida una denuncia que formuló hace poco una diputada de su mismo partido. Ella lo acusa, en forma documentada, de poseer, se supone que sin ganancias legales suficientes, 16 propiedades en Posadas, Buenos Aires y Corrientes, lanchas, autos, dos villas veraniegas sobre el río Paraná y estancias, entre otras cosas que el común de los sindicalistas, en muchos otros países, no compran.
Formato tres: sospechas de corrupción, control directo o indirecto de la prensa local... impunidad judicial.
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Nada indica que la Catamarca de María Soledad o el Santiago del Estero de Patricia Villalba y Leyla Bashier Nazar sean islas contaminadas dentro de una república impoluta. Allí, es verdad, detonó la alarma mayor porque se configuró el formato supremo: poder, sexo, drogas, homicidios, impunidad judicial. Pero quizás haya una tendencia a creer que los hechos criminales en los que aparece involucrado el poder político, detonadores de saludables reacciones cívicas, son el único indicador de que existen disturbios en el principio de la independencia de los tres poderes. O que si nada aberrante se escucha de una provincia con tradiciones feudales, si no hay asesinatos de adolescentes con poderosos implicados, es porque las cosas están en perfecto orden, con la democracia a pleno.
En rigor, la impunidad judicial, acaso el factor común en las sociedades con dominios políticos hegemónicos donde fermentan abusos, violencia y corrupción, se amasa en silencio. Corre siempre: igual que esos ríos subterráneos seguidores del lecho visible. Pasan años hasta que los beneficiarios de la impunidad se escurren por vericuetos tribunalicios más o menos regenteados desde el poder político. Muchos reos encuentran la puerta de salida en medio del olvido o de la guardia social baja.
Claro que cada provincia tiene su historia. Y sus historias. Ninguna emparda la leyenda de Catamarca, según la cual el pueblo dijo basta, ni el feudalismo blindado de San Luis, al que tampoco las hazañas sexuales del gobernador secuestrado hicieron mella.
Muestrario
El muestrario es diverso. Córdoba tuvo su caso Maders, el homicidio del senador provincial de tiempos de Eduardo Angeloz todavía impune; en Salta se suicidó el año pasado un camarista penal tras dejar dicho que se sentía "vencido por la podredumbre que nos rodea"; Formosa nunca consiguió fama de provincia estricta para contar votos justicialistas y en la última interna radical inauguró el método de elecciones de padrón completo ganador en escuelas jamás habilitadas; Neuquén contempla absorta los esfuerzos del gobernador sapagista Jorge Sobisch para sobrevivir al escándalo por el intento de copamiento del Tribunal Superior de Justicia, y el vicegobernador, que lleva el apellido Sapag, acaba de huir despavorido de la fórmula reeleccionista.
Se puede seguir por la Mesopotamia. Entre Ríos, cuyo gobernador radical Sergio Montiel sorteó el juicio político lejos de un contexto cristalino y que este año podría ser sucedido por el barrionuevista Jorge Busti, tiene una nutrida crónica policial conectada con la vida partidaria (sin ir más lejos, la semana pasada un grupo de personas intentó disuadir al concejal concordiense Roberto Zabala para que abandonase su deseo de convertirse en senador provincial, disuasión que ensayaron colocándole al candidato una pistola en la boca). De Corrientes es tan difícil encontrar un ejemplo sin ofender a los omitidos como encuadrar a la provincia de Caín y Abel -los hermanos Romero Feris- en un formato: casi no queda en sus costumbres político-judiciales sorpresa por gastar.
La muerte del jornalero Juan Carlos Canale en una comisaría pampeana, el año pasado, reitera en Santa Rosa el esquema de un poder político provincial respaldando a la policía y una familia quebrada encabezando marchas en demanda de justicia. Sólo que en La Pampa de Rubén Marín los primeros que fueron presos fueron los presos: según la policía, ellos golpearon a su compañero de celda hasta matarlo. Por lo demás, tiene La Pampa un récord de 16 jueces excusados sucesivamente en el tratamiento de una causa millonaria por presunta corrupción con fondos de ATN, que involucra al gobernador, al ministro de Economía y a tres intendentes justicialistas.
Y más al sur: si en Tierra del Fuego el gobernador Carlos Manfredotti pierde hoy la reelección (o en ballottage , el domingo próximo), su familia, tal vez, empujará hacia arriba el índice de desocupación local. Manfredotti tiene 17 parientes en el gobierno, incluida su hija Viviana, que con 25 años llegó a subsecretaria de Deportes y Juventud de la también joven provincia. No ha sido original este gobernador en meter la mano en la Justicia, pero sí lo fue en el método de jubilaciones obligatorias anticipadas también para jueces, algo que, quién lo iba a imaginar, obligó a buscar gente nueva: amigos.
En Tucumán, donde se vota dentro de una semana, al menos va a ocurrir algo increíble: no habrá un gobernador tratando de ser reelegido. Igual es probable que Julio Miranda, el saliente, perdure en la memoria de los argentinos tras la ignominia de los niños tucumanos muertos de hambre durante su mandato.
El caso emblemático
Sin pretender que esta recorrida sea un exhaustivo relevamiento de la irregular topografía provinciana con variado grado de impunidad judicial, quizá valga la pena observar la evolución de la madre de todas las reacciones populares, la catamarqueña de los noventa. Trajo el caso María Soledad, es cierto, la caída de la dinastía saadista, las condenas de los culpables -o dos de ellos- a 21 y 9 años de prisión y una nueva atmósfera política, corporizada en el advenimiento del Frente Cívico y Social. Pero esta coalición, que gobierna en Catamarca desde hace doce años, no estuvo exenta de uno de los vicios más renombrados de sus enemigos vencidos, cuando el actual gobernador Oscar Castillo heredó -qué otro verbo cabe- a su padre, Arnoldo Castillo. Lejos de curarse para siempre, la provincia que inventó las marchas del silencio fue escenario de otro exabrupto antidemocrático, el 2 de marzo último, cuando las huestes del frustrado candidato a gobernador Luis Barrionuevo protagonizaron una violenta quema de urnas que, como los niños tucumanos muertos de hambre, tuvo la capacidad de atraer la atención de la televisión europea y norteamericana. Expresión caricaturesca del matonismo feudal, Barrionuevo no llegó, sin embargo, a ser expulsado por esos hechos del Senado, la institución cumbre del poder provincial, que él integra. Una mayoría de representantes de las provincias consideró aquí, en la Capital Federal, que no había motivo suficiente para sancionarlo con la expulsión.
Ahora es el turno de Santiago del Estero, una nueva ilusión de cambio.
