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El poder de las mafias
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HACIA fines de los años ochenta todavía prevalecía en muchas personas la errónea creencia de que Italia y los Estados Unidos de América eran los únicos escenarios de la mafia y, por consiguiente, del crimen organizado. Los demás países negaban sistemáticamente cualquier conexión con estructuras delictivas de ese tipo, hasta que indicios claros y concordantes obligaron a reconocer que la geografía de la mafia está mucho más extendida de lo que se creyó tradicionalmente.
La Argentina, desafortunadamente, no parece escapar a ese diagnóstico pesimista. Distintos episodios recientes demostraron que organizaciones criminales de carácter mafioso, de mayor o de menor tamaño, con ramificaciones internacionales o sin ellas, están presentes en nuestro territorio.
La opinión pública no ha olvidado la maratónica sesión de la Cámara de Diputados en la que el entonces ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos Domingo Cavallo denunció la existencia de "mafias enquistadas en el poder" al criticar severamente los marcos regulatorios creados para las privatizaciones del correo y de los aeropuertos, procesos en los que pretendía participar un grupo de firmas atribuidas al fallecido empresario Alfredo Yabrán.
Desde aquellas manifestaciones del doctor Cavallo, producidas en agosto de 1995, hasta el presente se sucedieron múltiples episodios y situaciones que confirmaron la existencia de grupos delictivos como los que el ministro denunciaba, instalados en nuestra sociedad, en diferentes niveles y actividades.
Una asociación o empresa es de tipo mafioso cuando los que forman parte de ella se apoyan en la intimidación o en otro tipo de métodos criminales para generar vínculos asociativos o imponer condiciones de sumisión y de silencio; o bien se valen de delitos para adquirir compulsivamente el control directo o indirecto de determinadas actividades económicas, concesiones, autorizaciones, licitaciones y servicios públicos o para obtener ventajas o beneficios para sí o para otros grupos.
La certeza acerca de que en el país operan mafias de distintas clases produce una sensación pública de miedo, de impotencia y de inseguridad, de la que es necesario liberar a la sociedad en el menor plazo posible.
La bomba desactivada anteayer en el Palacio de los Tribunales, dirigida a los magistrados que investigan la organización delictiva enquistada en el Servicio Penitenciario Federal, que liberaba detenidos para que salieran a robar y luego compartía con los delincuentes el botín obtenido, ha aportado una muestra inexcusable de la presencia de formaciones criminales de esa naturaleza en nuestro país.
Es necesario recordar también a los agentes policiales dedicados al tráfico y a la venta de estupefacientes, y a los que están siendo investigados por el cruel y cobarde atentado a la AMIA; a los integrantes de la llamada mafia del oro, cuyas consecuencias finales aún quedan por conocer, pero que hasta el momento han determinado, entre otras circunstancias, el alejamiento del fiscal Pablo Lanusse, que investigaba la causa; a quienes tuvieron responsabilidad o participación -directa o indirecta- en los hechos que provocaron la explosión de la fábrica militar de Río Tercero, Córdoba, y su posible vinculación con el tráfico y contrabando de armas.
Lamentablemente, estos casos no agotan la lista. Existen otras mafias tan peligrosas como las anteriores: la existente en la Aduana, que posibilitó la creación de lo que se llamó la "aduana paralela", que tantos perjuicios económicos le ha causado al país; la que se encuentra arraigada en el sindicato de los camioneros, que amenazó de muerte a todos aquellos choferes que pretendieron trabajar durante una de las últimas huelgas declaradas por el sindicato del sector; la de los conductores de taxis, que no sólo comete delitos contra los pasajeros, sino que también impide el libre ejercicio del derecho a trabajar de otros choferes, excluyéndolos de determinadas "paradas", por lo general las de mayor afluencia de público.
También es del caso mencionar a la llamada "mafia de la carne", que ha logrado evadir impuestos por montos muy importantes sin que hasta el momento sus principales responsables hayan sido sancionados. Ultimamente se han atribuido los incendios intencionales perpetrados en la Reserva Ecológica a grupos mafiosos vinculados con el narcotráfico y la prostitución, molestos por el mayor control policial en la zona.
El campo más fértil para el desarrollo de las mafias se presenta cuando existe un poder debilitado, sin la fuerza o el interés para enfrentarlas, cuando existe una excesiva burocracia o cuando no existe un debido control sobre los mercados negros o ilegales. También contribuyen a su proliferación una inadecuada legislación y las deficiencias en la administración de justicia.
La sociedad no debe desfallecer ante este temible enemigo. Por el contrario, debe exigir que se llenen los vacíos legales existentes y que se sancione a los responsables con el máximo rigor; es decir, que haya una efectiva defensa del bien común y de la seguridad colectiva.
