El poder de las ONG

Los bloques mayoritarios de la oposición tenían todo listo para votar en la Cámara de Diputados una reforma del Consejo de la Magistratura. Pero pasaban las semanas y el sector de centroizquierda liderado por Fernando "Pino" Solanas, que debía aportar los votos necesarios para la ley, demoraba su decisión. No quería avanzar sin antes conocer el pronunciamiento de un grupo de organizaciones no gubernamentales (ONG) que analizaba el dictamen elaborado por la mayoría.

El proceso, que terminó el 1º de julio pasado con el voto favorable de la Cámara baja, no sólo sirvió para dar media sanción a la reforma de un organismo clave del Poder Judicial. También sacó a la luz un fenómeno que, aunque tiene sus orígenes en los años de recuperación de la democracia, se hace cada día más visible: la creciente incidencia de las ONG en los debates políticos y en la elaboración de políticas públicas.

Las discusiones sobre la reforma del Consejo de la Magistratura, el derecho de acceso a la información pública, el reparto de la publicidad oficial, el matrimonio entre parejas del mismo sexo y la protección de los glaciares son casos testigo de un fenómeno que ya había tenido manifestaciones intensas el año pasado, durante el debate de la ley de medios audiovisuales, y a comienzos del gobierno de Néstor Kirchner, con el establecimiento de un nuevo procedimiento, propuesto por un grupo de ONG, para seleccionar a los miembros de la Corte Suprema.

Con el recambio legislativo que le dio al Congreso un renovado protagonismo, las ONG u OSC (organizaciones de la sociedad civil) parecen haber ganado más terreno que nunca. En la Cámara de Diputados y en el Senado, casi no hay debate de temas importantes en las que falte el punto de vista de estas organizaciones.

En especial, el de aquellas ONG que los teóricos definen como "organizaciones políticas de la sociedad civil", entidades que cuentan con muchos años de trayectoria, cuerpos profesionalizados, presupuestos millonarios (en gran parte formado por donaciones de entidades extranjeras) y un amplio abanico de intereses que las convierte en actores políticos estables y poderosos. Actúan en conjunto, están presentes durante el tratamiento de los proyectos en las comisiones, en audiencias organizadas especialmente para que expongan sus posiciones y, al mismo tiempo, recurren al típico recurso de lobby, en encuentros privados con legisladores a los que intentan convencer de promover sus agendas.

Pero ¿a qué se debe el avance de estas organizaciones? ¿Qué intereses representan? ¿Son realmente independientes? ¿De dónde obtienen los recursos para funcionar? ¿Pueden ocupar lugares antes reservados para los partidos políticos o para el Estado? Son algunas de las preguntas que dispara el fenómeno.

Las explicaciones que más consenso generan sobre el avance de las ONG desde el punto de vista académico tienen que ver con la democratización de los regímenes políticos, con las demandas insatisfechas producto de la desaparición del Estado de bienestar, con la necesidad de saberes especializados ante la diversificación de las funciones administrativas del Estado y con la creación, como consecuencia de la globalización, de nuevos espacios internacionales que potencian la capacidad de incidencia de estas organizaciones.

El diagnóstico que hacen del fenómeno distintos actores políticos y los responsables de las ONG es variado: unos lo atribuyen a la búsqueda de conocimiento técnico ausente desde hace años en los partidos políticos; otros lo ven como una saludable reactivación de la participación ciudadana canalizada por carriles no partidarios, y otros, sólo como una herramienta de apariencia neutral a la que acuden los políticos para intentar saldar disputas cerradas.

"Hay más incidencia de las ONG y eso responde tanto a una cuestión de oferta como de demanda. A partir del regreso de la democracia, el espacio de la sociedad civil, que estaba enfocado unívocamente en la cuestión de derechos humanos, empieza a incrementar la oferta de organizaciones que ven un marco de la agenda pública más amplio y que empiezan a aparecer como un medio para canalizar vocación pública que no se quiere canalizar a través de los partidos", sostiene Fernando Straface, director ejecutivo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), una de las cuatro ONG con más presencia en los debates legislativos. Las otras son el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Poder Ciudadano, el capítulo argentino de Transparencia Internacional. "De lado de la demanda, hay mayor vocación de usar este tipo de organizaciones por parte de la política. Se valora más y cobra mayor legitimidad cuando lo que se sostiene es propuesto por una OSC. La política encuentra información relevante y legitimidad para sus planteos", agrega Straface.

En el lugar de árbitros

Gastón Chillier, Alvaro Herrero y Hernán Charosky, directores ejecutivos del CELS, ADC y Poder Ciudadano, respectivamente, coinciden en que la coyuntura política actual contribuye al avance de las ONG. "En un contexto político muy polarizado, las ONG juegan un rol como articulador de consensos entre los partidos políticos del Congreso, sin diálogo directo entre ellos", sostiene Chillier. "Ahora la incidencia es más fácil porque el Congreso se ha vuelto un lugar de relevancia en el diseño de políticas públicas", dice Herrero. Para Charosky, los políticos "buscan a las ONG como una especie de árbitro, porque traen un halo de independencia política y capacidad intelectual, creo que en la mayoría de los casos justificado". Otra de las claves de la creciente incidencia de las ONG es la propia toma de conciencia de que son actores políticos a los que les conviene actuar de manera coordinada, según analiza María Barón, directora de la ONG Directorio Legislativo. "La estrategia de trabajar en red es una muestra de la madurez del sector", explica.

Diana Conti, diputada kirchnerista, valora el aporte que hacen las organizaciones a los debates políticos, pero se atreve a dudar de su supuesta neutralidad. "A las ONG que se encargan de temas institucionales no siempre las veo neutrales. Siempre están más cerca de la oposición porque critican el statu quo. Al promover políticas de acuerdo con estándares internacionales, son funcionales a la oposición, que termina levantando banderas propuestas por las ONG que nunca aplicarían a la hora de ser gobierno", dice.

Desde la oposición, el diputado Gustavo Ferrari (Peronismo Federal), aunque sostiene que "la verdadera transformación de la vida de la gente se logra a través de la política", defiende el rol de las ONG. "En ciertas cuestiones, son voces políticamente neutrales. Hay temas de políticas públicas que son abstractos y que no hablan de ideología, como las propuestas de eficiencia y transparencia en la gestión. Las ONG se ganan el respeto público cuando se observa que tienen coherencia y convicción", afirma.

La valoración del fenómeno también es controvertido entre los teóricos. "El auge del prestigio de estas iniciativas coincide, en los países de nuestra región, con los procesos de democratización posdictatoriales; su símbolo más notable en la Argentina son los movimientos de derechos humanos -explica el politólogo Edgardo Mocca, titular de la cátedra Crisis de los partidos políticos, en la Universidad de Buenos Aires (UBA)-. En los años de las reformas neoliberales, se produce un desplazamiento de sentido: la sociedad civil y sus organizaciones ya no son pensadas en términos de democratización, con el autoritarismo como otro antagónico, sino en términos de alternativa frente al Estado y a los partidos políticos progresivamente situados por el discurso predominante en el lugar de la ineficiencia y el fracaso."

Para la socióloga Dora Orlansky, coordinadora del programa Sector público y reforma del Estado del Instituto de Investigación Gino Germani, el crecimiento y la mayor penetración de las ONG en las políticas públicas "tienen mucha importancia porque cubren un espacio que un sector de la academia no toma, porque prefiere quedarse en una torre de cristal de las disquisiciones teóricas". Orlansky explica: "La participación en estas ONG, que son tipo think tanks, tiene poco que ver con la militancia. La gran mayoría de sus directivos vienen de estudiar de afuera, en general de Estados Unidos. Traen una visión distinta del Estado. Son modernos, dinámicos, liberales y no son estatistas, por eso coinciden más en sus discursos con los partidos nuevos, como los de Macri [Mauricio] o De Narváez [Francisco]".

Convencido de que las OSC "no pueden reemplazar a la política "como instancia propia de la soberanía popular", Mocca advierte: "La sociedad civil está lejos de ser ese campo neutral y armonioso que reclama cierto relato, en contraposición a la política y a los partidos. En su interior hay instituciones e iniciativas muy variadas y a veces contrapuestas: están, por ejemplo, las que defienden poderosos intereses económicos, y también las que activan demandas populares, estas últimas frecuentemente descalificadas por el discurso mediático predominante".

En momentos en que -según interpreta el Gobierno- la política parece haber recuperado el centro de la escena (algo que el Gobierno se atribuye como mérito propio), los dirigentes de las ONG y los políticos tradicionales coinciden en que el avance de la sociedad civil nunca podrá reemplazar a la actividad de los partidos. "La mayor debilidad es creer que las ONG pueden reemplazar al Estado y a la política y eso no es así. Se puede tener más o menos incidencia, pero el rol siempre será complementario", sostiene Chillier.

"A veces, las ONG funcionan como buenas plataformas de lanzamiento a la política. Pero está claro que los problemas de la gente se resuelven a través de la política", dice Conti.

Neutralidad y financiamiento

El tema de la neutralidad política de las ONG quedó en el centro del debate en los últimos tiempos, luego de que dos directores de Cippec, Miguel Braun y Nicolás Ducoté, dejaron la organización para integrarse a los equipos de Mauricio Macri y Francisco De Narváez, respectivamente (ver recuadro). También generó controversia el salto de Laura Alonso, ex directora ejecutiva de Poder Ciudadano y hoy diputada de Pro.

A esa cuestión se suma otro tema que genera controversia: las fuentes de financiamiento de las organizaciones. Aunque las principales ONG publican en sus sitios de Internet la identidad de sus donantes, el tema sigue dando lugar a discusiones. "Las ONG tienen una ideología que se conoce, no la ocultan. Lo que hace falta es conocer sus fuentes de financiamiento. Transparentar esas fuentes daría cuenta de los intereses que defienden", opina Conti.

Straface defiende la autonomía de las organizaciones pero admite que los donantes de las ONG pueden querer, a través de esos aportes, impulsar sus propios temas de interés. "Las empresas o fundaciones ponen plata en organizaciones con cuyas agendas coinciden por algún motivo. Las organizaciones son actores muy legítimos en su vinculación con el sistema político y les sirven a las empresas para plantear ciertos temas que, si no, les sería muy difícil plantear", evalúa.

Salvo en el caso de Cippec, que recibe fondos de una grandísima cantidad de empresas nacionales, la mayor parte de las donaciones a estas organizaciones proviene de embajadas extranjeras, organismos internacionales y entidades del exterior, como la Fundación Ford o la National Endowment for Democracy (NED), una organización de fomento de la democracia en América latina que se nutre de fondos del Congreso de los Estados Unidos.

En las ONG coinciden en que el principal desafío es diversificar las fuentes de financiamiento, para no quedar presos de las agendas de las instituciones que las financian. Y admiten que la credibilidad que supieron construir se pone en juego todos los días.

© LA NACION

Conforme a