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El poder de veto y el control social
El proceso de reforma constitucional de 1994 generó un notable fortalecimiento del sistema presidencialista llegando a constitucionalizar, mediante el viejo artilugio prohibición-excepción, prácticas tales como la delegación legislativa y los popularmente conocidos DNU, pero también fortaleció el denominado poder de veto, al permitir su aplicación de forma parcial.
De todas esas atribuciones nos interesa ahora examinar el “poder de veto”, sobre todo para destacar un instituto sumamente novedoso que ha pasado un tanto inadvertido ante la mirada de los juristas, y se refiere a la incorporación del control social sobre el poder de veto presidencial, un mecanismo inédito para nuestro diseño y tradición institucional que expresamente dispone la Constitución nacional en el artículo 83. Veamos.
Cuando el presidente veta un proyecto de ley, este debe volver al Congreso (específicamente a su Cámara de origen) para que lo discuta nuevamente y tenga una segunda oportunidad para –pese a las objeciones planteadas por el Poder Ejecutivo– confirmar su decisión original, lo cual debe hacer mediante una mayoría de dos tercios de los votos.
En el caso en que ambas cámaras del Congreso alcancen la mayoría establecida, el proyecto vetado es “salvado” por el mismo Congreso, se convierte en ley sancionada y pasa al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación. Este proceso se denomina “insistencia parlamentaria” y es parte del llamado sistema de frenos y contrapesos entre los distintos poderes del Estado.
Ahora bien, ¿en qué momento de este circuito se ejerce el control social sobre el veto del presidente y la respuesta del Congreso?
El control social se ejerce porque las votaciones de ambas cámaras para aceptar el veto o insistir con la ley –dispone expresamente la Constitución– deberán ser nominales y tanto los nombres de los legisladores que votaron en un sentido u otro, como los respectivos fundamentos, “se publicarán inmediatamente por la prensa” (art. 83 CN). La norma ordena que también deberán ser publicadas por la prensa las objeciones planteadas por el Poder Ejecutivo.
De tal modo la ciudadanía sabe entonces –por estricto mandato constitucional– no solo las razones por las cuales el presidente decide vetar una ley, sino también los respectivos nombres y apellidos de los diputados y senadores que intervinieron en la votación y las razones que cada uno de ellos invocó para apoyar e insistir con la ley o aceptar el veto presidencial.
Por último, debemos destacar que, si bien el control social no supone la capacidad de revocar decisiones gubernamentales, la requerida publicidad tanto de la insistencia legislativa como de las observaciones del Poder Ejecutivo –siguiendo el orden que le da la norma– fortalece, sin duda alguna, la transparencia respecto del funcionamiento de las instituciones de la democracia.ß
Doctor en Ciencias Jurídicas y Especialista en Constitucionalismo, profesor derecho constitucional, UBA y USI Placido Marin
