El porqué de la histórica discriminación al agro
El keynesianismo llegó al país con enorme fuerza a partir de la década de 1940. Desde entonces, y con pocas interrupciones, los gobiernos –civiles y militares– han aplicado políticas que, bajo distintos rótulos, compartían una misma lógica: transferir recursos del agro hacia la industria y el Estado. Y así, la distribución del ingreso se convirtió en el eje de la política económica, desplazando a la competitividad y al crecimiento como motores del desarrollo.
Desde los años cincuenta y hasta comienzos de los noventa prevalecieron en el país las ideas impulsadas por la Cepal. Creada en 1948, la Cepal –junto con su tesis sobre el deterioro de los términos del intercambio– moldeó profundamente la política económica. Su propuesta se conformó en torno a políticas de industrialización dirigidas por el Estado, con el fin de reducir las brechas entre las economías desarrolladas y aquellas en desarrollo.
En ese marco, los tipos de cambio múltiples, las restricciones comerciales y los derechos de exportación se convirtieron en rasgos distintivos del país. La apertura comercial, elevada en las décadas de mayor crecimiento, descendió entonces a niveles mínimos.
El estructuralismo latinoamericano, como rama intelectual de la Cepal y especialmente influyente durante la década de 1970, partía de una premisa fundamental: lo que funciona en los “países centrales” no necesariamente funciona en los países de la “periferia”. Según esta corriente, las estructuras productivas de las economías industriales diferían de manera sustantiva de las de los países primario-exportadores en proceso de industrialización, una interpretación que incorporaba distintas variantes cercanas al marxismo. Sobre esta base se asentó la estrategia de industrializar mediante la sustitución de importaciones, concebida como el camino privilegiado hacia el desarrollo económico.
Raúl Prebisch, Celso Furtado, Medina Echavarría, Fernando H. Cardoso y Aníbal Pinto se cuentan entre los intelectuales que destacaban la necesidad de la intervención estatal para superar la dependencia y la asimetría de los términos de intercambio. Enfatizaban que el subdesarrollo no constituye una “etapa” en la evolución de una sociedad aislada y autónoma, sino que forma parte del proceso de desarrollo del capitalismo. En este marco, desarrollo y subdesarrollo se concebían como estructuras parciales pero interdependientes de un mismo sistema donde la estructura desarrollada (el centro) es dominante y la subdesarrollada (la periferia), dependiente.
El estructuralismo confía en la industrialización nacional y en la acción del Estado para transformar las estructuras productivas, pero la teoría que abreva en este –la teoría de la dependencia– profundiza esa mirada y formula una crítica directa al sistema capitalista mundial. Sostiene así que la dependencia es una consecuencia inevitable del capitalismo global. Según esta teoría, el modelo agroexportador habría subordinado la economía argentina a los intereses de los países centrales e impedido el desarrollo industrial, al orientar la producción hacia lo demandado por el “centro” y no hacia las necesidades de un desarrollo autónomo, gracias al apoyo de grupos de poder vinculados al ámbito terrateniente-comercial.
En tal caso, para superar el atraso sería imprescindible romper el patrón agroexportador, sustituir importaciones, diversificar la estructura productiva y adoptar estrategias de desarrollo autocentrado.
Para los dependentistas, el modelo agroexportador consolida una inserción internacional desigual: la periferia exporta bienes primarios y depende de manufacturas del centro; construye una estructura productiva no competitiva; dificulta el desarrollo tecnológico autónomo, porque la innovación surge de los países industriales; expone la economía a embates externos y crisis recurrentes, pues los precios de las materias primas resultan volátiles y los términos del intercambio tienden a deteriorarse.
Inicialmente, la Cepal contribuyó a gestar cierta animadversión hacia el agro. Con el tiempo, esa actitud ideológica se fue consolidando a través del pensamiento estructuralista, la teoría de la dependencia y, más recientemente, el kirchnerismo doctrinario. En los gobiernos kirchneristas, este enfoque cobró centralidad. Sus políticas se trazaron sobre una estrategia de expansión del mercado interno, coherente con el ideario cepalino y el estructuralismo latinoamericano –e incluso, con la teoría de la dependencia–. Estos gobiernos, luego de la última década del siglo pasado, reactivaron esa visión en abierta oposición a las políticas del llamado Consenso de Washington.
El Instituto Patria privilegia estrategias de desarrollo basadas en la demanda interna, la industrialización por sustitución de importaciones y una mayor intervención del Estado, tanto en la regulación del comercio exterior como en la apropiación de recursos provenientes del sector agropecuario. Desde una inspiración estructuralista y dependentista, el agro es concebido no solo como un generador de divisas, que contribuye al programa de sustitución de importaciones, sino como el principal financiador del Estado y, por extensión, del aparato político. Este enfoque se apoya también en un uso sistemático de emociones negativas –malestar, desconfianza, sensación de injusticia– con el fin de fortalecer la identidad del “pueblo”, incentivando así el resentimiento hacia el “campo”, como sector históricamente privilegiado. El resentimiento social pasa a ser un recurso estructural de la política.
La lógica subyacente remite a lo que Carl Schmitt (1888-1985) definía como el núcleo de lo político: la distinción entre “amigo” y “enemigo”. Como una derivación del pensamiento dependentista, esta perspectiva se articula a través de una retórica binaria: de un lado, “nosotros”, portadores del bien; del otro, “ellos”, representantes de una alteridad considerada adversaria. La influencia del argentino Ernesto Laclau (1935-2014) resulta aquí evidente: para él, la democracia no debe aspirar a neutralizar las diferencias, sino, por el contrario, a profundizarlas como forma de construcción hegemónica.
De hecho, el resentimiento social, como un motor de movilización política, ha sido un recurso de poder de los gobiernos populistas para transformar frustraciones colectivas en energía política. Friedrich von Hayek advierte con claridad que a los dirigentes políticos les resulta más fácil obtener consenso en torno a un programa negativo –fundado en la envidia o el resentimiento– que en torno a una tarea positiva. De allí su afirmación: “Por consecuencia, lo han empleado siempre aquellos que buscan no solo el apoyo para una política, sino la ciega confianza de ingentes masas”.
Para finalizar, adherimos a las palabras de Juan José Sebreli: “Debe descartarse la teoría conspirativa que culpabiliza a la oligarquía aliada al imperialismo por mantener al país en el estadio de productor de materias primas e impedir el desarrollo industrial”.
Economista
