1
El porqué del apuro de Axel Kicillof
El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof envió su proyecto de Ley Impositiva el 24 de diciembre por la tarde, en vísperas de Nochebuena. La intención era que la Legislatura, en menos de dos días, votara afirmativamente en modo exprés y a libro cerrado la ley que determina cuánto y cómo deben abonar sus impuestos los bonaerenses.
El argumento de la celeridad es válido cuando coincidimos en que el gobierno debe contar con la herramienta que le permita recaudar para sostener el funcionamiento del Estado provincial, pero cabe aclarar que Kicillof desaprovechó los 45 días de la transición en el cambio de gobierno para planificar los ingresos y demoró dos semanas en enviarlo a la Legislatura.
Por otro lado, el apuro para que la Legislatura sancionara la ley sin tiempo suficiente para evaluar los impactos en la economía y el bolsillo de los bonaerenses era evitar que, con un análisis un poco más profundo, se descubrieran las reales intenciones del proyecto: implementar un aumento de impuestos con impacto en la clase media y en los sectores de la producción. Una iniciativa que respeta sentido del impuestazo aplicado días antes por el gobierno nacional, aunque es justo reconocer que Alberto Fernández fue mucho más allá.
El gobernador, para evitar hablar de aumentos, sostuvo que su proyecto de ley era una recomposición debido a la inflación, sobre la base de aplicar un criterio progresivo, donde los que más tienen paguen más "haciendo énfasis en los sectores concentrados y minoritarios que se vieron beneficiados en los últimos cuatro años por el gobierno de Macri". Ese es el relato. La realidad, la letra y números de la Ley Impositiva impulsada por el gobernador es otra.
Si fuera cierto lo que dice Kicillof, los aumentos de los impuestos deberían rondar, en promedio, el 55%, pero una lectura simple del texto permite descubrir que los aumentos propuestos eran muy superiores a la inflación y que no se actualizaron por el índice de variación salarial, algo sobre lo que el Frente de Todos pontificó en los últimos cuatro años y olvidó apenas semanas después de asumir el gobierno.
El siguiente análisis de los impuestos Inmobiliarios, Automotores y a los Ingresos Brutos, los tres más relevantes de recaudación provincial, derriba la puesta en escena del gobernador.
En el Impuesto Inmobiliario la recaudación promedio prevista en el proyecto original superaba claramente la inflación del 55%: más de la mitad de las propiedades urbanas se encontraba alcanzada por el rango superior del aumento con tope del 75%, mientras que las beneficiadas con el tope mínimo del 15 %, las de menor valor fiscal y poca incidencia recaudatoria, sólo alcanzaban al 13% de las viviendas.
En el caso de los terrenos baldíos, los aumentos son superiores al urbano. En el Inmobiliario Rural, con pretexto recaudatorio, el kirchnerismo pudo incorporar su viejo prejuicio sobre el campo. El incremento impositivo a los propietarios de más de 2000 hectáreas no aporta grandes sumas al presupuesto provincial, pero sirve como argumento ideológico en el relato épico de una batalla contra una supuesta oligarquía terrateniente.
En el caso del impuesto Automotor, del cual se habló poco pese a que su incidencia económica es más relevante (cerca del 8% de la recaudación) y con fuerte impacto en todos los bonaerenses, pobres y ricos, los aumentos iban desde el 80% hasta un 150%.
Un "afortunado error" de la agencia de recaudación provincial (ARBA), que publicó en su página web el nuevo valor de las patentes antes que la Ley Impositiva fuera votada, puso en alerta a varios contribuyentes que advirtieron el desproporcionado aumento, lo que sirvió para que el impuestazo del que estábamos hablando no fuera sólo una discusión teórica-impositiva ni ideológica, como plantearon quienes defendieron el proyecto oficial.
En materia del impuesto a los Ingresos Brutos, el más importante, ya que supera el 66 % de los recursos que recauda la Provincia, la suspensión del Pacto Fiscal entre Nación y Provincias a partir de 2020 supone discontinuar el acuerdo para disminuir la presión fiscal a través de la reducción y eliminación de este gravamen en varias actividades, la armonización de la estructura tributaria entre los Estados provinciales y, por supuesto, su contracara: reducir el gasto público corriente.
Esta suspensión, en el caso de la provincia de Buenos Aires, fue interpretada por el gobierno de Kicillof como el regreso a las políticas de aumento de impuestos; su proyecto incrementa las alícuotas de actividades vinculadas a la producción y a los servicios y crea una sobretasa portuaria que afectará seriamente la actividad de los puertos bonaerenses, en relación con los puertos de otras jurisdicciones, además, encarece en exceso la producción que se comercializa por la vía marítima.
¿Y los sectores concentrados? ¿Y la actividad financiera? Bien, gracias. Afortunadamente, no fueron favorecidos como sí ocurrió a nivel nacional, con una disminución impositiva.
La única verdad es la realidad. Cuando cede la efervescencia de los discursos de barricada cargados de preconceptos, se percibe con facilidad que la intención del gobernador Kicillof era incrementar sus recursos sensiblemente por encima de la inflación y, para ello, su intento de gravar fuertemente a la clase media y a la producción, y no sólo a los ricos.
Es cierto que Kicillof ha sido elegido por el 52% de los bonaerenses y eso le otorga una legitimidad que corresponde respetar. Pero no es menos cierto que fuera del conurbano bonaerense, María Eugenia Vidal y Juntos por el Cambio han superado al Frente de Todos, lo que exhibe un equilibrio parlamentario que tiene la particularidad de que ninguna fuerza puede sancionar leyes sin contar con los otros espacios políticos, lo que obliga a la responsabilidad del consenso. Y los consensos no se logran con imposiciones, doblegando al adversario, ni con caprichos. Se logran con diálogos, con cesiones mutuas. A pesar del destrato del gobernador, ha primado en la legislatura la responsabilidad para que el gobierno cuente con la herramienta fiscal.
El fruto de ese acuerdo es haber podido atenuar el impacto de los aumentos de impuestos para millones de bonaerenses y para muchas actividades vinculadas a la producción y a los servicios. Lamentablemente no se atenuaron todos, pero el logro fue significativo. La norma sancionada es mucho más progresista que la propuesta del gobernador. Los aumentos del 75% a la clase media ahora serán del 55% (pasaron de ser 2.4 millones de viviendas a unas 600.000) y, en el caso de los automotores, en el que el impuestazo llegaba a todos, el tope también será del 55%.
El gobernador sostiene que la oposición ha desfinanciado sus ingresos. En relación con el impuestazo que él propuso, sí. Pero, si se lo compara con los recursos que tuvo la Provincia en 2019, falta a la verdad.
Esta ley impositiva le asegura más recursos que lo que dispuso el gobierno anterior el año pasado. A esto deben sumarse los más de 70.000 millones de pesos adicionales de coparticipación nacional como consecuencia del impuestazo de Alberto Fernández.
Un senador oficialista en la sanción de la ley manifestó que el gobernador ya cuenta con los recursos para llevar adelante su gobierno. Me sumo a su sinceridad, que ayuda al diálogo constructivo. María Eugenia Vidal procuró llevar adelante una transición abierta para allanar al gobernador entrante el camino de asunción y dejó en las arcas bonaerenses los fondos suficientes para el pago de sueldos y aguinaldos de diciembre.
En menos de 30 días, la Legislatura le ha otorgado al gobernador las herramientas que necesita: prórroga de presupuesto, sanción de emergencias, autorización para endeudamiento a fin de refinanciar las deudas que vencen hasta el 31 de marzo, y fundamentalmente, los recursos para gobernar.
Tiene plazo hasta el 15 de abril para presentar el presupuesto y decirles a los bonaerenses en qué va a gastar los recursos que le fueron autorizados. Para ello, es indispensable que el gobernador Kicillof entienda que la campaña electoral culminó el 24 de octubre pasado y empiece a gobernar.
