El precio del deber

"Observa, candoroso Sócrates, que al hombre justo le va peor en todo lugar y circunstancias que al hombre injusto... Cuando uno y otro ejercen una magistratura, el hombre justo, si es que no sufre además de otros perjuicios, sufre al menos del obligado abandono en que deja sus asuntos privados, sin aprovecharse en nada de los bienes públicos por ser justo, y además se hace odioso a sus parientes y amigos, al no querer favorecerlos en contra de la Justicia." De Trasímaco a Sócrates, en la República de Platón, Libro I, 343d.

EL juez se recostó en su sillón de porte alto y mullido, apartó sus lentes y, mientras anotaba con cuidado la referencia exacta, murmuró: "La pucha... es tal cual".

Afuera, en las calles, hay millones de argentinos pensando tan cínicamente como Trasímaco (o más) sobre la conveniencia de ser justo. Rodolfo, un funcionario judicial joven, de carrera, lo sufrió personalmente hace poco. Cobra unos 3000 pesos de sueldo y detesta usar sus privilegios públicos, así es que paga el parquímetro religiosamente. Pero esa vez se había quedado sin fichas y dejó el auto estacionado para ir a comprar una. Al volver, se topó con un desconocido que señalaba su patente judicial.

-Así son estos de "chapa blanca". Siempre hacen lo mismo- le dijo, con aire resentido y cómplice.

-Perdón, el auto es mío. Y siempre pago- lo cortó, entre avergonzado y furioso.

El hombre calló y partió. Rodolfo, en realidad, también suele callar: en las reuniones sociales evita decir de qué trabaja, aunque por ahora mantiene la chapa blanca.

Jueces y funcionarios de todos los tribunales, de todos los fueros, afrontan una inédita desconfianza social y deben fallar cada día inmersos en una crisis interna también sin antecedentes. ¿Cuántos Sócrates quedan detrás de un tribunal? ¿Tanto cuesta ser un buen juez en Argentina?

Devolución de favores

"Estamos en crisis. Los ciudadanos quieren que les resuelvan su caso. Y necesitan un poder independiente", admite Horacio Prack, camarista federal del distrito de San Martín. En 1997 llegó a la presidencia de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial en representación de un sector que predica contra los privilegios corporativos y en pos de una Justicia más independiente del poder político.

Prack acepta que entre los casi novecientos jueces de todo el país hay muchos que en estos nueve años de menemismo han aterrizado en paracaídas provistos por el Gobierno y su mayoría en el Congreso, con la que en 1990 amplió la Corte de cinco a nueve miembros.

El Yomagate, en 1991, amenazó con involucrar a la familia política del Presidente y, como consecuencia, se produjo un auténtico terremoto en el fuero federal, donde se juzga a funcionarios nacionales, se ventilan delitos contra el Estado y se investiga el tráfico ilegal de drogas.

Cuando la sala de la Cámara Federal integrada por Horacio Cattani y Gustavo Costa (había un puesto vacante) iba a confirmar la prisión preventiva de Amira Yoma, el segundo fue trasladado y dos nuevos integrantes, Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani, sentenciaron por mayoría en sentido opuesto.

"Todo el fuero federal fue reacomodado nada más que para eso", aseguró entonces (y mantiene ahora) una autoridad del fuero. Esta reforma del plantel se basó en la creación de más de quinientos cargos nuevos y, como reconoce Prack, conteniéndose, "algunas filtraciones hubo".

La tentación del ascenso era demasiado grande para que hubiera resistencia. Según dijo un funcionario a La Nacion : "Yo sabía con qué interés lo hacían. Pero llega un momento en que tus colegas, tus amigos, tu mujer (que piensa en el futuro de tus hijos) te preguntan: «Si trabajás y sos decente, ¿por qué no vas a merecer un ascenso?» Y vos también te lo preguntás".

Pero, ¿se podía hacer otra cosa?

Renuncia o resistencia

Jorge Bacqué era secretario letrado de la Corte Suprema cuando el general Juan Carlos Onganía tomó el poder. Sin hesitar, presentó su renuncia en compañía de otro colega, Jorge Vanossi. "La Corte Suprema, como cabeza del Estado, debe acompañar al poder administrador, no debe poner palos. Pero el límite es la constitucionalidad de las leyes", explicó.

En 1985, Bacqué volvió al tribunal, pero como ministro. Cinco años después, volvió a renunciar, cuando se amplió la Corte. "Me produce una gran indignación lo que está pasando", dice ahora, desde la presidencia del Colegio Público de Abogados de la Capital.

Ante un dilema parecido se encuentra, entre otros, Cattani, que eligió resistir la reforma del fuero federal: se negó a aceptar traslados, mantuvo su voto en disidencia cuando Riva Aramayo y Vigliani fallaron en favor de Amira Yoma y buscó el modo de defender su independencia.

La oportunidad se la ofreció el propio Gobierno. Cuando el juez federal Martín Irurzun fue forzado a elegir entre ascender a la Cámara Federal o ser sometido a juicio político -investigaba por enriquecimiento ilícito al secretario antidroga Alberto Lestelle-, Cattani supo sumarlo a su causa, a la que agregó a Eduardo Luraschi.

Los tres formaron un bastión de independencia en el fuero federal, inesperado para el Gobierno: la Sala II de la Cámara. Cuidan hasta los mínimos detalles de su vida profesional y privada porque temen que el poder político les haga pagar muy alto cualquier error. Sienten que a la Justicia le pasa lo mismo que les pasó a las Fuerzas Armadas después de 1983.

El camarista del crimen Guillermo Rivarola -un respetado referente de los sectores más tradicionalistas y conservadores de la Justicia, juez desde el pasado régimen militar- también denuncia el uso de la difamación, de la amenaza y del juicio político infundado cuando, dice, se rozan intereses poderosos: "A un juez se lo arroja al ostracismo por su independencia.

"Por supuesto que ser un juez honesto tiene un costo -se lamenta-. Los jueces honestos están muy mal defendidos." ¿Quién los ataca?

Convivencias

En principio, "no hay mayores problemas en poner en práctica la propia honestidad", asegura Prack, con una opinión muy difundida entre sus colegas. Nadie teme que su despacho sea volado con un cohete, como puede ocurrir en la desgraciada Colombia.

El principal riesgo proviene del poder político. Algunos magistrados han limitado al mínimo imprescindible sus contactos con representantes políticos para evitar que la convivencia sea confundida con la connivencia. Hace pocos años, un juez aceptó una simple invitación a almorzar, que fue la última: pronto supo que su anfitrión se pavoneaba por allí, con abogados y políticos, diciendo: "¿Ves? a éste también lo tengo".

Muchos creen que este tipo de precaución alcanza y sobra. Al final, asegura Prack, el problema será para los corruptos: "Ellos pierden independencia porque tarde o temprano tienen que devolver el favor y resolver con algún tipo de presión generada por el pecado original de su designación. Los que estamos del otro lado no tenemos mayores problemas".

En efecto, Ejecutivo y Congreso han tenido hasta ahora el papel más fuerte en su relación con el Poder Judicial al manejar designaciones y ascensos, y les resultó fácil condicionar a éste, especialmente en el fuero federal.

Pero no todo se explica por manipulación política. El Poder Judicial también buscó la forma de sacar alguna tajada de esta relación desigual. Como ministro de Justicia, el ex camarista León Arslanián no debía de ignorar que la reforma emprendida en 1992 por el menemismo buscaba colocar jueces más dóciles en puestos clave -opinaron varios jueces-, pero, a su vez, él quería aprovechar la ocasión para introducir una serie de cambios (entre ellos, la oralidad) largamente anhelados.

Entonces, no parece que los corruptos vayan a cargar con el problema de su "pecado original": desde 1983, de un millar de denuncias contra jueces, menos de veinte alcanzaron la instancia de acusación y apenas media docena fueron removidos.

¿Es que, como afirma Prack, los corruptos son "muy poquitos"?

Minorías

"Los jueces que nos han hecho tanto daño no son tantos con nombre y apellido", asegura la jueza Lidia Soto, en su doble condición de camarista federal en San Martín y presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina. Ella, como muchos colegas, se queja de una distorsión de la prensa (ver "Disparen sobre la prensa", en esta misma página).

Pero en la encuesta más reciente del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, sólo el 31 por ciento de los consultados dijo que veía en la Justicia el medio más eficaz para combatir la corrupción. La Justicia obtuvo un ocho por ciento de imagen positiva; 33 por ciento, regular, y 58 por ciento, negativa.

"Minoría ruidosa es la de esos b... del fuero federal de la Capital que salen en los diarios. Lamentablemente, son muchos más", corrige otro alto magistrado, también un referente en el Poder Judicial, que pidió a La Nacion estricta reserva de su nombre.

Pero las mismas fuentes terminan por extender el problema a porciones mayores de territorio. Muchos funcionarios capitalinos ni se imaginan trabajando en la provincia de Buenos Aires -el mayor distrito del país-, que describen como una "tierra de nadie" donde los arreglos "mitad y mitad" con la policía son parte de un folclore de la resolución de causas.

Bacqué tercia con matices: "Hay jueces más «vagonetas», los hay más trabajadores, hay quienes son mejores juristas, otros no tan buenos. Pero la gran mayoría son probos, hacen lo que pueden y tienen sentido común".

Deshonestidades La diferencia de evaluación puede resultar de una distinción que hacen los magistrados, entre la "deshonestidad económica" -los que son genéricamente conocidos como corruptos- y la "deshonestidad profesional", la de quienes han aceptado el cargo sin estar preparados para ello.

En el primer rubro, rápidamente, puede encuadrarse al prófugo Trovato, el juez del placard de los 17.000 dólares. O considerarse el caso de Branca, ya preso, acusado de proteger a una organización de contrabandistas.

Soto dice, por experiencia, que "cuando hay que corromper, los abogados saben a quién dirigirse. Aquí, en la Justicia, entre jueces y abogados, todos nos conocemos bien". En los estudios jurídicos, ilustró un abogado penal a La Nacion , es habitual preguntar, antes de pedir detalles de la causa en cuestión, cuál es el nombre del juez.

Para segregar a los corruptos, por ahora y hasta que se forme el Jurado de Enjuiciamiento, "no hay sistema -admite Soto-. El juicio político, a no engañarse, siempre fue eso: político". Como alternativa, hay jueces que advierten a fiscales vecinos de señales de enriquecimiento ilícito en algunos funcionarios.

En los últimos tiempos hubo señales fuertes de reacción, como la de los treinta y tres jueces que pidieron hacer públicas sus declaraciones patrimoniales. El reclamo de transparencia sólo recogió un centenar de adhesiones, de las casi novecientas posibles.

Entretanto, por los tribunales se pasea sin tanto escándalo "la otra" deshonestidad, la "profesional". Jueces que sobrevuelan sus despachos por la mañana sólo para "firmar" papeles y expedientes que preparan colaboradores más capacitados. Para el ciudadano común se resume en que su caso puede demorar años en resolverse.

La figura contrasta con los miles de agentes asalariados o los "meritorios" sin sueldo que aportan sus propias computadoras para trabajar más de ocho horas. Pero el ejemplo es devastador y la conclusión, peor: "Es doloroso, pero el esfuerzo de la gente honesta no tiene respuesta, porque no hay un sistema de premios y de castigos", convalida Rivarola.

Hay jueces que discuten sin límite con las partes del proceso porque no hay reglas que lo impidan, como en otros países. El sistema judicial sufre el mismo vacío de normas que su entorno social. Esa promiscuidad profesional tampoco tiene sanción. En ese punto, dice Soto, "estamos en un momento de crisis moral de la sociedad, y la Justicia es parte de ella".

De patricios a plebeyos

En efecto, la Justicia ha cambiado con la sociedad. La magistratura, a principios de siglo, se conformó con un estamento de acceso socialmente privilegiado, vedado a la masa de inmigrantes que llegaba a hacer la nueva Argentina, y dominio de familias patricias. Eran los tiempos en que, cuentan, un juez repartía el sueldo entre los empleados porque, sencillamente, no lo necesitaba para vivir.

Después, igual que el país, la magistratura se fue democratizando como pudo, y la carrera judicial se convirtió también en un medio de vida. Así, sin estabilidad política en medio siglo, cientos de funcionarios menores terminaron en un sillón de juez que no buscaron, culminación de una carrera burocrática tranquila, sin desafíos al poder político. Se aseguraron un ingreso, un status y (cuántas veces) amparo para la frustración de no haber prosperado como abogados.

Sobre esa anquilosada estructura se montó la desmesura de los 90. La clase política prohijó jueces inferiores y superiores que cumplen con el partido que los impulsó y siguen camino hacia un estudio jurídico o una empresa que debe tratar con el Estado. Rodolfo Barra es un ejemplo.

Simultáneamente, en una cultura del ascenso rápido, crecieron, en fueros como el penal, los asistentes urgidos por ser secretarios, los secretarios apurados por ser fiscales, fiscales impacientes por ser jueces, y empleados que ya evitan pelearse con abogados, para ir ganando amigos para cuando lleguen. Ser juez ha dejado de ser la única meta final.

Mani pulite

El arma de la simple fortaleza moral de cada individuo ha quedado pequeña para combatir la deshonestidad. Nadie molesta al honesto conocido; pero tampoco éste molesta en nada las estructuras de corrupción e impunidad existentes.

Hasta ahora, la "inseguridad jurídica" ha encontrado el mejor freno en los reclamos de transparencia del Fondo Monetario Internacional, con el recurso de condicionar sus préstamos, o de los Estados Unidos, cuando alzaron la voz en defensa de sus inversores, la última vez hace dos semanas, para sentenciar que el sistema judicial argentino es "ineficiente, lento y padece presiones e influencias políticas". Aunque si las circunstancias son diferentes -por ejemplo, la privatización de aeropuertos- parecen conformarse con un simple decreto.

"La conformación de un Poder Judicial democrático de derecho requiere tender a un grado razonable de convicción política", dice el acta fundacional de Justicia Democrática, otro grupo de jueces reunidos hace dos años.

Los sectores reformistas de la Justicia están convencidos de que los jueces deben divorciarse públicamente de la actual Corte Suprema con un discurso frontal que reivindique la independencia. Y lidiar con los políticos representados en el Consejo de la Magistratura. Y asegurarse de que salga cuanto antes la ley del Ministerio Público, que convierte a los fiscales en representantes de la sociedad en lugar del Poder Ejecutivo.

Nadie ve en el Consejo de la Magistratura, que con suerte funcionará este año, una solución de corto, ni siquiera de mediano plazo. Los más esperanzados recuerdan que los magistrados que hicieron la operación mani pulite en Italia fueron hijos de una reforma iniciada hace varias décadas. "Habrá que esperar -resumió un vocero de la Asociación de Magistrados y Funcionarios-. Porque el problema no es que los honestos han bajado los brazos. El problema es que nunca los levantaron."

Por Eduardo de Miguel

(c)

La Nacion

Disparen sobre la prensa

Desde la apertura democrática habían pasado cientos de casos judiciales de interés para el público, de crímenes resonantes y también procesos de importancia institucional. Con el sistema escrito -salvo en casos atípicos como el juicio a los ex comandantes-, la prensa siempre informó de las causas a través de "fuentes judiciales", el clisé para proteger al secretario, al fiscal o al magistrado que informaba de un sumario que debía ser secreto. "Un juez sólo habla por sus fallos", decía la tradición.

La noche en que el juez federal José Luis Galeano proclamó desde las escalinatas del Palacio de Justicia que tenía entre manos una revelación extraordinaria en la causa de la AMIA ("se van a caer de espaldas", había dicho), revelación que aún hoy se sigue esperando, coronó, sin embargo, una nueva tendencia. Galeano hizo, en un caso que involucra a decenas de muertos, lo que Alberto Piotti había enseñado años atrás: primero la tele, después la fama y ya se verá cuándo las pruebas del delito.

¿Es la prensa la que exagera la corrupción en la Justicia, la que procrea personajes como Hernán Bernasconi o Daniel Llermanos? ¿Cuánto hubiera durado en un tribunal argentino el secreto de la declaración de un presidente durante seis horas ante una mujer que lo acusa de acoso sexual?

Llama la atención la forma en que los jueces cierran filas para cuestionar la tarea de la prensa, en especial cuando el acusado con el que se ceba es alguien de la familia. "Hay una incidencia sobre lo que percibe el ciudadano, a veces exagerado por los medios de comunicación", dice Prack. Su colega Soto se lamenta por los "efectos mayúsculos de problemas minúsculos" en la Justicia.

Rivarola demandó al periodista Eduardo Kimel, que había comentado la participación del juez en la causa del asesinato de cinco religiosos palotinos, en 1976, pero sus colegas camaristas del mismo fuero del crimen lo absolvieron del cargo de injurias. "La prensa avasalla y el Poder Judicial no le ha sabido poner el límite", dice todavía hoy Rivarola.

Aun los funcionarios judiciales mejor dispuestos se quejan de que la prensa les hace imposible el trabajo: que anticipan citaciones, órdenes de captura, que frustran muchos casos en una investigación. ¿Acaso la prensa inventa detalles de sumarios?

Los límites, y los periodistas lo saben, son infranqueables cuando un juez se lo propone. A fines de 1997, los integrantes de un tribunal escogido por revista Gente para sumarlos a su foto de los personajes del año, respondieron por escrito: "Nuestra actividad no difiere de la de cientos de magistrados y funcionarios que con dedicación, independencia y probidad llevan adelante un sinnúmero de dificultades, coyunturales y estructurales, para brindar un adecuado servicio de Justicia".

En el fondo, la prensa seguirá insaciable y sólo pendiente de su autorregulación si el modelo de juez mediático persiste como tentación. Como asume Bacqué: "Es más espectacular un juez filmado con una cámara oculta que toma un delito que mirar al que llega a las siete de la mañana y se va a las ocho de la noche". ¿Cómo se supo por primera vez públicamente del ritmo de vida que llevaba el ex juez Francisco Trovato?

Ante tanto vedetismo que ha cundido, hay muchos jueces que cultivan la condición de árbitros prescindentes, oscuros, como ellos mismos gustan decir. Creen que el derecho del ciudadano a la información tiene un límite. En su opinión, el juez debe decir: "Publicito lo que puedo publicitar".

(c)

La Nacion

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