El profesor en su laberinto

El 10 de diciembre de 2019, Alberto Fernández inició el trigésimo período presidencial desde aquel lejano 5 de marzo de 1854, en el que hizo lo propio Justo José de Urquiza, primer presidente constitucional de la Argentina.

En esos treinta períodos presidenciales gobernaron treinta y cinco diferentes presidentes constitucionales, de los cuales veinticuatro han sido abogados y dieciséis egresaron de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Entre estos últimos está Alberto Fernández, quien además es profesor interino de Derecho Penal en esta facultad. La historia no solo arroja estos datos, sino que, en el futuro, también dirá que, alguna vez, un presidente abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y docente de esa institución desempeñó su cargo lesionando una y otra vez al Estado de Derecho y al sistema republicano.

La historia contará que este “hombre de derecho” criticaba permanentemente las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; que sin fundamento alguno, y también sin éxito, avaló un proyecto de ley para aumentar de cinco a veinticinco la cantidad de miembros del máximo tribunal; que en una de las aperturas de las sesiones ordinarias del Congreso propuso crear una comisión legislativa para “revisar” los fallos de la Corte; que dictó un decreto de necesidad y urgencia prohibiendo reuniones familiares en el marco de una cuarentena por él mismo dispuesta y, sin embargo, festejaba el cumpleaños de su propia cónyuge en la residencia de Olivos; que no quería cumplir con una decisión judicial de la Corte Suprema, y que quería recusar a todos sus miembros porque no estaba de acuerdo con una medida cautelar que esta había concedido en contra del gobierno nacional.

Es gravísimo que el presidente de la Nación embista una y otra vez contra el máximo tribunal, porque al iniciar su mandato, en diciembre de 2019, juró, en los términos del art. 93 de la Ley Fundamental, “observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina”, la que establece claramente la vigencia de un sistema republicano de gobierno, cuya principal característica es la independencia del Poder Judicial.

Pues más grave es aún que estas permanentes embestidas y perjurios provengan de un primer mandatario abogado y docente universitario, por cuanto reflejan una profunda ignorancia jurídica, inadmisible para su condición, o una premeditada estrategia destinada a desconocer postulados constitucionales relevantes.

Hace mucho tiempo que el presidente de la Nación viene mal desempeñando su cargo, pero cualquiera de las situaciones señaladas en el párrafo anterior supera el límite de tolerancia cívica que se le debe tener a un mandatario abogado, y por lo tanto están más que acreditados los requisitos para que se lo someta a un juicio político por mal desempeño, tal como lo prevé la Constitución nacional en su artículo 53. Por su parte, por los motivos expuestos, también está acreditada la causal de “deshonestidad intelectual”, prevista en el Estatuto de la Universidad de Buenos Aires, para el desarrollo de un “juicio académico” contra el “profesor” presidente.

Alberto Fernández pasará a la historia como uno de los más incompetentes primeros mandatarios constitucionales de la Argentina. Mientras tanto, faltando transcurrir aún el veinticinco por ciento del período presidencial para el cual fue elegido, la sociedad observa estupefacta y hastiada cómo el “profesor de Derecho Penal” conduce desconcertado los destinos del país y navega sin rumbo dentro de su propio laberinto.

Abogado constitucionalista y profesor de derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la UBA