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El récord de los decretos rechazados y la necesidad de consensos
Nuestro país vive semanas de pasión y confrontación. Recientemente los senadores rechazaron el DNU 340 sobre el régimen de la Marina Mercante, así como los decretos delegados 345, 351, 461 y 462 de 2025, que dispusieron disoluciones y diversas reorganizaciones sobre institutos ligados a la cultura, el INTA, el INTI, la Dirección Nacional de Vialidad, y el Banco Nacional de Datos Genéticos, entre otros organismos públicos. Se trata de iniciativas reformistas que han despertado un fuerte debate en la opinión pública.
El estilo de gobierno de Javier Milei utiliza la confrontación como forma de impulsar su agenda política. Esta dinámica no es nueva en la historia argentina, ya que hemos convivido durante años con una lógica de amigo-enemigo, una tendencia que se ha visto fortalecida desde principios de este siglo, con la influencia de las ideas de Ernesto Laclau en la política nacional.
Esta realidad, por un lado, no permite que se generen acuerdos políticos para designar roles institucionales claves como los jueces de la Corte Suprema, el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo de la Nación. Por otro lado, afecta a los oficialismos que no gozan de amplias mayorías en el Congreso para llevar adelante un plan de gobierno.
El rechazo de los decretos delegados que se llevó a cabo el 21 de agosto se enmarca en dos extremos pasionales: por un lado, aquellos representados por el afán desregulador del gobierno y, por otro, los que en la vereda opuesta se engloban entre quienes pregonan un Estado necesario pero eficiente y los que reclaman un Estado fuerte e interventor. Así, el debate quedó encapsulado entre la motosierra versus posiciones de mayor o menor Estado.
Ante esta realidad, el Congreso, con ambas cámaras y por primera vez en la historia, rechazó decretos delegados. Más precisamente, rechazó los primeros 4 decretos delegados y el DNU 340/25 convirtiendo a Javier Milei en el presidente con más decretos rechazados por el Congreso en la historia argentina, pero también con el promedio mensual (5,11) más alto de decretos delegados dictados desde el 2006 hasta la fecha. A su vez es el tercer Presidente que posee más cantidad de DNU dictados, en promedio a nivel mensual, desde la reforma constitucional de 1994: 4,2 DNU por mes. En primer lugar, se encuentra Eduardo Duhalde con 9,5 DNU, seguido de Néstor Kirchner con 4,3. Todo esto teniendo en cuenta que es un Presidente con minoría en ambas cámaras, lo que limita sus posibilidades de plasmar su agenda política.
Más allá del rechazo del Congreso a los decretos, tenemos que preguntarnos sobre los efectos. Es así que parte de la doctrina expresa que los decretos rechazados pierden efecto e incluso, vuelven las cosas al estado anterior, reviven los organismos y los empleados cesanteados vuelven a trabajar. Otra parte de la biblioteca, expresa que los decretos son derogados desde la fecha del rechazo, pero lo que sucedió antes –por ejemplo, la disolución del INTA o el cese de los trabajadores estatales -, mientras estuvieron vigentes los decretos, no pierde sus efectos.
La discusión se centra en si es necesaria una nueva ley para restablecer la vigencia de estos organismos nacionales. Sobre este interrogante, la Ley 26.122, que regula el trámite y control de los decretos delegados y DNU que dictan los Presidentes, dispone que el rechazo de los decretos tiene efectos derogatorios pero que se mantienen los derechos adquiridos durante su vigencia. Es decir, los decretos delegados que fueron rechazados mientras estuvieron vigentes produjeron efectos hasta su rechazo.
Entonces, ¿qué solución hay? Sancionar una ley que restablezca la situación anterior, y para el futuro, ser más precisos en las delegaciones en el Ejecutivo. Por ejemplo, colocando expresamente los organismos a desregular. Esta lógica de confrontación nos está afectando desde hace mucho tiempo quedando abierto un panorama incierto, pero lo más preocupante es que las reformas - por decreto o por ley - que no tienen consenso tienden a caer tarde o temprano.
Director Ejecutivo del Observatorio de Decretos sujetos a Control Legislativo (ODCL) de la Universidad Austral.
