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El respeto por la propiedad privada
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Han tomado estado público -y han provocado razonable preocupación- las denuncias que atribuyen al gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires y a ciertos legisladores locales la intención de impulsar la expropiación de empresas quebrantadas y de inmuebles en estado de abandono que han sido ocupados ilegalmente por asambleas barriales. Si se confirmase la existencia de proyectos de esa naturaleza, habría motivos para encender una luz roja de alerta, pues podría resultar afectado el principio que consagra el respeto a la propiedad privada -que sólo debe ceder en situaciones excepcionales debidamente justificadas- y, además, porque se trataría de un programa de acción que obligaría a debatir, seguramente, cuestiones vinculadas con el destino que se les da a los recursos públicos.
En 1999, la Legislatura porteña sancionó la ley 238, con el propósito manifiesto de suministrar las bases legales para que pudiesen ser declarados de utilidad pública los inmuebles afectados por la realización de obras oficiales de infraestructura; por ejemplo, por la construcción de una autopista o por algún plan de remodelación urbana). Ahora, se ha hecho pie en esa misma norma para adjudicarles esa condición a por lo menos dos empresas quebradas y justificar, así, la expropiación de sus marcas y maquinarias, de manera tal que el personal, reunido en una cooperativa, pudiera hacerse cargo de su explotación.
Tiene ciertos matices diferentes la situación de los inmuebles que fueron ocupados por asambleas barriales. En tales casos cobra forma una probable amenaza para la intangibilidad de la propiedad particular.
Ocupaciones de esa clase se produjeron, por ejemplo, en Palermo y Belgrano. Otro inmueble ocupado fue el que afectó al denominado Hospital Portugués, situado en el barrio de Flores, que se encontraba cerrado -con todo su equipamiento en el interior- y había sido tapiado por orden judicial, mientras se concretaba su liquidación. Dos grupos barriales lo invadieron y existiría en este momento la intención de solicitar su expropiación con el objeto de convertirlo en centro de atención médica de los trabajadores de las empresas autogestionadas, incluso haciendo caso omiso de la legítima inquietud que ese probable desenlace ha generado en el seno de la colectividad portuguesa, que estaría dispuesta a plantear una reclamación por vía diplomática.
Nadie duda de que la angustiosa crisis socioeconómica que padece la mayor parte de la sociedad argentina requiere remedios eficientes e imaginativos, aplicados sin mayores dilaciones, para ir mitigando los padecimientos de los sectores más afectados. Sin embargo, esa circunstancia, tan real como apremiante, no justifica en modo alguno que, bajo la cobertura de una legislación dictada con otras finalidades, se convierta en moneda corriente la apropiación de propiedades privadas que se encuentran en situación de litigio y sobre las cuales tienen derechos -entre otros- los acreedores de los propietarios quebrantados.
Hay que ayudar a los sectores desposeídos de la sociedad. Pero esa positiva actitud solidaria no puede ni debe concretarse a expensas del principio que consagra el respeto hacia la propiedad privada, asegurado por expresas garantías constitucionales, ni deben destinarse con ligereza a ese fin recursos provenientes del empobrecido erario. Al respecto, en la Legislatura local ya fueron presentados pedidos de informes que deberían tener pronta respuesta del gobierno porteño, sobre el cual pesa la responsabilidad de explicar cuáles son los fundamentos de los proyectos cuestionados y de aclarar si son fundadas las sospechas acerca de que tales emprendimientos podrían responder a veladas finalidades proselitistas.
