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El riesgo de que la manta encoja antes que llegue el invierno
Al oficialismo le está costando más de lo habitual imponer en la conversación pública una versión compatible con los acontecimientos que intenta describir. Sobre todo porque los hechos expresan por sí mismos otra versión, más ajustada a la realidad que la promovida por el discurso oficial. La postergación para aplicar el nuevo IPC que precipitó la salida de Marcos Lavagna del Indec desnudó ese desfase. Tal vez por eso la inflación de enero se convirtió en un argumento más persuasivo que los esgrimidos por Luis “Toto” Caputo para justificar la necesidad de demorar ese cambio.
Ese antecedente condiciona presumir que sea neutro el efecto de las 50 modificaciones introducidas por el Senado a la ley de modernización laboral para que los bloques aliados acepten votarla. Sin perder la vocación original de reducir costos laborales y el poder sindical, la supresión de rebajas al impuesto a las ganancias pactado con los gobernadores pone en debate el modelo del Ministerio de Economía para mantener en equilibrio las cuentas públicas.
El reclamo salarial de la policía en Santa Fe expone con eficacia la razón de los mandatarios para rechazar una reducción de un tributo coparticipable en el quinto mes consecutivo de caída de la recaudación nacional. El aumento anunciado por el gobernador Maximiliano Pullaro pudo haber frenado una temida reacción en cadena. Estimaciones privadas calculan un atraso promedio del 13 por ciento en los haberes de las fuerzas de seguridad. Una situación que no excluye a las que dependen de la administración federal.
La retracción de la actividad económica tiene un impacto negativo mayor en los ingresos fiscales de las provincias, donde comienza a inquietar que la manta se vuelva corta antes que llegue el invierno. Un proceso que, quizás, sigan de cerca quienes evalúan realizar inversiones. Igual que la disputa interna en el gobierno: el origen que reconocerán las denuncias por presuntos casos de corrupción. Un aparente derroche de energía innecesaria que tiene por víctima reciente a Hernán Reidel, con perdón del saliente titular de de Nucleoeléctrica Argentina: la NASA criolla.
Reidel renunció por supuestos sobreprecios en la adjudicación de servicios de limpieza. Tal vez tenga suerte y su causa termine por sorteo en poder de Ariel Lijo. El titular del juzgado Federal N°4 investigará si hubo coimas en las contrataciones de la Andis. A Lijo se le atribuye tener control sobre las decisiones de María Servini a través de Roberto Mangano. De profesión autodidacta, el subsecretario administrativo del juzgado Federal N°1 es definido en Comodoro Py como uno de sus destacados self made man. Suspicacias destinadas, seguramente, a desacreditar la confianza que Servini deposita en él, pero alimentadas por el secreto de sumario dispuesto la semana pasada en la causa que tiene desde 2023 y que involucra a Sur Finanzas y la AFA con el supuesto lavado de dinero. Sería injusto, sin embargo, achacarle solo a los libertarios el intento de presentar como un éxito a resultados controvertidos. Axel Kicillof postuló su llegada a la presidencia del PJ bonaerense como un triunfo, cuando distaría de serlo.
La Cámpora y los intendentes del conurbano alineados con Martín Insaurralde le advirtieron que solo cederían ese cargo si era él quien lo ocupaba, una confirmación del veto a que lo haga Verónica Magario, la candidata propuesta por el gobernador. A cambio de la presidencia, Kicillof tuvo que aceptar a Máximo Kirchner al frente del Congreso partidario y la permanencia de Leonardo Nardini en la Junta Electoral. Esos tres cargos son los más importantes entre las autoridades. El Congreso valida las alianzas y la Junta examina a los candidatos.
El resto de los lugares equivale a premios consuelos. La condición para que Kicillof consiga que su vicegobernadora sea la vicepresidente pimera es que Federico Otermín la escolte en la segunda. Un reconocimiento a la labor de correo entre Cristina y Kicillof cumplida por el intendente de Lomas de Zamora. La designación de Daniela Vilar como jefa del peronismo en ese municipio resultó el plus a ese usufructo personal. La ministra de Medio Ambiente de Kicillof es su esposa y compite con Mayra Mendoza por estar en el binomio que compita por suceder a Kicillof.
Ese lugar en la fórmula es una conquista que Insaurralde reivindica para Lomas de Zamora en su histórico enfrentamiento con La Matanza. Hasta el episodio del yate “El bandido”, Máximo sostuvo a Insaurralde como candidato a vicegobernador en la reelección de Kicillof. El cargo en el PJ no resguarda a Magario de la ofensiva desatada en su contra por La Cámpora en el Senado. Un anticipo de la disputa con la vicegobernadora por la candidatura a intendente en La Matanza. Aún con prisión domiciliaria, La Matanza es el municipio donde Cristina araña el 40 por ciento de imagen positiva.
Aliada al Movimiento Evita, La Cámpora obtuvo casi el 40 por ciento de los votos en las PASO de 2023. Kicillof precisa que caduque la ley 14836 que impide la reelección indefinida de los intendentes para que esa pelea escale por la candidatura a gobernador y complique el adelantamiento de su elección a junio del 2027. La Cámpora promete clausurar la actividad del Senado hasta el final de su mandato, si Magario no negocia con ellos la paralizada renovación de autoridades en esa cámara.
Todo un gran guiño a Sergio Massa. Carlos “El chino” Kikuchi será el presidente previsional del Senado hasta que ese conflicto se resuelva. Kikuchi, Sergio Vargas y Silvana Ventura conforman el bloque Unión y Libertad, en permanente esfuerzo por desmentir ser un apéndice del líder del Frente Renovador. Ese status quo priva de atractivo a la negociación de Luis “El bicho” Vivona con Sebastián Pareja para que La Libertad Avanza aporte los votos que restaría Massa a la reelección indefinida de los intendentes.
Pareja los garantizaría a cambio de la Boleta Única de Papel (BUP). Pero sobre todo si accede a una de las cuatro vacantes en la Corte. Vivona es diputado y miembro vitalicio del aparato judicial del peronismo en la Legislatura. Pareja cubriría esa vacante con Sergio Pilarche. No está claro si eligió al juez de la Cámara de Apelaciones de San Martín por decisión propia o por la persuasión que es capaz de ejercer Vivona, dirigente de la Primera Sección, donde se ubica ese departamento judicial. La base operativa de Pareja es la Tercera. Pilarche ganó notoriedad en 2017 cuando su esposa y vedette, Alicia Barbasola, lo acusó públicamente de violarla y luego de amenazarla. Se especula con que los otros tres lugares se los repartiría el kirchnerismo. En apariencias, Kicillof propondría al titular del Tribunal de Cuentas, Federico Thea, y Massa a Mario Kohan, del Tribunal de Casación Penal. Hay discrepancias entre los intendentes y el ala judicial kircnerista sobre si Cristina propondría finalmente a Juan Martín Mena.
Los intendentes no dudan que lo hará. El ala judicial cree que no reúne el perfil necesario. Particularmente por la acusación de dar falso testimonio en la causa por el atentado a Cristina que le efectuó María Eugenia Capuchetti. La jueza federal N°5 investiga ese caso y recibió de Mena el teléfono del condenado en esa causa, Fernando Sabag Montiel, cuatro horas después de habérselo secuestrado. Mena acusó a Capuchetti de haber manipulado y alterado el contenido del aparato. Ese es el argumento del kirchnerismo para investigar a Capuchetti por mal desempeño en el Consejo de la Magistratura. Mena desacreditó con vehemencia la última pericia pedida por Capuchetti a la Gendarmería. El ministro hizo hincapié en la “falta de rigor científico del trabajo” por haber consignado que el teléfono de Sabag Montiel se activó en el Shopping Abasto después del atentado. Para Mena, se trató de un correo electrónico por haberse conectado horas antes a su red de wi fi. Probablemente dirigido a unas de las cuarenta cuentas y sus correspondientes claves con las que Sabag Montiel atendía su llamativa actividad epistolar en el universo virtual, un dato que no le llamó la atención a Mena, igual que las conversaciones borradas con posterioridad al hecho. Lo mismo que la eliminación de los servicios de chat donde se mantuvieron esas charlas. Tampoco llamó la atención que los peritos hallen el doble de información que la Policía Federal y la POSA con sus peritajes, pese a estar prolijamente guardada en una carpeta alojada en su memoria. Ni los llamados efectuados ese día a cinco abonados a nombre de la Universidad Nacional de General San Martín. La persecución judicial sin descartar su eliminación física es la hipótesis implícita que campea en las múltiples causas en las que Cristina está acusada. La investigación del atentado podría determinar cuán corta o larga podría resultar esa manta antes de llegar el invierno.
