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El Sur y su Corporación
Por Norberto H. García Rozada
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Muchos de los Pérez que habitan en el sur de esta Buenos Aires, que supo ser muy noble y muy leal, están inquietos. Los moviliza la legítima aspiración de enterarse -por lo menos- de cuáles serán las acciones que emprenderá la Corporación del Sur para "compensar las desigualdades zonales dentro del territorio de la Ciudad..." (art. 2º de la ley 470 de creación de esa sociedad del Estado y 4º del anexo del decreto 1814, aprobatorio de su estatuto). Y, también, cómo habrá de ponerlas en práctica.
La inquietud de esos vecinos, a quienes, por supuesto, les interesa el mejoramiento del Sur, no es infundada.
Interpretan de buena fe que tal Corporación ha sido investida de facultades casi omnímodas. Por ejemplo, la de "impulsar planes de infraestructura, que eliminen las restricciones que existen para invertir en la zona, principalmente referidas al parque habitacional, red de transporte, vías de acceso y de comunicaciones y ambiente". Asimismo, las de "generar fórmulas de colaboración con instituciones, empresas y comercios para desarrollar proyectos", "emitir, en el país o en el extranjero, títulos de deuda de cualquier tipo" y "contraer empréstitos en forma pública o privada, mediante la emisión de deventures u obligaciones negociables, con garantías o sin ellas".
Entienden, pues, que para que la concesión de tan amplias atribuciones sea válida -hay más- era requerible el procedimiento de doble lectura. En cambio, la ley 470 fue sancionada por los integrantes de la Legislatura anterior con prisa y sin respirar siquiera, durante la maratónica sesión con la cual finalizaron sus mandatos. Según los más severos impugnadores, las potestades de la Corporación incluso serían susceptibles de entrar en colisión con las de las futuras -aunque al parecer lejanas- comunas.
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Esos Pérez temen que, a título de progreso, el Sur pueda ser blanco de las apetencias inmobiliarias que nunca escasean. Citan el caso de la deshabitada Casa Colectiva para Agentes Policiales, de Independencia 31/37/41, obra del arquitecto Fermín Bereterbide, registrada como integrante del patrimonio arquitectónico 1920/1970 de la ciudad y sometida a protección cautelar. No obstante esas calificaciones, el gobierno nacional se la vendió, a título de bien mostrenco y en poco más de un millón de pesos, a una empresa privada. El tapiado de sus aberturas y el cerco que la rodea parecen anticipar un previsible destino de demolición.
El Foro Sur, entidad que agrupa a organizaciones no gubernamentales y a vecinos con ganas de comprobar que eso de la participación no es un mero formulismo, invitó a las autoridades para que escuchasen esas inquietudes y las respondiesen. Le habían prometido el Salón Dorado de la Legislatura, pero después fue derivado a otro, no sin que antes tuviese que amenazar con reunirse en plena Diagonal Sur.
Sólo acudieron tres funcionarios de la Corporación. Apesadumbrados, los vecinos se lamentaban de que las autoridades locales estuvieran muy ocupadas. Según ellos, a la misma hora, el jefe del gobierno porteño tuvo que concurrir al Salón Dorado para recibir a una murga uruguaya.
