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El tránsito y la seguridad vial
Por Julio César Balbi Para LA NACION
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Hemos insistido, en reiteradas oportunidades, que el problema de la inseguridad vial se soluciona abordando cada uno de los aspectos que hacen a su complejidad.
El ordenamiento del tránsito es uno de ellos, y no el menos importante, seguramente. La educación vial es otro. Ambos se destacan por cuanto conforman la base de una cultura que, sobre la base de su extensión en la sociedad, facilita una política de prevención y necesario ordenamiento.
Uno y otro son tan imprescindibles como inescindibles. Insistimos también en que el rol del Estado es determinante.
Las políticas de gobierno y la gestión de las diferentes áreas que lo integran deben, entonces, aplicarse con un criterio de complementariedad que permita su confluencia en un lugar común. De allí que es tan importante la rigurosidad en el otorgamiento de licencias de conducir, como arbitrar las medidas de ordenamiento de tránsito.
De igual modo, la regulación del transporte público, la calidad de su servicio y las medidas para desalentar el uso de vehículos particulares en las zonas colapsadas por un desborde que afecta la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.
Una política de Estado es aquella que se aplica desde la gestión de gobierno, en forma sustentable e integrada con un fin estratégico que excede el término administrativo de una gestión. Nadie puede dudar, a estas alturas de los tiempos, que el tránsito en nuestra ciudad está lejos de serlo y que, en este sentido, la ausencia del Estado provoca una crisis cuya solución es definitivamente prioritaria.
El caso del estacionamiento medido es un claro ejemplo de lo que no puede suceder, y que nos remite a discusiones tan antiguas como nuestra historia.
En principio, este servicio público es estratégico en el ordenamiento del tránsito y la administración del espacio público, determinante en el marco de ese orden necesario.
Sin embargo, y con la excusa de que éste es un servicio público "esencial", se viene prorrogando de hecho la concesión a las empresas SEC y STO desde que vencieron sus contratos en el año 2001. El Ente Regulador de la Ciudad ha exigido, de manera reiterada, la regularización de este servicio, el llamado a licitación pública y la realización de la audiencia pública, como dispone la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A juzgar por su desarrollo, a lo largo del plazo de concesión y una vez vencido éste, uno podría conjeturar que se privilegió la renta empresaria por sobre el interés público. Por un lado, no existen argumentos atendibles acerca del motivo por el cual este servicio no puede ser brindado por el propio Estado, desde que su objetivo final no es la búsqueda de una renta, sino el de prestar un servicio público complementario con el perfil de la ciudad que queremos.
Por otro, es indudable que la concesión determina una renta para nada despreciable, en beneficio de empresas privadas que ni siquiera son controladas eficazmente. Esta realidad agita el fantasma de la falta de transparencia en negocios millonarios y pone en duda, cuando el fin es la rentabilidad, que la seguridad vial y la solución al problema del tránsito sea una prioridad.
Una facultad indelegable por parte del Estado es el ejercicio de su poder de policía, y su concesión a terceros desvirtúa este principio. Sin embargo, y aun cuando creamos en esto y lo sigamos sosteniendo, creemos que es imperioso normalizar el sistema de estacionamiento medido otorgándole la importancia que corresponde. No es aceptable un servicio público que se brinda en forma irregular desde hace ya seis años y no responde a una planificación integrada que tenga por objetivo la solución de un problema que agobia, como es el tránsito. Tampoco lo es que, a partir de diferentes circunstancias coyunturales, se improvisen parches que nada cambian.
Resulta imperioso que, desde esta gestión de gobierno, se normalice el servicio, regulándolo de acuerdo a derecho. La Constitución de la Ciudad es clara en este sentido y no admite interpretaciones caprichosas. El gobierno de la ciudad debe actuar inmediatamente y hacerlo desde el interés común por sobre los intereses de empresas privadas, cuyo objetivo es su propio beneficio económico.
El desafío no es simplemente administrar lo heredado. Es hacer de ésta una ciudad digna de ser vivida, y para ello es hora de tomar el problema del tránsito como determinante a la hora de definir el modelo. No necesitamos administradores, es tiempo de hacedores.
