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El virus libertario que amenaza la República
La comunidad internacional vive momentos de profunda incertidumbre debido a la pandemia desatada por el Covid-19. La epidemia social se encuentra en carne viva y en nuestro país, como si ello fuera poco, se agrega una razón que agiganta aquella incertidumbre poniendo en peligro no solo la vida de todos, sino también la vida de la República.
Es que al abrigo de la pandemia, o mejor dicho, invocando sus efectos y fines humanitarios, se ha desatado un verdadero tsunami que tiene como objeto inmediato la libertad extramuros de delincuentes declarados como tales por la Justicia y de otras personas, cuyo encierro preventivo también ha sido decretado por ese poder del Estado. La gravedad de la situación es tal que no solo alimenta la sensación de impunidad que desde hace tiempo desalienta a la gente honrada y alienta a los delincuentes, sino que en esta oportunidad la ola libertaria se ha transformado en un verdadero virus institucional que pone en peligro la supervivencia de la República.
La libertad indiscriminada de aquellos cuya conducta ha costado sangre, sudor y lágrimas a mucha gente, causa una intensa conmoción en la sociedad. Por un lado, los damnificados de aquellos hechos se verán revictimizados por la impunidad que los priva de una proporcional reparación, y por otro, los encargados del combate y la represión de la delincuencia sentirán que sus esfuerzos han sido en vano y el desaliento minará el ánimo con el que ejercerán sus funciones en el futuro.
De nada habrán servido los loables esfuerzos desplegados en el marco de la violencia de género si ahora se pone en libertad a violadores y golpeadores con el pretexto de protegerlos de la pandemia. De igual manera, cuesta imaginar la respuesta que se podrá dar a las víctimas de la tragedia del Once, cuando desde el Ministerio de Justicia se impulsa la libertad extramuros de quién resultó condenado por esa estrago. Claro está, que las organizaciones que se autoadjudican la defensa de los Derechos Humanos en forma exclusiva, una vez más brillan por su ausencia cuando se trata de los derechos de la víctima.
De nada habrán servido los loables esfuerzos desplegados en el marco de la violencia de género si ahora se pone en libertad a violadores y golpeadores con el pretexto de protegerlos de la pandemia
Pero en todos los casos, el descrédito en las Instituciones de la República aumentará a grado tal de poner en duda la supervivencia misma el pacto constitucional que hasta ahora nos rige. En este sentido, el camino transitado para obtener las libertades que se producen en forma de avalancha, se aparta de las normas constitucionales que garantizan la forma republicana de gobierno. Sucede que el huevo de la serpiente libertaria que nos amenaza anida en acordadas o en resoluciones judiciales de carácter general, que pretenden derramar sus efectos a situaciones futuras ajenas al caso que resuelven, como así también imponer a los Jueces criterios obligatorios reñidos con la independencia que nuestra Constitución Nacional asegura a cada uno de ellos, asumiendo además funciones legislativas reservadas a otro poder del Estado. Afortunadamente la inconstitucionalidad de aquellas disposiciones ya ha sido declarada por parte de Jueces independientes que se revelan contra esa clase de "paternalismo judicial".
Desde otra perspectiva, no puede soslayarse que los beneficiados por este tsunami libertario no fueron privados de su libertad caprichosamente. Por el contrario, en todos los casos, fueron puestos tras las rejas por la resolución del juez natural de la causa, que ha estudiado el caso en concreto y decretado su encarcelamiento de acuerdo a las pautas fijadas por la ley y la jurisprudencia, con intervención de las partes y pleno respeto de las garantías constitucionales. No puede ahora la pandemia echar por tierra los fundamentos que han servido para justificar el encarcelamiento así decretado, porque ello importaría dejar sin efecto las normas del Estado de Derecho que oportunamente fundaron el encierro.
Seamos claros, no se trata de dejar libres a presos arbitrariamente detenidos, sino de delincuentes o sospechados de tales que han gozado de todas las garantías y los derechos de los que ellos han privado a sus víctimas. Invocando la situación general originada por la pandemia, no se puede llegar a una soltura indiscriminada, sino que cada caso debe ser atendido según las circunstancias acreditadas en el expediente y sometidas al criterio del Juez de la causa, porque ese cometido constituye el núcleo y la esencia de la función institucional que a ellos les asigna el sistema republicano de gobierno adoptado por nuestra Constitución Nacional.
Seamos claros, no se trata de dejar libres a presos arbitrariamente detenidos, sino de delincuentes o sospechados de tales que han gozado de todas las garantías y los derechos de los que ellos han privado a sus víctimas
No bastará entonces para justificar la soltura, alusiones genéricas referidas al hacinamiento carcelario, a los efectos de la pandemia y a la supuesta vulnerabilidad del detenido. Será necesario acreditar en cada caso el peligro concreto de continuar el encierro en dependencias carcelarias del Estado, máxime si se tiene en cuenta las prevenciones que a tal efecto se han tomado de la mano del Ministerio de Justicia de la Nación y organismos equivalentes. Si bien es cierto que la capacidad habitacional del Servicio Penitenciario se encuentra colmada, también lo es que no se han explorado otras alternativas de alojamiento disponibles, tales como los cuarteles y hospitales de las Fuerzas Armadas, ignorados a la luz de un recuerdo cada vez más lejano y rechazados por todos.
En nada cambia lo dicho el hecho de que se trate de prisiones domiciliarias y no de libertades, ya que ante la reconocida y declarada imposibilidad de hacer cumplir esa clase de encierro, dicho argumento más allá de su tecnicismo, representa un auténtica burla a las víctimas de los delitos cometidos por los destinatarios de aquel beneficio.
El peligro para la República se agiganta a consecuencia de la actitud tomada por encumbrados funcionarios del Poder Ejecutivo nacional o de la provincia de Buenos Aires. No se puede pasar por alto que desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se postulara la libertad extramuros de quien resultó confeso y condenado por delitos tan graves como la tragedia ferroviaria de Once y otros delitos contra el Estado.
Como se ve, no se trata simplemente del régimen de libertad de los detenidos, sino de reemplazar el criterio de los jueces naturales del proceso por indicaciones generales de tribunales superiores, de dudosa constitucionalidad, o peor aún, por postulados ideológicos de los funcionarios del Poder Ejecutivo. Se trata de preservar la división de poderes que caracteriza a la República; de afianzar la Justicia y de promover el bienestar general para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino.
Abogado penalista
