Elecciones: el Gobierno juega con fuego

Pocas declaraciones de un funcionario pueden provocar tanta confusión como las del ministro de Salud, Ginés González García, advirtiendo que en agosto no se podrá votar porque se correría un riesgo sanitario “absolutamente innecesario”, al mismo tiempo que asegura que hacia ese mismo mes todos los argentinos, con excepción de los mayores de 18 años, estaríamos vacunados contra el coronavirus.

A veces el gobierno de Alberto Fernández se inmiscuye gratuitamente en debates inconvenientes que terminan haciéndoles el caldo gordo a los dirigentes de la oposición. Se trata de errores no forzados que no hacen más que develar las segundas intenciones que ocultan los propios anuncios oficiales y que, finalmente, conducen a las autoridades a desandar lo andado.

En el caso que nos ocupa, dirigentes del radicalismo cazaron al vuelo la aparente contradicción de González García y no dudaron en poner en evidencia las dudas que el propio oficialismo deja traslucir desde el momento en que puso sobre el tapete la discusión sobre el futuro de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), previstas por ley para el segundo domingo de agosto de este año.

“Si el Gobierno pudiera, si dependiera solo del peronismo, no se vota este año, porque la percepción es que los números no le dan bien al oficialismo”, enfatizó el presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, quien recordó que, en 2020, fueron elegidas autoridades mediante el voto en numerosos países, a pesar de la pandemia.

Lo cierto es que detrás de los argumentos sanitarios que se esgrimen para suspender las PASO se esconden motivaciones políticas, que movilizan fundamentalmente a gobernadores provinciales y líderes territoriales del peronismo. Del mismo modo, dirigentes del oficialismo no desconocen que las primarias abiertas podrían, al menos este año, facilitarle a la principal fuerza política opositora el ordenamiento eficaz de su oferta electoral, al tiempo que la potenciarían de cara a los comicios generales legislativos previstos para octubre.

Se han escuchado también argumentos económicos para suspender las PASO en 2021. Y podrían no sonar descabellados, si se tiene en cuenta que, en las primarias de 2019, el Estado gastó alrededor de 4000 millones de pesos de entonces para una elección en la que prácticamente no hubo competencia interna, por cuanto la mayoría de las fuerzas políticas eligió a dedo a sus candidatos. Pero curiosamente nadie en la coalición gobernante ha pensado en una alternativa mucho más sana y contundente para ahorrarle dinero al erario público, como la adopción de la boleta única en papel. Esta iniciativa haría desaparecer las boletas de cada partido y el ciudadano sufragaría marcando los candidatos de su preferencia en una única boleta común a todas las agrupaciones.

El proyecto de la boleta única ha sido impulsado por distintas organizaciones de la sociedad civil, como Cippec, pero también por legisladores como el radical Facundo Suárez Lastra y el lavagnista Alejandro “Topo” Rodríguez, para quien este sistema generaría un ahorro del 75% respecto del actual, ya que simplificaría los procesos de diseño, impresión, transporte, distribución, reposición y recuento. Asimismo, garantizaría la transparencia del acto electoral, al impedir vicios de la vieja política asociados al clientelismo y el robo de boletas electorales.

Así como la suspensión de las PASO podría convenirles a gobernadores e intendentes peronistas que lideran sus territorios y dominan las estructuras partidarias, esta opción es resistida por agrupaciones como La Cámpora que, bajo la conducción de Máximo Kirchner, aspiran a extender su poder en todo el país y, en particular, en la provincia de Buenos Aires. De ahí que hayan comenzado a barajarse otras alternativas, tales como el diferimiento de la fecha de las PASO y de las elecciones generales para septiembre y noviembre, respectivamente, o la posibilidad de que ambos actos electorales coincidan en la misma fecha. Esta última opción, disparatada para muchos, engendraría una suerte de ley de lemas y ha recibido furibundas críticas tanto en la oposición como entre especialistas en derecho constitucional.

En las últimas horas, se escuchó también la idea de que solo haya primarias abiertas en aquellas fuerzas políticas en las que se presente más de una lista de precandidatos. Es decir, en aquellas en las que haya genuina competencia interna. El problema es que las PASO no solo sirven para seleccionar candidatos en cada partido, sino también para determinar si una fuerza política obtiene el piso de votos exigido para poder participar en los comicios generales. Es decir que funciona como una ronda eliminatoria que deja fuera de la competencia final a los partidos que no alcancen el 1,5% de los votos válidamente emitidos en el distrito del que se trate.

En cualquier caso, cualquier reforma electoral requerirá de la aprobación por parte del Congreso, ya que la Constitución Nacional prohíbe taxativamente que el Poder Ejecutivo Nacional introduzca cambios en el sistema electoral mediante decretos de necesidad y urgencia. Del mismo modo, modificar la fecha de las PASO, una opción que suena hoy como la más probable y menos conflictiva, también exigiría una ley del Congreso.

El desarrollo de un sistema de primarias abiertas, obligatorio para todas las fuerzas políticas, para que al fin y al cabo sus líderes terminen eligiendo a dedo y entre cuatro paredes a los postulantes a cargos electivos ha resultado un absoluto contrasentido, como quedó demostrado en las PASO del 11 de agosto de 2019, que antecedieron a las elecciones presidenciales en las que Alberto Fernández se impuso a Mauricio Macri. Resulta claro, en tal sentido, que las PASO no han servido hasta ahora para el fin con el que se las imaginó: que los partidos seleccionen a sus candidatos con la participación de toda la ciudadanía.

Sin embargo, su reemplazo o su eliminación debe ser el fruto de un amplio consenso de la sociedad y no de las urgencias políticas o de las especulaciones electorales de quienes gobiernan.

Lo peor que podría hacerse es imponer una reforma electoral de apuro y sin consenso, al tiempo que cualquier modificación de las reglas de juego electorales dentro de un mismo período gubernamental puede atentar contra la previsibilidad y la seguridad jurídica. El respeto de las normas y del cronograma electoral hace, en definitiva, a la esencia de una democracia.